Una alerta para el proceso de paz que se celebra actualmente con las Farc es el informe que mañana presentará Codhes sobre desplazamiento y que trae una conclusión dramática: en lo que va de este año, 8.807 personas dan tenido que abandonar sus hogares y refugiarse en otro lugar dentro del mismo municipio, dando pie a un tipo muy particular de desplazamiento forzado que ya se había observado en Medellín hace una década y que se ha recrudecido en ciudades como Tumaco y Soacha.
Este desplazamiento intraurbano fue el que se dio en octubre de 2012 en Buenaventura. Más de cinco mil personas tuvieron que abandonar sus hogares cuando Los Urabeños llegaron a disputarle el control de la ciudad a Los Rastrojos, creando una zozobra que desencadenó nueve migraciones masivas. Lo particular es que la gran mayoría de estas personas no salieron del municipio, sino que buscaron refugio en otros barrios del puerto. Es decir, se desplazaron dentro de su misma ciudad.
Este fuerte aumento en el número de desplazados intraurbanos -que hasta el momento ha recibido poca atención- ha llevado a que varios analistas concluyan que podría convertirse en uno de los mayores flagelos de Colombia durante la próxima década, como en efecto ha sucedido en El Salvador o Guatemala.
“Los procesos defectuosos de justicia transicional llevan a que el conflicto se perpetúe en las ciudades y a que la violencia aumente en zonas urbanas. Con miras a lo que va a suceder con las FARC, si esos diez mil combatientes no tienen opciones de reinserción dignas que al mismo tiempo garanticen la reparación integral de las víctimas, se va a volver a presentar el conflicto dentro del espacio urbano”, le dijo a La Silla Gabriel Rojas, uno de los investigadores de Codhes a cargo del informe.
Estas son algunas de las características de este fenómeno:
1. El conflicto cambia el campo por la ciudad
El desplazamiento dentro de las ciudades es una de las evidencias más fuertes de que el conflicto ha ido mudándose a los cascos urbanos, que se convierten en mercados ilegales mucho más rentables para los grupos armados que las zonas rurales. No solamente son mercados perfectos para el microtráfico de drogas, la extorsión y la corrupción, sino que son puntos claves para el control de rutas estratégicas como el corredor del Pacífico.
En la ciudad sus fuentes de financiación se multiplican, especialmente en lugares como Buenaventura, que maneja el mayor volumen de comercio del país, o Tumaco, el segundo puerto petrolero del país después de Coveñas. La extorsión contra el comercio, que es informal en su mayor parte, se encuentra tan extendida que incluso los mototaxistas y los vendedores ambulantes de minutos deben pagar `vacunas` en Buenaventura o Tumaco.
2. La ciudad se vuelve escenario de disputas territoriales
Como estos espacios son tan estratégicos se vuelven terreno codiciado para los diferentes grupos armados y es precisamente en estos momentos cuando aumenta dramáticamente el desplazamiento intraurbano. Hace una década los enfrentamientos eran sobre todo entre las FARC y los grupos paramilitares, pero tras la desmovilización del paramilitarismo las dinámicas se han vuelto más complejas.
En Tumaco se enfrentan, por un lado, Los Rastrojos y antiguos integrantes del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, y por el otro, el Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC. En Buenaventura los mayores enfrentamientos se han dado entre los herederos del Bloque Calima y el Frente Pacífico de las AUC que no se desmovilizaron. Y en Soacha principalmente por integrantes del Bloque Capital. Además, en las tres ciudades la presencia de Los Rastrojos y las Águilas Negras es fuerte.
3. La sociedad civil se convierte en objetivo militar
A pesar de la intensidad de las disputas entre grupos armados, los enfrentamientos directos entre ellos son más bien poco frecuentes en estos espacios urbanos. Su estrategia más común es atacar las bases sociales con el objetivo de controlar el territorio de manera efectiva, resquebrajando las organizaciones comunitarias y manteniendo a la población en un estado permanente de zozobra.
Esto lo logran mediante un hostigamiento permanente, que se manifiesta mediante acciones como panfletos, grafitis, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de jóvenes, violencia contra las mujeres y el despojo de propiedades estratégicas como casas esquineras o con acceso al mar. En general estas estrategias son tan silenciosas que un porcentaje alto de los desplazamientos ocurren sin que haya un hecho victimizador puntual, sino debido al clima de miedo en el que viven.
4. Las víctimas no se reconocen a sí mismas como víctimas
Como el desplazamiento se produce dentro de la misma ciudad, la mayoría de víctimas tiende a considerarlo como un trasteo o una mudanza. Esto hace que con mucha frecuencia no acudan a las autoridades para denunciar los hechos e inscribirse en el Registro Único de Desplazados, que les permite acceder a beneficios como alojamiento transitorio, alimentación, educación y salud mientras se los reubica de manera definitiva.
La población afrocolombiana, que representa un porcentaje alto de la población en Buenaventura y Tumaco, es la principal afectada.
5. El potencial de revictimización aumenta
En una primera instancia, el desplazamiento intraurbano tiende a ser menos traumático porque no viene acompañado por el desarraigo de quienes se mudan a grandes distancias y porque las personas suelen poder refugiarse en casas de familiares y conocidos.
Sin embargo, el potencial para que se repitan los incidentes que obligaron a las personas a desplazarse es mucho más alto porque terminan convergiendo en el mismo lugar las víctimas, los victimarios y los victimarios desmovilizados al mismo tiempo.
6. Las autoridades no los reconocen como desplazados
No sólo las víctimas del desplazamiento intraurbano no se reconocen como desplazados, sino que el gobierno tampoco las suele ver como tales. En general, sólo se registran cuando ocurren episodios masivos de desplazamiento -como los de Buenaventura en octubre- pero la mayoría se dan gota a gota y escapan el registro de las autoridades.
El problema es que las autoridades locales siguen considerándolos como incidentes aislados, pese a que este tipo de desplazamiento fue tipificado por la Corte Constitucional en 2003. En ese momento la Corte ordenó que 65 familias del barrio El Salado en la Comuna 13 de Medellín fueran inscritas en el Registro Único de Desplazados al considerar que se cumplían las dos condiciones básicas del desplazamiento forzado, que son la coacción por parte de un grupo armado y la necesidad de huir a otro lugar.
TOMADO DE LA SILLA VACÍA
