Además de las limitaciones a acceso de agua para 160.000 personas en la ciudad de Tumaco y de 20.000 más en la zona rural, las comunidades indígenas y afrocolombianas que viven en los ríos y esteros contaminados por el derrame de crudo padecen afectaciones de salud, incluyendo problemas respiratorios y de la piel. Niños, niñas y mujeres son los más afectados. Escuelas y casas de madres comunitarias han tenido que interrumpir su labor. “Estamos desesperados; el río es el corazón de nuestra comunidad, la única alegría para nuestros niños”, dijo el representante de un Consejo Comunitario, durante la visita del equipo humanitario de Nariño, que concluyó el pasado primero de julio.
Se estima que los entre 8.000 y 10.000 barriles de crudo vertidos por este ataque contra el Oleoducto Transandino han afectado más del 70 por ciento de los manglares del entorno, haciendo aún más penosa la vida y la subsistencia de las comunidades ribereñas y costeras. Cerca de 7.000 familias que dependen de la pesca, recolectores de moluscos, cultivadores de camarones y cazadores son víctimas directas de este nuevo derrame de petróleo. Especies menores – componente esencial de la alimentación de la población – también se ven afectadas por la contaminación.
A esta crisis socio-ambiental sin precedentes en la región, se añade que las comunidades han sufrido durante años, como lo manifestaron muchas personas, condiciones de pobreza y la contaminación de sus ríos por crudo ilegalmente extraído del oleoducto así como por la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato.
Las consecuencias ambientales y sociales de este atentado son devastadoras para una población que desde hace años padece toda clase de impactos del conflicto armado y se cuenta entre las más pobres y abandonadas de Colombia. Preocupa especialmente que los efectos van a prolongarse durante mucho tiempo. Todo esto debería llevar a sus autores a eliminar de su repertorio bélico este tipo de acciones que victimizan a los colombianos más vulnerables.
Además de la grave afectación al medio ambiente y a la precaria calidad de vida de la gente, eventos como el de Tumaco tienen un impacto negativo en la ya mermada confianza pública en el proceso de La Habana y refuerzan el escepticismo y el pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar un final negociado del conflicto armado. De acuerdo a miembros de las comunidades, el cese unilateral de hostilidades de las FARC-EP trajo un gran alivio en la situación de seguridad. Ahora, en cambio, para muchos afectados por eventos como este, y además por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, por minas antipersonales, por reclutamiento, “la esperanza está por el suelo”, como lo señaló un líder social.
Las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales miembros del Equipo Humanitario de País saludan los esfuerzos de la Gobernación de Nariño, de la Municipalidad de Tumaco, las autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil y Ecopetrol para prestar asistencia a las poblaciones afectadas y mitigar las consecuencias ambientales de lo ocurrido.
El Equipo Humanitario de País se pone a disposición de las autoridades y las comunidades para adelantar acciones que permitan mejorar el abastecimiento y el acceso a agua potable, como filtros y tanques de almacenamiento. Las agencias y organizaciones humanitarias están listas para complementar acciones en seguridad alimentaria y en atención primaria en salud, con énfasis en salud mental, dados los niveles de ansiedad que experimentan las comunidades ante la posible pérdida de arraigo con sus ríos, entre otras acciones. También pueden apoyar análisis de impactos ambientales y campañas de educación y sensibilización socio-sanitarias con las comunidades.
Todo esto, sin embargo, son medidas humanitarias y de emergencia, que no resuelven de fondo las graves afectaciones que padece la población civil. Por eso, el Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a poner fin definitivo a los atentados que afectan a la población civil y al medio ambiente y reitera su llamado a las partes en La Habana a acordar lo más pronto posible medidas para desescalar el conflicto armado, que pueden ser un paso hacia la definición de un cese bilateral y definitivo de hostilidades en el marco de las conversaciones de La Habana.
Solo un pronto desescalamiento permitirá aliviar el sufrimiento de la población civil y recuperar la confianza indispensable para que las negociaciones de La Habana culminen en un acuerdo de paz.
Tumaco, 2 de julio de 2015
