En efecto, los obispos de Quibdó, Istmina-Tadó, Apartadó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Coordinación Regional del Pacífico (CRP), llamaron la atención sobre la implementación del modelo económico extractivista que no corresponde al entorno chocoano, pues no ha resuelto aspectos de su propio etnodesarrollo. De la misma manera, las fumigaciones aéreas realizadas por la policía antinarcóticos, han acentuado la falta de alimentos, pues fumigan los cultivos de pancoger, las aguas, el aire y el bosque, sin que las comunidades puedan denunciar.
Con respecto al conflicto armado, los desplazamientos hasta la mitad del 2014, han llegado a más de cuatro mil personas, donde niños y mujeres son las principales víctimas. El Estado colombiano le sigue apostando al aumento del pie de fuerza, pero los resultados han sido pocos. Los grupos paramilitares se fortalecen y se unen mientras que la guerrilla, con fuerte presencia rural, se mentiene activa. Es por ello que los obispos y los dirigentes sociales advierten sobre “una situación crucial y preocupante por las frecuentes violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario«.
Monseñor Julio Hernando García, obispo de Istmina-Tadó dijo que: “No se vive en condiciones dignas. El Chocó se está volviendo un territorio de violencia. Los negros y los indígenas no vivían así”.
Por su parte, la ONU pide al gobierno que intervenga en el Chocó para frenar la violencia. Todd Howland, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo: «Queremos lanzar una alerta a la comunidad colombiana e internacional porque, aunque estamos en un proceso de paz, Chocó está sufriendo nuevos desplazamientos motivados porque varios grupos ilegales están naciendo para controlar el territorio«, explicó Howland en la rueda de prensa en Bogotá realizada el jueves 10 de julio.
Como se recuerda, la guerra en el Chocó inició con la Operación Génesis en 1997, por la cual está detenido el general Rito Alejo del Río. En esta operación en la que también participaron fuerzas paramilitares, como se ha establecido en las versiones de los desmovilizados, fueron desplazadas más de 17 mil personas y cientos fueron asesinadas. Precisamente, una de las víctimas fue degollada y con su cabeza jugaron fútbol. La Corte Interamericana de DH, condenó al Estado por estos hechos.
El representante de la ONU dijo también respecto a las actividades económicas ilegales que: «Hay tanta actividad ilegal en Chocó que el problema no se resuelve sólo con la desmovilización de las FARC o el ELN, sino que el Gobierno tiene que prepararse para un cambio de la actividad económica en la zona«. En consecuencia, recalcó que las negociaciones de paz en La Habana entre el Gobierno y las Farc no tendrán efecto sobre el Chocó, donde las amenazas y asesinatos de líderes indígenas se mantienen, a menos que se haga una intervención que evite que haya un «cambio de ilegalidad por otra ilegalidad«.
En cifras, el Chocó presenta un 49% de pobreza extrema, a pesar de sus riquezas naturales, mientras tiene el 80% de sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Más del 50% de la población chocoana ha sido desplazada.
La ONU prometió hacer seguimientos a la situación del Chocó con reuniones bimensuales, conjuntamente con las organizaciones, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, hasta tanto el gobierno realice las acciones necesarias para dignificar el Chocó y garantizar el respeto de los DDHH y el DIH.
