Dicho y hecho. El pasado 11 de enero, a las 9 en punto de la mañana, el inspector de Policía Mario Merchán Angarita realizó la diligencia de recuperación del espacio público, considerando que el portón impedía la libre movilidad y el tránsito de los habitantes, así Eco Oro alegara que la reja estaba allí para salvaguardar los activos de esa compañía que pretendió extraer oro y plata mediante la modalidad de minería a cielo abierto en esta zona recientemente declarada parque natural regional.
Sin amilanarse y sintiendo que así está haciendo patria, el alcalde Arias Celis le respondió a la multinacional que la vía que hace parte del sistema de integración urbano-rural y, por lo tanto, no es un bien que se constituye como propiedad de Eco Oro, “sino, por el contrario, es un bien que se considera de uso público y pertenece al patrimonio público, el cual es inalienable e imprescriptible”, coligiendo que de “ninguna forma el ente territorial atenta contra los derechos de propiedad privada”.
Aprovechó para desmentir a Eco Oro, que argumentaba que la vía carreteable no existía como tal sino como camino veredal. “Prueba de esto son los recibos de pago que el municipio de California hizo a Disfamecor por concepto de combustible para la continuación de la carretera California-Romeral”, acotó.
Así que, acompañado de un piquete de obreros “armados” únicamente con una pulidora y sus músculos para retirar el pesado portón de metal, el alcalde procedió a sentar un precedente dentro del acalorado debate que persiste entre quienes, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, promueven la locomotora minera, y quienes, por su parte, defienden el frágil ecosistema del páramo y el agua que alimenta a Bucaramanga, Cúcuta y otros 17 municipios, aparte de ser la estrella hídrica más importante del oriente colombiano por cuanto aquí nacen los afluentes de los ríos Zulia, Arauca y Lebrija.
Este “muro” de California, aparte de generar constante malestar entre los pobladores y turistas que pretendían subir a disfrutar de las lagunas y debían someterse al trámite de un permiso ante la multinacional, fue el motivo de un choque entre Eco Oro y una delegación de la sociedad civil, la Contraloría y la Fiscalía General el pasado 19 de septiembre.
Ese día administradores y guardias, exigiendo solicitudes por escrito, carnés de riesgos profesionales y hasta cascos y botas con puntera de acero, impidieron que 15 biólogos, geólogos, ingenieros químicos y civiles, acompañados por El Espectador, pasaran a tomar muestras en los mismos sitios donde en marzo de 2012 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) halló una serie de irregularidades, por ejemplo, en plataformas localizadas a 3.438 metros sobre el nivel del mar, así como “bolsas de polipropileno llenas con lodo y material estéril, algunas de ellas en mal estado, permitiendo el derrame de su contenido”.
El hecho fue interpretado por el entonces presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Florentino Rodríguez Pinzón, como empresas “que se apoderan de la zona y cual ‘repúblicas independientes’ imponen su ley, restringiendo el acceso y olvidando que el subsuelo y el recurso hídrico es de todos los colombianos”.
Precisamente ayer, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe Vegalara, y el director de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Ludwing Arley Anaya Méndez, firmaron el acuerdo mediante el cual se declara el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán, que tendrá un área de 11.700 hectáreas cuya localización aún no se ha especificado, más 600 hectáreas de la cuenca alta del río Cachirí que serán incluidas bajo la categoría de Distrito de Manejo Integrado.
La noticia ha sido tomada con escepticismo por organizaciones como el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y el Comité por el Agua y el Páramo de Santurbán, cuyos voceros han reiterado que el parque natural debe contar con al menos 20.000 hectáreas. Por eso ya están preparando una nueva marcha de protesta llamada “Cien mil voces por el agua”, la cual planean realizar en las próximas semanas en la capital santandereana.
Avance y preocupación
No es un atrevimiento, dice el alcalde de California, Víctor Armando Arias, es que el municipio, en cabeza del administrador de turno, estaba en mora de hacer cumplir la ley. “Es restituir la libre movilidad y el espacio público, y que no existan controles por parte de una empresa privada”, afirma.
“Es inaceptable que un ciudadano tuviera que requerir un permiso, presentar seguridad social y toda una tramitología para acceder a esta zona”, insiste.
Con su medida, los californianos podrán volver a visitar el sector de Los Laches y lagunas como Verde, Páez, Quelpa, Toro, Las Hermosas, La Barrosa, Negra, La Pintada, Las Calles, Pajarito, y La Surcura, así como comunicarse por esta vía con los municipios de Mutíscua y Cucutilla en Norte de Santander.
El alcalde expresó su preocupación por lo que ocurrirá con las familias de esta zona de la provincia de Soto Norte, que han vivido de la minería y la agricultura, ahora que se declaró el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán.
Tomado de Elespectador.com
