La orden del Departamento de Estado de E.U. de parar el proceso contra las OXY por el bombardeo a Santo Domingo-Arauca por ser un “problema de seguridad nacional”, el fallo que devolvió el caso contra Chevron-Texaco a la jurisdicción del Ecuador luego de 14 años de litigio [1], el fallo a favor de Chiquita Brands a pesar de que un directivo confeso los 11.127 homicidios cometidos por esta compañía y el mas reciente fallo kiobel de la Corte Suprema que limita severamente la presentación de nuevos casos al amparo de la ley ATCA, son antecedentes muy graves que indicaban la dirección en que iba a salir la decisión de la Corte de apelaciones, es decir a favor de la compañía minera Drummond Ltd. comprometida con mas de 3.000 homicidios, 500 de los cuales ocurrieron en masacres, 55.000 desplazados forzados, mas de 240 desaparecidos forzados, el asesinato de 161 trabajadores afiliados a los sindicatos del Cesar y Magdalena, 5 de ellos dirigentes nacionales de Sintramienergética; esas operaciones fueron ejecutadas conjuntamente con la compañía Glencore-Prodeco.
Sumado a estos crímenes están los 27 trabajadores muertos en “accidentes de trabajo” durante los últimos 20 años, los mas de 800 trabajadores enfermos algunos de los cuales suman mas de 10 patologías diferentes; la destrucción de la organización sindical a través de la amenaza, el asesinato, la corrupción a las altas cortes para que fallen a favor de esta organización criminal Drummond Ltd.; los gravísimos impactos sociales, culturales sobre la población afro invisibilizada para no consultarla en aplicación al convenio 169 de OIT; los impactos irreversibles sobre el conjunto de ciénagas, ríos y quebradas de la zona por saturación del polvillo de carbón, la contaminación de aguas subterráneas, el desvío de ríos y quebradas, la destrucción de fauna y flora marina en las zonas de embarque del carbón en Ciénaga- Magdalena. Todo ello hace necesaria una respuesta contundente a la cantidad de violaciones graves a la Constitución, la Ley nacional e internacional.
Por todo esto rechazamos con vehemencia que ahora sus voceros tengan el cinismo de salir a hablar de la “inocencia” de esta organización criminal, que inicien en E.U. un proceso criminal contra los abogados que demandaron a la Drummond, después de intentar asesinar en 3 oportunidades al abogado Ramirez Cuellar y ahora pretender culpar a las víctimas de los crímenes cometidos contra sus familiares por esta compañía, ante el silencio cómplice de las autodenominadas “autoridades” de este país que no protegieron la vida, honra y bienes de los asociados y ahora en un acto servil no investigan a la cúpula de Drummond y solo han condenado a dos contratistas en una sucia táctica de echar la culpa a contratistas y dejar indemnes a los altos funcionarios de esta organización delictiva, además de despedir y trasladar a Fiscales e investigadores que ordenaron investigar a la dirección de Drummond, cuando no asesinarlos como ocurrió con siete investigadores de la Fiscalía, una fiscal y un juez.
Nuestro movimiento ha decidido demandar fuera del país estos hechos y solicitar a un juez que alegue la jurisdicción internacional sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, para que conozca de estas conductas, inicie la investigación que esta soportando en múltiples, reales y contundentes soportes probatorios, le de garantías procesales a los acusados de crímenes de guerra, garantías que no dieron sus militares-paramilitares y mercenarios a los miles de inocentes, pobres e inermes pobladores de Cesar y Magdalena que fueron asesinados por orden y financiamiento de esta organización delictiva y condenen a los responsables de estos hechos, habida cuenta de la inexistencia de justicia en Colombia y E.U. y de la rampante y racista impunidad que campea en estas jurisdicciones.
Igualmente llamamos a iniciar una campaña mundial para nacionalizar sin indemnizar, las minas operadas por Drummond y Glencore-Prodeco, con el fin de reparar integralmente a los familiares de las víctimas, a los trabajadores despedidos, a los enfermos y los que actualmente son sometidos a trabajos forzados en esas minas, donde no se les respetan sus derechos laborales, se les mata o enferma por la indignas y riesgosas labores que adelantan sin protección eficaz y se obliga a nuestra población a pagar el salario y las prestaciones a dichos trabajadores en lugar de que lo haga la Drummond Ltd., porque la legislación tributaria que fue elaborada por abogados de estas multinacionales, parapolíticos y la agencia de cooperación de Canadá, devuelve el 175% de la inversión que hagan las compañías en la contratación de trabajadores.
Exigimos a los gobiernos que con conocimiento de causa compran este carbón con sangre a que cesen sus compras, especialmente a E.U. Holanda, Canadá e Israel y varios países Europeos que han vivido otrora del trabajo esclavo y ahora quieren seguir haciendo lo mismo, no importándole las condiciones infames a las que se someten los trabajadores y pobladores para beneficiar los bolsillos de las compañías con asiento en los llamados países desarrollados. Llamamos a los Sindicatos de Europa y Norteamérica a que retiren el dinero de sus fondos de pensiones de estas empresas comprometidas con crímenes a la población inerme de nuestro país y que respalden un boicot mundial a la Drummond Ltd. y a Glencore como responsables de estas conductas en nuestro país.
Junta Directiva Nacional, Bogotá, 14 de abril de 2015.
[1] Luego que los abogados demandaran a la Chevron-Texaco y ganaran el caso en la Corte de Sucumbíos, confirmada luego por la Corte Nacional de Justicia, el fallo fue desconocido por la Multinacional que procedió a demandar al estado ecuatoriano y luego a los abogados, en un acto de cinismo y descaro propio de organizaciones multinacionales que obedecen a dictados criminales.
