El 11 de enero de 2005 el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, expidió la resolución 000031 por medio de la cual intervino las Empresas Públicas de Quibdó, EPQ, y separó de sus cargos al gerente, los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal.
La superintendente Eva María Uribe designó como agente especial en EPQ a Gloria Patricia González y justificó la medida por la “situación angustiosa” de la población con el mal servicio de acueducto por “ante la imposibilidad y desgreño de las autoridades locales y la administración de la empresa de proveer el servicio de agua potable”.
Lejos de buscar la salvación de las EPQ, la Superservicios ordenó su liquidación y despido de los trabajadores el 24 de octubre de 2006, y el 24 de noviembre del mismo año le entregó la responsabilidad del acueducto a ETA Servicios, una desconocida empresa de Pereira.
El 16 de diciembre de 2006 el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez, aseguró que Quibdó tendría “terminado su acueducto para el año 2010, como se ha reclamado por décadas” y el 17 de agosto de 2007, en una rimbombante rueda de prensa dijo: “El acueducto de Quibdó es un hecho”.
En octubre de 2007 el gobierno nacional propinó un segundo zarpazo y le arrebató al municipio de Quibdó, por un término de 20 años, del 70 por ciento de los recursos del Sistema General de Participaciones del municipio, correspondientes a agua potable y saneamiento básico.
Fue tan desastrosa la gestión de ETA Servicios en el acueducto de Quibdó que cuando terminó su contrato, en marzo 31 de 2008, no dejó en bodega ni un bulto de sulfato de aluminio para la operación de las plantas de tratamiento.
A partir de allí, la Superservicios, a través de un contrato de siete años, entregó el manejo del acueducto a las Empresas Públicas de Medellín, EPM. En los “consejos comunitarios” de la época el Presidente Álvaro Uribe alardeaba de que estaba realizando una “revolución del agua” y que con multimillonarias inversiones en tres años Quibdó tendría un gran acueducto.
El 2 de agosto de 2008 la viceministra de Agua, Leyla Rojas, dijo: “En un año, vamos a pasar en Quibdó, de hora y media diaria de servicio de agua, a 10 horas al día”.
En septiembre 28 de 2010 la Superservicios expidió un comunicado donde se anotaba que “en el 2011 el 70% de los habitantes de Quibdó tendrá agua potable”.
Pues bien, el verano de las últimas tres semanas se ha encargado de desnudar y aclarar que todo esto ha sido una mentira. Tras ocho años de manejo e intervención del gobierno nacional en el acueducto de Quibdó, y de supuestas multimillonarias inversiones, hoy la mayor parte de la capital chocoana padece una emergencia total y está al borde de una epidemia por carencia de agua potable.
Desde las horas de la madrugada de cada día se inicia la romería de gente en los barrios en busca de un poco agua en quebradas, pozos y ríos cercanos.
Mujeres con un balde en la mano recorren las calles suplicando por un poco de agua para preparar el tetero de sus bebés.
Ante el fracaso de la estrategia intervencionista y neoliberal del gobierno nacional, carros de bomberos deben llevar agua a centros de salud, escuelas y barrios, no solo de la periferia sino del centro de Quibdó. Otras personas pagan a oportunistas de ocasión que con carrotanques cobran hasta 25.000 pesos por metro cúbico de agua.
Varios estudios han demostrado que el sistema de bombeo, por sus altos costos de operación, acrecentados con el alza continua en el servicio de energía, no es viable ni sostenible en Quibdó. El estudio de prefactibilidad del acueducto por gravedad de Quibdó concluyó que la fuente indicada es el río Ichó y su costo es de 17.251 millones de pesos de 2001. Se requiere hacer el estudio de factibilidad y su pronta ejecución.
Con el acueducto por gravedad desde Ichó todos los barrios de Quibdó y los corregimientos de Tutunendo, San Francisco de Ichó y La Troje dispondrían de agua potable permanente y con excelente presión para llegar a los lugares más elevados.
El Chocó entero debe pedir cuentas al gobierno nacional por su errático manejo del acueducto de Quibdó, que el municipio recupere la dirección y operación de su patrimonio público, y exigir el cumplimiento del compromiso pactado en el paro cívico de 2000 de gestionar recursos para la construcción del acueducto por gravedad.
