En este territorio -poseedor de riquezas minerales, biodiversidad, grupos étnicos, entre otras especificidades-, se continua generando el saqueo indiscriminado, que afecta específicamente el sector ambiental, limitando su crecimiento propio, a las comunidades negras ancestrales que no pueden desarrollar sus prácticas culturales económicas y de relacionamiento social en sus territorios colectivos.
Proyectos como el conocido Arquímedes que pretende construir una nautopista que conecte a través de ricos esteros las ciudades de Tumaco y Buenaventura y esta con Turbo a través de los ríos San Juan y Atrato; la minería “legal”, y las carreteras y obras que se tienen proyectadas construir en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la locomotora de la infraestructura; se han planteado, desconociendo los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, toda vez que invaden su territorio, que causan devastaciones ambientales sin precedentes, y el desplazamiento de muchas comunidades asentadas en las riberas. Si se suma esta situación proyectada a la presente que es de profundización del conflicto armado donde se encuentran territorios minados, fosas comunes, mutilaciones, torturas a personas que los grupos armados consideran «sospechosas», el incremento de la aspersión aérea que está afectando la vida, el entorno de las personas y la biodiversidad, completamos el panorama desolador.
Pareciera que el objetivo es generar mecanismos de coerción y presión que lleven a las comunidades ver en el desplazamiento a las grandes ciudades su única alternativa, pasar de propietarios de territorios colectivos a mendigos de la limosna estatal que brinda Acción Social, a cambiar su habla tradicional, rural, desprevenida por una jurídica que le impone el Estado para acceder a las «ayudas». De esta manera se impide que las autoridades territoriales puedan ejercer la autonomía, gobernabilidad y la defensa del territorio como lo ordena la ley 70/93.
En el municipio de Olaya Herrera (y en casi todos del andén Pacífico), el reclutamiento forzado de menores se ha vuelto virulento. Ya no tiene distinción, las instituciones educativas se han convertido en objetivo de los grupos armados, donde eligen de manera arbitraria y obligada a niños, niñas y jóvenes. Envían cartas invitando a la comunidad civil a ser partícipe de su organización, obligando a suspender actividades deportivas, lúdicas y de festividades pues ellos manifiestan estar en espera de estas actividades para lograr su objetivo de forma violenta, esto se ha hecho muy evidente en la zona rural.
El Consejo Comunitario del Rio Satinga no es la excepción. En la parte alta, las escuelas han suspendido sus actividades escolares, la problemática que existe en la región tiene a las comunidades en confinamiento y pánico, pues todas las escuelas y casas comunitarias están marcadas con panfletos publicitarios de la organización de las FARC- EP. En estos territorios continúan las masacres, asesinatos, extorsiones y re-victimización, ya que en años atrás algunas poblaciones que conforman este Consejo Comunitario se vieron obligadas a desplazarse forzadamente por enfrentamiento entre grupos armados. Lo contradictorio es que en ocasiones se llega a considerar que ya han superado la afectación y secuelas que les dejó este fenómeno, incluso, han limitado su presencia en espacios de participación, pero aún hasta hoy se registran casos grandes de confinamiento que no generan condiciones de retorno entre sus habitantes.
Producto de la presencia de actores armados, narcotráfico, enfrentamientos bélicos, la no existencia de garantías para la movilidad de productos y comercialización hacia el exterior e interior de la localidad, y menos para los habitantes de la región, al considerarse un territorio en confinamiento, los pobladores han dejado abandonados sus espacios propios rurales, barriales, ambientales, turísticos y vivenciales. Pero no solamente hablamos en pasado; estamos advirtiendo a las instituciones competentes que por estas razones se puede presentar en cualquier momento un desplazamiento masivo de estas comunidades.
Al mismo tiempo, reiterar que ha sido y es una exigencia de las organizaciones étnicoterritoriales al gobierno local, departamental y nacional, que deje su indiferencia y desarrolle de manera consensuada procesos de saneamiento territorial, de fortalecimiento organizativo y de proyectos productivos amarrados a cadenas de comercialización favorable a las comunidades, que les permita avanzar en la ampliación de los territorios colectivos, gozar dignamente de ellos, y buscar salidas para la permanencia en los mismos.
