En una caja de cartón desgastada, Marta* guarda lo único que le quedó de la herencia de su padre. Lo demás, diez hectáreas de tierra, una casa en ladrillo, tres caballos, dos vacas y 16 gallinas le fueron arrebatadas. También le quitaron a su padre Antonio*, de 67 años.
En junio de 2009, unos hombres armados llegaron a su casa, en una zona del Bajo Calima, cerca a Buenaventura, en el Valle de Cauca, se lo llevaron y lo mataron. El anciano se negó a entregar su finca. Quiénes lo asesinaron la querían para que desde allí unos hombres vigilaran un laboratorio de coca.
“Mi papá les dijo que no se iba y entonces se lo llevaron. A los dos días me dijeron que lo habían matado, que yo vería qué hacía, pero que ellos se iban a instalar”, contó Marta, madre de tres hijos. “Ellos”, señala, son `Los Rastrojos`, una banda criminal al servicio del narcotráfico a la que se le atribuye el desplazamiento de campesinos en esta zona del Pacífico colombiano.
El despojo de tierras en el departamento del Valle ha estado marcado no solo por la presencia de grupos armados ilegales como las Farc y las Autodefensas, sino también por carteles del narcotráfico. Sin embargo, hay escasas denuncias y apenas en julio de 2011 se realizó una reunión entre varias entidades del Gobierno (Incoder y Ministerio de Agricultura), la Gobernación, la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la, Defensoría del Pueblo, entre otras que conforman la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB), para mostrar los avances en la consolidación de información.
Según Diego Arias, quien fuera coordinador regional de la CNRR, aun falta cuantificar y estudiar las denuncias y los casos de despojo.
Por el momento, el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada del Ministerio de Agricultura, en coordinación con algunas alcaldías del Valle, adelanta un trabajo que ha descubierto que “la mayoría” de las personas que han denunciado situaciones de despojo y exigido restitución de tierras han sido víctimas de narcotraficantes. El porcentaje exacto no ha sido revelado.
Entre los resultados preliminares de este estudio, presentado a la CRRB, se señala que Cartago, El Dovio, Roldanillo, El Cairo, Buga, Tuluá, Buenaventura y Dagua son algunos de los municipios donde presuntamente se registró el despojo por capos del narcotráfico.
Otra investigación titulada “Un estudio preliminar sobre los hechos y circunstancias que rodearon la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca”, realizado por el grupo de Memoria Histórica de la Universidad del Valle y presentado en Cali el pasado 28 de julio, reveló cómo paramilitares y capos del norte del Valle mantuvieron una estrecha relación a comienzos de 2002 y causaron desplazamientos y despojos de tierras.
“La participación del narcotráfico como un agente de despojo de tierras o de posesión violenta o fraudulenta de propiedades en el departamento entró –en tanto factor pre-existente- a sumarse a la dinámica de desplazamiento de campesinos desde las zonas en disputa por el Bloque Calima de las Auc”, dice el informe.
Muchas de las zonas despojadas en esa época, están hoy en manos de grupos al servicio del narcotráfico como las llamadas bacrim.
El ex gestor de Paz del Valle, Frangey Rendón, dice que se registraron muchos casos aislados donde el despojo de fincas se dio por la disputa entre narcos.
“Allí ha habido un fuerte impacto, especialmente en municipios del norte del Valle, con la guerra entre las bandas ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, y en la costa pacífica”, explicó Rendón.
Si Marta decide denunciar –no lo ha hecho aún por temor a sus victimarios- lo sucedido a ella y a su familia será uno de los tantos casos a investigar por parte de los jueces que a partir de enero de 2012 buscarán restituir dos millones de hectáreas a campesinos desplazados por la violencia en toda la nación, dentro de la Ley de Víctimas.
Por ahora, Marta y sus hijos viven en una casa de tabla situada en uno de los barrios más pobres de Buenaventura.
Miedo y muerte por defender la tierra
El despojo de tierras en esta zona del país no ha cesado.
En una camioneta Jorge* y cinco de sus familiares huyeron en abril del año pasado de la que fuera la finca de sus padres desde 1984, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de El Dovio, un municipio ubicado en el norte del Valle.
“Fue muy doloroso. Nos iban a matar a todos por esa tierra. No lo pensamos dos veces y nos fuimos”, recuerda Jorge. Pocas horas antes había sido el sepelio de su hermano, asesinado por lo que ellos llaman “fuerzas oscuras”.
Lo peor, dice Jorge, es que por miedo Jorge y su familia no han podido denunciar ni la muerte de su hermano, ni el desplazamiento del que fueron víctimas, ni mucho menos han logrado retornar a ese predio de ocho hectáreas.
“No hemos podido denunciar porque unos familiares que se quedaron en esa zona podrían pagar los platos rotos por nuestras denuncias”, dijo Jorge, sentado en la banca de un parque en Tuluá.
El sector donde Jorge y su familia vivían ha pasado primero de tener una presencia las Farc, después las autodefensas y ahora llegaron bandas como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, que en los últimos ocho años han librado una guerra a muerte entre ellos.
Aunque no hay cifras consolidadas del despojo en el Valle, comparado con otras zonas del país, como la Costa Caribe, los Llanos Orientales, Chocó y el Magdalena Medio, lo que es claro es que siguen apareciendo nuevas víctimas por la restitución de tierras.
En 2011 se presentaron varios casos, en mayo de ese año se reportó la desaparición de Ana Julia Rentería y de su esposo, quienes estaban reclamando por sus tierras en el sector de Cajambre, en la zona rural de Buenaventura.
En ese mismo puerto, dos líderes que reclamaban sus tierras en el Naya fueron asesinados.
El caso más sonado fue el de Hugo Ulcué, hermano de la gobernadora del Cabildo La Playa-Alto Naya, de Buenaventura, a quien desconocidos le quitaron la vida en abril de 2011.
Hasta el momento estos crímenes no han sido resueltos por el CTI de la Fiscalía, que asumió la investigación.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, calificó el crimen de Ulcué como un “acto de advertencia”.
Uno de sus líderes, quien pidió no ser identificado, dijo que quienes se han encargado de reclamar tierras a favor de los desplazados han sido objeto de amenazas por grupos como las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’.
Aunque no coinciden, en Colombia han aparecido varios informes que intentan aproximarse a explicar el peligro que entraña la restitución de tierras para los campesinos y líderes sociales.
Por una parte, un informe de la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, indica que, entre agosto de 2010 y junio de 2011, 15 líderes que reclamaban la restitución de sus tierras fueron asesinados en poblaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima, y el Valle.
Otro estudio, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, muestra que entre marzo del 2002 e inicios de este año 44 desplazados, en su mayoría líderes y miembros de grupos que reclaman sus tierras despojadas, fueron asesinados en el país.
“El modelo criminal heredado de los paramilitares ha hecho que las bandas emergentes quieran ejercer el mismo control político y social de algunas zonas; no sólo pretenden quedarse con el manejo de corredores de droga, están allí para ejercer poder y para intimidar a la población». explica Elmer Montaña, ex coordinador de CNRR en el Valle, hoy amenazado por grupos armados ilegales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, a lo que agrega que «una de las consecuencias de ésto es el desplazamiento y el despojo de las tierras de los campesinos y afrodescencientes, en el caso del Valle del Cauca y de su zona norte y pacífica”.
De hecho, en algunas zonas rurales de Buenaventura, se habla de dominio de grupos “paramilitares”, como siguen llamando los pobladores a los grupos ahora generalmente denominados “bandas criminales” o “bacrim”.
Por ejemplo, en un informe presentado en agosto de 2011 por la Diócesis de Buenaventura se denuncia que: “Hay veredas que tienen entrada de control y salida de personas, restricción de transporte colectivo terrestre y marítimo; los grupos paramilitares y de guerrilla imponen horarios de llegada, los miembros de los grupos andan paseándose por las veredas armados y haciendo retenes a vehículos y a personas”.
En este contexto, la presencia de grupos armados ilegales, la falta de información precisa sobre la magnitud del despojo y de denuncias, serán unos de los mayores retos del Gobierno para restituir tierras despojadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes en el Valle.
Según Frangey Rendón: “El otro problema es que la Ley de Víctimas no reconoce a los narcotraficantes ni a las bandas criminales a su servicio, llamadas por el Gobierno ‘bacrim’, como actores generadores de despojo”.
Después de la firma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue habilitada en Cali una oficina del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, entre otras 21 oficinas regionales.
La idea, según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es que los despojados reciban acompañamiento en la protección y restitución de sus tierras y, además, denuncien. «Las víctimas ya no están solas, cuentan con el Gobierno como aliado», agregó el Ministro en diálogo con El Tiempo en octubre. El Ministro, además de hablar de los grupos armados ilegales, se refiere a una ofensiva judicial que él lidera contra intermediarios, funcionarios y terratenientes implicados en estos casos de despojo.
A pesar de esto, el funcionario no menciona al Valle en esta cruzada. Y en Cali y en el resto del Valle, estos mecanismos son aún desconocidos por falta de difusión y por el miedo de las víctimas a denunciar, como el caso de Jorge y de Marta.
Así las cosas, son muchos los retos que tiene el Gobierno en el Valle para garantizar el regreso a sus tierras de personas como Marta y como Jorge, víctimas de un despojo que aún sigue latente.
* Reporteros de Colombia es una iniciativa de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el CINEP/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net
Tomado de Verdadabierta.com
