Por obra de ángeles y demonios el pastor Stalin Ortiz sabía que lo iban a matar. Sin embargo, tenía la esperanza de que el día y la hora señalada llegaran después de viajar a Bogotá, donde radicaría las denuncias que durante casi un año hizo para frenar la corrupción en Buenaventura.
Además de acudir a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, pensó ir al Partido Liberal y a la propia Presidencia de la República para que alguien, quizás el mismo Juan Manuel Santos, lo escuchara y actuara para detener el desgreño, el caos y la violencia que se posaron sobre su puerto amado. Pero no pudo cumplir ese deseo: fue asesinado por sicarios en Cali la noche del 28 de enero.
Su crimen causó conmoción en el puerto más importante de Colombia, hoy sumido en una guerra mafiosa entre dos bandos (Rastrojos y Urabeños) que descuartizan y desplazan personas. La masacre más reciente dejó un saldo de 13 muertos.
La importancia de las denuncias de este hombre de 58 años, que ocupaba por tercera vez una curul en el Concejo por el Partido Liberal y que se la jugó a fondo a favor del actual alcalde, Bartolo Valencia, radica en que por primera vez un dirigente político del puerto decidió denunciar a varios de sus propios compañeros y al alcalde.
En esencia, Stalin Ortiz, junto con Víctor Meneses, entonces director del Hospital Luis Ablanque de la Plata, pusieron al descubierto el desmadre en el que se encuentra ese centro asistencial, que con un presupuesto de 32.000 millones de pesos al año, una nómina de 445 empleados y cerca de 50 puestos de salud en todos los barrios urbanos y la zona rural es el más importante del pueblo. Después del Ejército, el hospital es la entidad que más presencia y ojos tiene en esa región del Pacífico.
En denuncias ante el Concejo, el mismo director del hospital informó del desgreño en el centro asistencial. No había un manejo financiero claro, ni balances, el sistema de facturación, a pesar de tener un software, no funcionaba; se contrataban servicios y personal sin cumplir con los requisitos, la mitad de los empleados no iba a trabajar o se ausentaba, sus centros de salud estaban en total abandono, y no había claridad sobre las compras. Y ni hablar del nepotismo.
SEMANA corroboró en Buenaventura que el hospital es la caja menor de la clase política, desde donde se direccionan contratos y trabajan familiares, no solo de algunos concejales, sino del alcalde, quien tiene a dos hermanos y a un sobrino en la entidad. El otro caso denunciado es el del concejal Hernán Sinisterra, quien tiene a varios familiares en el hospital, entre ellos Clara Grueso, la madre de una de sus hijas.
Ese desgreño no es nuevo. Durante el imperio del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra en Buenaventura, el hospital fue gerenciado entre 2004 y 2011 por Maximiliano Castro Arboleda, su ficha política, quien incluso aparece en el libro de visitas del político en La Picota. Castro renunció en 2012 y el cargo fue puesto a concurso.
El nuevo director
Antes de que la Universidad Santiago de Cali abriera el concurso de méritos para escoger a varios directores de hospitales del Valle, el alcalde Valencia le presentó a Stalin al señor Víctor Meneses, para saber si le gustaba para el cargo de director del Luis Ablanque. Y efectivamente, Meneses se ganó el concurso.
SEMANA tuvo acceso a un documento y a un audio que infieren que ese concurso fue direccionado, como posiblemente lo fueron los de otros directores de hospitales del Valle. El documento, notariado un día antes del examen, deja entrever que las respuestas ya estaban en manos de terceros. Y el audio es un diálogo aparentemente entre el concejal Sinisterra y el gerente del hospital Víctor Meneses, en el que se insinúa que todo el concurso fue acomodado por el senador Édinson Delgado, cuyo hijo al parecer labora en la universidad. SEMANA intentó contactar al senador Delgado para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no atendió los llamados.
Una vez posesionado, Meneses mostró independencia en sus decisiones. Denunció una posible corrupción y en julio pasado empezó a descabezar de la nómina a familiares de varios concejales. El único que lo apoyó en esa cruzada fue su padrino político, el concejal Stalin Ortiz, quien incluso le advirtió al alcalde, según familiares, que si no ponía orden y respetaba el pacto de cambiar la cultura política del puerto, su credencial estaba en peligro. Esa y otras diferencias comenzaron a distanciarlos.
El pastor y el director del hospital siguieron haciendo sus denuncias e incluso las llevaron varias veces ante los organismos de control de Buenaventura, pero hasta la fecha no han prosperado. En cambio, avanzó velozmente una acusación temeraria contra Meneses por contratación indebida. En pocas semanas la Fiscalía lo detuvo, la Procuraduría lo sancionó y hoy tiene casa por cárcel. Esta revista quiso entrevistarlo, pero se negó por temor a represalias. Hoy, el hospital es manejado por fichas del mandatario y el jefe de personal es el contador de la campaña de Bartolo.
Pero ese hospital, además de ser un fortín burocrático y un jugoso ponqué de recursos públicos, también podría ser una pieza valiosa para el narcotráfico. Las autoridades indagan denuncias que apuntarían a que una parte de la red de prestación de salud aún no identificada estaría siendo usada por bandas criminales para guardar o mover drogas, armas o incluso como puestos de vigilancia o control. En 2010 una ambulancia del hospital resultó envuelta en un escándalo porque llevaban coca.
Las presiones que hay sobre el hospital son graves. De hecho, el exdirector, Maximiliano Castro fue víctima de varios atentados en su contra y se sabe que tuvo que dejar el país.
Las denuncias del hospital no fueron la única razón del distanciamiento del concejal Stalin con varios de sus colegas y el alcalde. Esta amistad política tocó fondo en noviembre pasado, cuando llegó al Concejo un proyecto de acuerdo que facultaba al alcalde para vender unos terrenos del municipio al polémico empresario de combustibles Juan de Dios Murillo Largacha, conocido como Chimpa. “El concejal se opuso a la venta de ese terreno y se trenzó en una discusión con varios colegas. A partir de ese momento supo que su vida estaba cada vez más en peligro”, afirmó un familiar.
Lo insólito del acuerdo que el Concejo le aprobó al alcalde, con 11 votos a favor y siete en contra, es que estaba definido el adjudicatario de los 6.889 metros cuadrados del terreno. Según la normatividad de contratación, la venta de predios oficiales debe pasar por una subasta, “pero en este caso no era necesario porque el señor demostró que tenía posesión del predio”, aclaró Bartolo Valencia, tras enfatizar que no conoce al afortunado beneficiario del predio donde hoy se construye una estación de combustibles. A cambio de esa venta, el señor Murillo se comprometió a destinar parte del terreno para un parque. El primero de febrero Chimpa fue asesinado en Cali, cuatro días despues del crimen del concejal.
En diciembre, durante un paseo con su familia en una playa, Stalin empezó a tener indicios de que iba a ser asesinado. Allí, según sus familiares, una persona se le acercó y le dijo que se cuidara porque a su grupo le habían pedido asesinarlo y ellos se opusieron, porque lo respetaban por su trabajo. Después, otros mensajes le llegaron por otros caminos, agravando su incertidumbre.
A comienzos de febrero, su hija fue amenazada verbalmente. Como el ambiente estaba cada vez más caldeado, Stalin se fue para Cali a preparar su viaje a Bogotá. Pero según la familia del pastor, el senador Édinson Delgado Ruiz organizó una reunión con el alcalde Valencia y el concejal Hernán Sinisterra para tratar de solucionar las diferencias. Ellos dicen que fue un encuentro casual.
“Mi papá fue sobre el mediodía al Hotel Intercontinental, pero la reunión no se pudo hacer porque el alcalde no llegó. Sin embargo, testigos lo vieron en el hotel. Finalmente, lo citaron para las cinco de la tarde. Todo el día lo llamaron para tenerlo monitoreado. La reunión fue corta. Al salir nos llamó y dijo que ahora nos contaba, pero si algo estaba claro es que mi papá no iba a parar ni su viaje ni sus denuncias”, dice un familiar.
A las pocas cuadras, por unas calles que nunca usaba como recorrido y en las que no se hubiera metido, porque vivió allí muchos años y las conocía, dos vehículos le cerraron el camino, mientras dos sicarios en moto lo asesinaron.
Desde el mismo día del crimen, la familia del concejal Stalin solicitó en varios medios y en las redes sociales (ver página Facebook) que se investigue al alcalde y al concejal Sinisterra para saber si tienen que ver con el asesinato del pastor. Sumado a ello, en la red circula un video de Anonymous donde se señala al alcalde de ser el culpable de la nueva guerra mafiosa que se libra en el puerto entre Rastrojos y Urabeños, y lo vinculan con la organización del exnarco Víctor Patiño Fómeque.
Ante esos señalamientos el alcalde insiste en que son infamias de sus contradictores y en especial de aquellos grupos que perdieron el poder, y advirtió que nunca tuvo diferencias con el concejal Stalin. Respecto a la reunión en Cali aseguró que la misma “fue una coincidencia y no estaba programada” y aclaró que los familiares que trabajan en el hospital están allí desde hace muchos años en carrera. Sin embargo, uno de esos contratos se ha renovado cada tres meses.
Incluso, el alcalde Valencia y el concejal Sinisterra han afirmado que Stalin estuvo preso en Estados Unidos y habría tenido relaciones con el narcotráfico, pero su familia las rechaza categóricamente y dice que siempre fue un hombre de principios y de fe.
Lo triste de todo este episodio es que el pastor Stalin pagó con su vida para que sus denuncias tuvieran eco en Bogotá. Aunque solo la muerte lo podía callar, sus palabras para frenar la corrupción, la politiquería y la violencia en Buenaventura no quedaron en el desierto.
