Con 66 años a cuestas Natividad Urrutia está convencida de que no tendrá vida para cuando se repare el daño que ella y sus vecinos asentados a lo largo de las riberas del río Anchicayá sufrieron hace 11 años, por un vertimiento de sedimentos que se supone acabó con buena parte de su sustento y del de unos tres mil pobladores de esta zona rural del municipio de Buenaventura.
Ella es una de las personas que a voz en cuello sostiene que la culpa de sus desdichas la tuvo la Empresa de Energía del Pacífico, Epsa, cuando esa entidad vació, el 23 de julio de 2001, unos 500.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados en el fondo del embalse del Bajo Anchicayá durante varios años de operación.
Por los aparentes perjuicios ocasionados por la descarga de fondo, como técnicamente se denomina esta operación, que se efectuó durante parte de julio y todo agosto de 2001, Epsa y la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, fueron condenadas a pagar, a los habitantes del Alto y Bajo Anchicayá que resultaron lesionados, casi $170.000 millones a manera de indemnización.
Sin embargo, los procedimientos y los recursos que contempla la justicia llevaron a que la acción de grupo iniciada se convirtiera en un calvario. A la fecha aún no se ha emitido la última palabra que zanje de una vez por todas el litigio.
El proceso ha recorrido un tortuoso camino desde que el 19 de noviembre de 2002 fue admitido por parte del Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura como reclamo del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del río Anchicayá.
Casi siete años después, el 20 de mayo de 2009, ese despacho falló a favor de las comunidades demandantes. Sin embargo, Epsa y CVC apelaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, organismo que antes de cuatro meses ratificó en casi todas sus partes lo ordenado previamente, incluyendo el pago de la millonaria indemnización.
Descontentos, los sancionados hicieron uso de una última instancia ante el Consejo de Estado. Aducen, entre otras razones, que no hubo debido proceso porque no se recibieron las pruebas que evidenciaban que los perjuicios no fueron de la dimensión que siempre se ha querido mostrar. Empero, la revisión del respectivo fallo ya lleva 30 meses a la espera de una decisión definitiva.
Tortuosa jornada
Alentados por las decisiones judiciales a favor, los pobladores raizales han aguantado más de una década, esperanzados en que los recursos que llegarán con el pago de la indemnización exorcizarán en buena parte los males que se supone les dejó el vertimiento, cuando Natividad Urrutia apenas rebasaba los 55 años.
“Eso está allá archivado, pa mí que no va a resultá, me voy a morir y eso no lo voy a ver”, sostiene con dejo de resignación la nativa, ya casi septuagenaria.
Ella, al igual que el resto de vecinos, asegura que las condiciones originadas en el 2001 son la causa del estado actual de deterioro del río y su lenta agonía.
“Se acabó la pesca, la tierra se contaminó con el lodo podrido y los cultivos se secaron, además, el nivel del río aumentó inusitadamente y desde eso igual cada que hay invierno, la vida nos cambió para mal”, sostiene Silvano Caicedo Girón, nativo de la vereda San José y, como tal, presidente de la ‘Organización de negros unidos por los intereses y defensa del río Anchicayá’, Onuira.
Precisamente, una conclusión a la que llegaron los magistrados, siete años después del vertimiento de lodos, es que “a partir de 2001 no hubo garantía plena para la seguridad alimentaria” de la región bañada por el río Anchicayá.
Los juristas se basaron, entre otros, en conceptos y estudios previos al desastre ambiental del 2001.
“Los múltiples impactos (…) están asociados a las actividades de mantenimiento de los embalses de la hidroeléctrica. Ellos muestran un deterioro histórico y progresivo sobre los ecosistemas del río y los organismos que en ellos habitan. Se puede apreciar, en el estudio referente realizado por la Universidad del Valle para la CVC en 1998 (Plan de Ordenamiento y
Manejo Sostenible con Participación Comunitaria) el estado aceptable de la vida en la cuenca antes de la tragedia”, consigna una de las conclusiones del expediente.
“Eso no se acaba, siguen echando el barro y seguimos perjudicados. Para los que somos nativos del río es mejor que Epsa reconozca que hay unas personas ancestrales que necesitan asegurar cómo vivir”, sentencia Natividad Urrutia.
En oposición, Epsa sostiene que la apreciación de que se ha continuado descargando sedimentos y en esa proporción, una modalidad realizada en el 2001 sólo en forma coyuntural, pero con todas las especificaciones técnicas, es equivocada.
“Esa descarga tenía que hacerse porque se habían dejado acumular sedimentos por años, no se niega que se hizo, pero no fue del tamaño que se ha mostrado, sólo que no se le dio a la empresa oportunidad de demostrarlo”, precisó el ingeniero Germán García, gerente operativo de Epsa.
La electrificadora sostiene que los jueces no aceptaron las evidencias técnicas obtenidas en el lapso que duró el vertimiento, mientras que sí lo hicieron con unas tomadas varios años después y, por el contrario, varias de ellas testimoniales y sin rigor científico.
Por ahora, según el último pronunciamiento judicial, Epsa debe cancelar el 80% del valor de la indemnización. El resto le corresponde a la CVC, que se declaró impedida para actuar como máxima autoridad ambiental de la región por ser socia de la electrificadora.
“Sin embargo, desde el mismo día de la tragedia la CVC atendió la situación y por el impedimento trasladó al Ministerio del Medio Ambiente el caso, sólo que sus funcionarios tardaron casi un mes para hacerse presentes. Fue con base en el informe preliminar de la CVC que sancionaron a Epsa”, recuerda el abogado Alberto Ramos Garbiras, para entonces
Procurador Regional Ambiental.
El jurista y ambientalista sostiene que la indiferencia del Minambiente ha sido la razón para que esta situación y otras no hayan podido atenderse como se requería e incluso la región continúe desatendida.
El País buscó mediante derecho de petición respuestas al respecto desde el 2 de enero pasado, pero el Ministerio se limitó a dar traslado del mismo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Este organismo no se ha pronunciado.
Entre tanto, los nativos del río Anchicayá e incluso la misma Epsa y CVC siguen a la espera de que la justicia y las autoridades diriman su conflicto.
Tomado de Elpais.com.co
