Así lo determinó un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, que concluyó que la muerte de Atencio Orozco no se había dado como consecuencia de un combate entre la fuerza pública y un grupo de guerrilleros, como lo habían presentado los uniformados.
Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2007 en Villanueva, Guajira, donde la patrulla militar habría asesinado al civil, sin que hubiera habido fuego cruzado alguno con insurgentes.
La medida cobija a los soldados profesionales Domingo Barajas Camargo, cabo tercero, Miguel Beleño Cuentas, Angel Balcazar Ramírez y Ronal Redondo Arias, presuntos responsables de homicidio agravado y falso testimonio.
También fueron afectados Diego Armando Junco Parra, subteniente del Ejército, y Leonardo Suárez Medina, soldado profesional, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y falsedad.
Jainer Contreras Moreno, cabo tercero, y Yeison Mario Zárate Ramírez, Luis Mercado Requena, Alexander Quintero Ibarra, Julio González García, fueron igualmente asegurados por favorecimiento en homicidio.
El soldado Javier Rosado Manjarrez también fue objeto de la decisión, al endilgársele el cargo de homicidio.
