El obispo Barreto habló con El País de las recientes denuncias que ha hecho la ONU y la Defensoría del Pueblo acerca de los desplazamientos forzados, las amenazas a líderes comunales y la presencia de las bandas criminales en el departamento.
Para el Obispo de Quibdó, además de un aumento de la presencia de la Fuerza Pública, lo que necesita el Chocó es satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos, pues, en pleno sigo XXI, el hambre sigue siendo el peor enemigo de esta tierra.
La ONU reveló su preocupación por el desplazamiento de unos cuatro mil habitantes en el Chocó, ¿cómo es la situación que enfrentan estas personas?
Bueno, debido al conflicto armado algunos indígenas y afrodescendientes han quedado en medio de los enfrentamientos y se han desplazado desde sus comunidades originales hacia unos cascos urbanos. La situación es muy difícil, aunque se ha prestado alguna atención por parte del Gobierno departamental y varios municipios, esta no ha sido suficiente para garantizarle a las personas su dignidad. Se supone que lo normal sería que estos ciudadanos no tuvieran que salir de sus territorios. Ya tenemos más de tres mil desplazados solo en el Alto Baudó y a lo largo del año se calcula que hay cerca de cuatro mil personas desplazadas en todo el Chocó.
El desplazamiento en esta zona del país no es nuevo, de hecho esta situación se le había advertido al Gobierno en varias oportunidades, ¿hubo negligencia para atender este llamado?
Es una situación bastante complicada porque la Defensoría del Pueblo ha hecho las alertas tempranas, la comunidad se ha pronunciado y el Gobierno ciertamente ha hecho sus esfuerzos en todos sus niveles, pero desafortunadamente estos no han sido suficientes y prueba de ello es que se han dado ya varios desplazamientos. Lo que queremos es que se pueda hacer una gran articulación de fuerzas para que esta situación del Chocó se pueda terminar y el desplazamiento deje de ser algo común en la vida de los ciudadanos de esta región.
Hemos visto reacciones de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja para mitigar esta situación, ¿pero cuál es el apoyo que espera el Chocó del Gobierno Nacional?
La ayuda que pedimos de parte del Gobierno es una ayuda más estructural, con una mayor inversión social, con mayor protección de los territorios colectivos del Chocó. También pedimos la regulación de la Ley 70 y un mejoramiento de las condiciones de vida de todo el pueblo. Es cierto que debe haber un apoyo coyuntural mientras persiste la situación de desplazamiento, pero yo pienso que el Gobierno y las autoridades locales y las comunidades debemos ir encontrando, a través de un diálogo, los mecanismos que nos permitan lograr que el territorio del Chocó sea un escenario de paz y no de guerra, como lo está siendo en la actualidad.
Otra situación que preocupa son las amenazas a los líderes sociales: la ONU denunció que este año 25 han sido víctimas de intimidaciones…
Sí, desafortunadamente hay personas que trabajan por los Derechos Humanos y terminan comprometiendo su propia vida porque los grupos armados ilegales los ven como una amenaza, por eso lo que les pedimos a todos es que podamos crear un ambiente en el que se logren respetar los derechos de todas las personas. Nos preocupa mucho la situación de estos líderes y hay que trabajar para que podamos ofrecer condiciones de paz en el departamento. En el fondo esto nos está hablando de la necesidad de que todos los colombianos nos comprometamos cada día con la paz, porque es el anhelo de todo un país y, sobre todo, del Chocó.
¿Se han presentado dificultades para el acceso de ayudas humanitarias a esas zonas donde se encuentra la población desplazada?
Sí, en algunas zonas ha sido difícil el acceso aunque se ha hecho algún trabajo, pero sigue siendo complicado y no hay una cobertura total. En algunos municipios hemos tenido 200 o hasta 300 niños que no han alcanzado a ser favorecidos con los programas del Gobierno.
La Defensoría también ha denunciado que en Quibdó hay 43 barrios con injerencia de los actores en conflicto, se dice que algunas zonas son manejadas por los ‘Urabeños’ y otras por los ‘Rastrojos’. ¿Se ha convertido la capital del Chocó en un botín de estos grupos ilegales?
Mire, esas son las consecuencias de la guerra y el desplazamiento. Quibdó ha sido un lugar en el que han ido a parar muchas víctimas del conflicto, se calcula que entre 30 mil y 40 mil desplazados han hecho crecer la población de la capital del Chocó. Entonces, eso ha generado que muchos grupos ilegales se instalen aquí y se aprovechen de la vulnerabilidad en la que quedan muchos niños y jóvenes, porque no están al lado de sus familias y no todos tienen acceso a la educación ni al trabajo; así que los involucran en actividades ilegales, como el microtráfico. Y es cierto que, así como vemos la violencia rural, también hay violencia urbana porque son fenómenos que se alimentan mutuamente. Por eso el llamado nuestro es que se puedan dar mejores condiciones de vida para las personas del Chocó. Si hay más estudio, si hay más salud, si hay más posibilidades de trabajo; seguramente el nivel de criminalidad bajará. Lo que pedimos es una mejor calidad de vida.
¿La situación de violencia ha empeorado en el Chocó?
Bueno, según lo que dicen algunas agencias de cooperación, se ha incrementado la situación de criminalidad. En Quibdó, de acuerdo con datos del CTI, ya llevamos 70 muertes violentas en estos seis meses y eso es una cifra muy alta y preocupante. Por eso nosotros hemos querido poner en la discusión nacional y regional esta problemática, para que podamos construir caminos que nos lleven a la paz y a unas condiciones de vida más dignas.
¿Hace falta presencia de la Fuerza Pública?
Eso lo hemos dialogado en algunos momentos con las autoridades, porque es cierto que hay algunos sectores de la población a los cuales la Policía no alcanza a llegar. No sé si eso ocurre porque no tienen el número de hombres suficiente o porque los grupos armados ya han asesinado a muchos policías. Por eso le hemos solicitado al Gobierno nacional y departamental que la Fuerza Pública haga una presencia más real en la región.
En el Chocó están las Farc, el ELN, los ‘Rastrojos’ y ahora se habla de las Autodefensas Gaitanistas, ¿cómo es la presencia de este nuevo grupo en la región?
Sí, es relativamente nueva la conformación de esas llamadas Autodefensas Gaitanistas, aunque la presencia de las bandas criminales siempre ha sido constante en el departamento. Lo que más tememos es que este grupo ilegal llegue a todos los territorios donde se encuentra la guerrilla y entonces se presenten enfrentamientos entre ellos y la población quede en medio del fuego cruzado, como ya ha ocurrido en el Alto Baudó.
Obispo, ¿el Estado sigue siendo indolente con el Chocó?
A mí no me parece que sea indolente, lo que pienso es que se deben hacer mayores esfuerzos. Me parece que el Gobierno trata de invertir, pero el Pacífico, en general, ha sido una región que no ha gozado de los mismos beneficios que tienen otras zonas de Colombia. Aquí el 80 % de las necesidades básicas están insatisfechas, mientras que el promedio del resto del país es del 32 %; entonces eso habla de una diferencia muy grande.
Entonces, ¿el hambre sigue siendo el principal enemigo del Chocó?
Sí, realmente aquí se sigue pasando mucha hambre porque no hay fuentes de producción, no hay suficiente empleo, no hay una vida económica activa. Todo eso hace que la población, principalmente niños, mujeres y ancianos, sufra esa situación de hambre.
