El 27 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una caravana de abogados y líderes comunitarios a los que no les cabían en las manos los 26 bloques de papel de 514 páginas. Los documentos contenían las copias de la acción de tutela que interpondrían en contra de 26 entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Ambiente, de Minas y de Salud, las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las alcaldías locales.
Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó.
El territorio del que dependen estas familias está siendo arrasado por la maquinaria minera y su obsesión por el oro y el platino, las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, la tala indiscriminada y la ausencia del Gobierno. Los afluentes del Atrato han sido desviados por dragas y buldóceres, el agua concentra elevadas dosis de mercurio, los peces se mueren por multitudes y la gente enferma se multiplica.
A pesar de los esfuerzos por visibilizar los problemas que afectan la cuenca completa del río Atrato, que vienen empeorando desde hace diez años, las cuatro acciones populares interpuestas, desde 2011, continúan sin ser resueltas.
No se han escuchado los llamados de la Contraloría local y tampoco los de Codechocó, autoridad ambiental. Nadie ha respondido a los detallados informes en los que la Defensoría del Pueblo ha descrito cómo la gente se está intoxicando con el agua que beben en Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, y cómo se están muriendo los niños en Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.
Pero los afros no se cansan de insistirle al Estado que intervenga, y no se cansan porque saben que lo que está en juego es su alimentación, la tierra que les pertenece y les heredarán a sus hijos. Así que como respuesta a esa indiferencia, y mediante un proceso de organización social sin precedentes en el Chocó, dos consejos comunitarios de afrodescendientes —el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia)—, dueños de 768.300 hectáreas ubicadas sobre toda la cuenca del Atrato, se unieron al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y a la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba) para interponer una acción de tutela con la que le están exigiendo al Estado que les garantice el derecho a la vida y al ambiente sano.
Acompañados de las abogadas Xiomara González y Carla Henríquez, de la ONG Tierra Digna, los representantes de 180 consejos comunitarios locales dejaron a un lado las diferencias para sumarse al proceso jurídico enfocado en proteger sus territorios.
Aunque el Chocó ha tenido una histórica tradición de minería artesanal, a finales de los 90 la llegada de métodos mecánicos de extracción de oro y platino al Atrato y sus afluentes les abrió la puerta a dragas brasileñas y retroexcavadoras que en 20 años destrozaron el paisaje de afluentes como los ríos Quito, Bebará y río Bebaramá, cambiando sus cauces y entregándoles toneladas de mercurio contaminante.
El avance de la minería ilegal, en poder de guerrilleros de los frentes 57 y 34 de las Farc, de bandas criminales como los Urabeños y particulares, ha sido tan acelerado que a diciembre de 2013 Codechocó detectó 54 dragas trabajando en la explotación aurífera en todo el Chocó, un aumento de 184% en comparación con las registradas en 2012.
Dentro de los principales focos de explotación aparecieron los municipios de Lloró, Bagadó, Atrato, Dagua, Nóvita, Sipí, Medio Baudó, Quibdó, Condoto, Atrato, Istmina, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía.
“Las denuncias sobre malformaciones en recién nacidos son cada vez más comunes. Dentro de las peticiones está que se realice un diagnóstico del estado de salud de los habitantes y de la calidad del agua”, explica Xiomara González.
Otra de las peticiones es que se declare una moratoria de todas las actividades que están afectando la cuenca del río Atrato, entre las que se encuentra la comercialización de madera. Para las comunidades, “la falta de acompañamiento de las autoridades ambientales ha permitido que empresas privadas como Maderas del Darién se aprovechen de los recursos que les pertenecen a los consejos comunitarios. Es tan costoso tramitar un permiso, que la empresa termina pagándoles a los consejos para que presten el nombre y así la compañía termina explotando el recurso. Es un problema histórico sobre el que no ha habido soluciones para la comunidad”, dice el abogado Richard Moreno, especialista en derecho ambiental de la Universidad Externado y coordinador del Fisch.
Entidades como la Defensoría del Pueblo han identificado que los bosques más afectados en el Chocó por la industria forestal han sido los guandales y los cativales, localizados en la parte media y baja del Atrato. También aparecen las ciénagas de Panezo (en La Boba), Chicaravia, La Redonda (en el Tigre) y Bellavista. En 2012, este ente de control evidenció la degradación irreversible de los humedales Balsa, Salaquí, Cacarica y Curbaradó como consecuencia directa de la explotación forestal.
“Los políticos quieren entregarle nuestro terreno a la minería a gran escala, en lugar de pensar que de ese río depende nuestra vida. Necesitamos protección, sólo pedimos que se nos respeten nuestros derechos colectivos”, dice el abogado Richard Moreno, especialista en derecho ambiental de la Universidad Externado y coordinador del Fisch.
Moreno, quien nació en Tanguí, a orillas del Atrato, y desde joven se convirtió en líder comunal motivado por la Diócesis de Quibdó, reconoce que esta acción de tutela no sólo es impactante, pues representa la violación de los derechos de al menos 75.000 personas, sino que revela como los proyectos de restauración de derechos en el Chocó, emprendidos por diferentes organizaciones sin ánimo de lucro están surtiendo efectos.
“Cuando les presentamos a las comunidades esta demanda, nos respaldaron por completo. Es que son más de trece años de formación y acompañamiento permanente por parte de instituciones como Tierra Digna”.
Esta organización, liderada en su mayoría por abogadas defensoras de derechos humanos, logró instalar para este proceso una mesa regional donde trabajan ocho abogados locales haciéndole seguimiento al caso.
“Aunque sabemos que es más efectivo presentar la demanda ante un tribunal en Cundinamarca, estamos convencidas de que se pueden fortalecer los procesos regionales de defensa”, dice la abogada Xiomara González.
Si esta discusión trasciende como esperan los demandantes, la pregunta que queda es si, con este nivel de degradación, es posible recuperar la salud del río Atrato. Como parte del seguimiento a este caso, Tierra Digna trabaja en la identificación de grupos de investigación colombianos que ya comienzan a elaborar estrategias para salvarlo.
