Buenaventura ha padecido una violencia que ha sobrepasado todas sus dimensiones, es decir, una sistematicidad de hechos violentos con alto nivel de degradación, y que en su lógica ha generado daños permanentes en el tiempo, de manera individual y colectiva, como es afectar la cultura y la concepción de territorialidad.
Guerra, violencia o conflicto armado, como se ha llamado últimamente, que desde finales de los años 90 y en sus continuos cambios, ha sometido a la población civil a la zozobra y la desterritorialización tanto física, como mental.
La forma como se ha desarrollado la violencia en la ciudad de Buenaventura en los últimos años, no es gratuita ni espontánea: tiene un trasfondo intencional y un propósito de generar terror. Por ello siguen vigentes las modalidades de homicidios, desplazamientos forzados, tortura, y sobre todo, el descuartizamiento y la desaparición de las personas marcan un interés en los actores armados y una resonancia en las víctimas.
Parafraseando una pancarta de manifestación: No podemos decir que en Buenaventura los desplazamientos se generan por la violencia, sino que hay violencia para generar desplazamientos. En esta ciudad se vive una guerra larga y ajena, pero que está trastocando el territorio y la tranquilidad de los bonaverenses desde hace 16 años. No es lógico que de buenas a primeras, alguien de su misma etnia, paisano, vecino o incluso familiar, tome hoy un arma y le quite la vida a otro de la peor manera. ¿Qué hay detrás de tanta degradación y quiénes son los autores intelectuales o los beneficiarios?
Las diferentes maneras como los grupos armados, en especial el paramilitarismo o grupos postdesmovilizados, implantaron una forma de dominación a través del terror en varias regiones del país, nos hace comprender que este método da resultados en función del desalojo. Al provocar el desplazamiento y el miedo al retorno, ¿quiénes se han beneficiado hasta ahora? Tenemos que decir que desde militares y combatientes, hasta políticos, terratenientes, empresarios y el mismo Estado, que como se ha demostrado, se han quedado con las tierras y han impuesto sus proyectos económicos.
Podemos identificar que en Buenaventura, ciudad de alto crecimiento económico portuario, se imponen nuevas formas de violencia para generar dolor y miedo, es decir, se están practicando modalidades degradantes de violencia, que ponen cada vez más en riesgo la vida y la permanencia en el territorio; pero al mismo tiempo, existe un alto nivel de invisibilidad de la situación y de operatividad institucional para combatir esta realidad. El miedo campea por las calles y se ha vuelto cotidiano. Hay un confinamiento y autorrestricción a la libre movilidad, por temor a ser desaparecido y descuartizado.
Dice un líder: “Ahora toca pedir permiso para entrar a un barrio, o en su defecto, llamar a alguien que vive adentro, que lo salga a recoger, o si alguien se demora en llegar a casa y no contesta su teléfono, entra el pánico y el terror de pensar que le ha pasado algo, como ser desaparecido; vivimos en nuestros barrios pero nos somos dueños de nuestro territorio”.
En el año 2014 la Personería municipal ratificó la desaparición de 44 personas, y en el mes y medio que va del 2015 la Fiscalía ha encontrado ocho fosas comunes en algunos barrios de la ciudad, con restos de cuerpos, algunos desmembrados y otros completos. Igualmente, este 2015 van dos personas desmembradas y quién sabe cuántos desaparecidas, ya que el subregistro es notorio por el mismo miedo de denunciar, ante las represalias de los actores armados.
Algunos, especialmente el gobierno, las autoridades de policía y medios de comunicación masivos, han tratado de reducir la violencia de Buenaventura a las condiciones socioeconómicas y niveles altos de pobreza, o por disputas de narcotraficantes y de sus rutas. Aun así la problemática persiste. Pero lo grave, es que argumenten de manera tácita e irresponsable que ser violento equivale a ser pobre, o peor aún, por ser negro y no tener nada que hacer.
Las intervenciones del gobierno central ha sido la militarización, y la gestión de recursos, créditos internacionales, para inversión en la ciudad, sobre todo en infraestructura para apalancar el comercio portuario, turismo, muelles y puertos, vías y puentes, y poco se invierte en los elementos necesarios para mejorar la vida de sus pobladores como trabajo, agua, salud , educación y seguridad.
La Iglesia católica y organizaciones sociales, quienes viven ahí en las comunas y conocen la situación, hace un tiempo atrás habían alarmado sobre esta barbarie: “A la persona no solo la secuestran, la torturan y la descuartizan, sino que la desaparecen”. En efecto, muchos casos se presentan a la luz del día, donde los mismos pobladores escuchan los lamentos y gritos de quienes son sometidos a esta horrorosa práctica.
Cobra sentido esta modalidad de violencia y cumple con su fin: Más de la mitad de la población civil ha sido afectada directamente y no sólo ha perdido materialmente sus pertenencias, sino que se han generado daños en su humanidad, lesiones psicológicas, lo que podríamos llamar un alto nivel de deshumanización, una violencia que mata y hiere, que deja niños huérfanos, viudas, familias tristes. Pero también territorios y casas abandonadas y reutilizadas por los grupos para vivir y realizar estas prácticas. Nadie se salva de la violencia, no hay límites, ningún grupo poblacional está exento: mujeres, hombres, niños y niñas, jóvenes; aquí no vale decir que el que nada debe, nada teme.
En un territorio de total desprotección estatal nadie ha puesto límite a la violencia, ni siquiera la incidencia y la alta gestión de la Defensoría del Pueblo, traducido en seis notas de seguimiento al informe de riesgo de afectaciones a la población civil del 2008; de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. La apertura de la Casa de los Derechos como estrategia de acompañamiento comunitario, y que en su inauguración estuvieron presente los magistrados de la corte Constitucional escuchando la voz de las víctimas y líderes sociales.
Un año después de la Marcha del 19 de febrero, la violencia persiste, existe control territorial por parte de actores armados ilegales y la cruel práctica de muerte y desaparición.
Como decía un líder organizador de la marcha: “El gobierno ha incumplido en la mayoría de los acuerdos que benefician directamente a las comunidades y que mejoran las condiciones de vida como tener agua potable las 24 horas o simplemente que dejen vivir a la gente en su territorio, pero para el puerto todo es más rápido y crece sin problemas. Salir a la calle a protestar se ha vuelto lio, nadie escucha, y parece que todas los políticos y violentos se han confabulado para sacarnos de este territorio”.
A pesar de que el gobierno ha incumplido sus obligaciones socio-económicas con los bonaverenses, no perdemos la esperanza. Ante la indiferencia del gobierno debemos anteponer nuestras luchas y nuestra razón para defender el territorio amenazado. Seguro que muchas organizaciones y comunidades se solidarizarán con esta causa y esta resistencia.
