«Cabe verificar si los hechos indicadores permiten en el proceso lógico de inferencia determinar que se verifican las situaciones de omisión, inactividad, renuncia a la soberanía territorial nacional e indefensión injustificada», señala la providencia del magistrado Jaime Alberto Santofimio.
Se trata de una determinación en la que se ordenó al comandante de la Cuarta Brigada ofrecer excusas públicas a los familiares de Guillermo Barrera Henao, Francisco Taborda Taborda y Álvaro Vásquez Giraldo, asesinados el 13 de junio de 1996, en una operación conjunta entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, entonces representadas en un grupo denominado `Dignidad de Antioquia`.
La providencia instó a las entidades gubernamentales para que solicite a los organismos multilaterales de justicia que evalúe si es viable hacer un informe de la violación a los derechos humanos en este caso.
Igualmente, exigió continuar las investigaciones penales y disciplinarias existentes contra militares y policías involucrados en los hechos ocurridos en 1996. De hecho, la Fiscalía deberá rendir un informe detallado de los acontecimientos y sus actuaciones.
También se ordenó reparar los daños morales y materiales causados a los familiares de las víctimas con el pago de más de 781 millones de pesos.
