Desde el mes de marzo de 2015 se evidencia el incremento y sistematicidad de bombardeos en los territorios colectivos del Alto Andágueda; siendo indiscutible que los graves eventos descritos, a todas luces infringen los criterios mínimos establecidos en instrumentos que reglamentan el Derecho Internacional Humanitario y son una clara vulneración a estándares de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
No es la primera vez que bombardeos en cabeza de la Fuerza Pública, afectan de manera grave a comunidades indígenas en el Chocó; en los últimos dos años, circunstancias idénticas han ocasionado desplazamientos masivos y confinamientos que han sido denunciados de manera reiterada por nuestras organizaciones ante instancias nacionales e internacionales. Desafortunadamente las denuncias no han impedido que sigan persistiendo en acciones militares de esta naturaleza, las cuales implican un riesgo inminente para la vida e integridad personal de quienes habitan las zonas en las que se desarrollan las mismas.
Al panorama anteriormente descrito, se suma la crisis humanitaria afrontada en los territorios indígenas en el Chocó, siendo una realidad la muerte de centenares de Emberás, sobre todo niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres en embarazo y lactante. Resulta triste evidenciar que las acciones y omisiones por parte del gobierno nacional están profundizando el riesgo de extinción física y cultural identificado en 2009 por la Corte Constitucional: el empobrecimiento y las acciones vulneratorias de derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas son la espada de Damocles que pende sobre la pervivencia de las comunidades que habitan en el Alto Andágueda.
El impacto ocasionado por las acciones bélicas indiscriminadas, las lógicas guerreristas, el accionar de actores armados legales e ilegales y el incremento de hechos de violencia; están generando nuevos procesos de confinamiento y el riesgo inminente de desplazamiento masivo de familiares enteras del pueblo Emberá, algunas de los cuales retornaron a sus territorios en el marco de un precario proceso liderado por la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas y que con el recrudecimiento de la guerra es sus territorios no están encontrando elementos mínimos para garantizar la sostenibilidad del proceso efectuado.
Sea del caso anotar, que la comunidad afectada es beneficiaria de la primera sentencia de restitución de tierras en favor de Pueblos Indígenas. Mediante providencia 007 del 23 de septiembre 2014, expedido por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, se emiten una serie de órdenes encaminadas a salvaguardar sus derechos; sin embargo las mismas a la fecha han sido flagrantemente incumplidas por la institucionalidad concernida, escenario que pone en tela de juicio la voluntad política e intensión del gobierno nacional de implementar la normatividad que protege a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
Dando cuenta de los hechos denunciados en los renglones precedentes, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – ASOREWA,
EXIGIMOS:
Que las entidades competentes en instancias penales y disciplinarias, investiguen a profundidad y con carácter urgente, eficiente e imparcial los hechos que aquí se denuncian. Hacemos especial énfasis en que los mismos deberán ser de conocimiento de la justicia ordinaria en aras de evitar que una vez más la impunidad impida el esclarecimiento de eventos vulneratorios de los derechos de los Pueblos Indígenas en nuestro país.
Que todas las instancias competentes investiguen a las Fuerzas Militares por la sistematicidad de las vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho Internacional humanitarios que hemos venido denunciando, con las cuales se incumplen instrumentos internacionales ratificados total o parcialmente y las órdenes judiciales como la Sentencia 007 del 23 de septiembre
Exigimos al Estado Colombiano que se reparen inmediatamente los daños morales, físicos, culturales y comunitarios ocasionados por las acciones violentas del Ejército Colombiano.
CONVOCAMOS:
A todas las organizaciones y pueblos amigos a nivel Nacional e Internacional para que se solidaricen con la gravísima situación afrontada por los Pueblos Indígenas en Colombia, rechazando los hechos denunciados, ante los organismos defensoras de Derechos Humanos, países, Cortes Internacionales, entre otros y requiriendo al Estado Colombiano la cesación de bombardeos y acciones bélicas en general en territorios indígenas.
A todas las agencias de Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, Frente Amplio por la Paz, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otras; para que se constituya una comisión de verificación humanitaria en la zona con fundamento en los hechos previamente relacionados.
¡YO PORTO EL BASTÓN DE LA PAZ!
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA –ONIC
CONSEJO DE AUTORIDADES INDÍGENAS – ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CHOCO- ASOREWA
