Curbaradó y Jiguamiandó (Chocó)
La semana pasada, dos personas, Everto González y Francisco Pineda, de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, parecen haber sido desaparecidos, y hasta la fecha no se sabe donde se encuentran. Unos otros 32 miembros de estas comunidades están sujetos a amenazas de muerte. Dentro de los amenazados se encuentra el líder Enrique Petro quien tiene medidas provisionales de protección de la OEA. En esta área los paramilitares continúan actuando con impunidad pese a la presencia de miembros de la Brigada 17 del ejército. La brigada no ha tomado acciones contra los aproximadamente 300 paramilitares que se han visto en esta área en las últimas semanas. Se alega que en las ultimas cinco semanas los paramilitares han cultivado 10 hectáreas de coca en los territorios colectivos de las comunidades negras y que la Brigada 17 no esta requisando o deteniendo a los paramilitares quienes transitan coca por los retenes militares. Adicionalmente, los paramilitares están ofreciendo 800,000 pesos a jóvenes para que se integren en sus filas. Los jóvenes que se niegan aceptar esto son amenazados y resultan forzados a desplazarse del área. Este escenario esta generando un desplazamiento tipo gota a gota de los locales. El Ministro de Defensa no ha cumplido con los pedidos de las ONGs y la comunidad de establecer, en consulta con las comunidades, un plan de alto nivel de protección integral de forma coordinada con el ejército y la policía.
Afrocolombianos de COCOCAUCA (Guapi, Cauca)
El 6 de agosto, paramilitares asesinaron a José Maria Cadena (33 años de edad), el hermano de un líder que formaba parte de COCOCAUCA. El Sr. Cadena fue detenido por paramilitares mientras que viajaba en un barco en el río Guapi desde la comunidad de Bellavista (localizado en el consejo comunitario de bajo Guapi) hasta el casco urbano de la municipalidad. Hombres que se identificaron como paramilitares forzaron al Sr. Cadena bajarse del barco, le amararon las manos y lo mataron de forma brutal. Después del asesinato del Sr. Cadena, unas cincuenta familias de la comunidad de Sanson (aproximadamente 300 personas) se desplazaron internamente a Guapi. COCOCAUCA informa que hasta el día 8 de agosto, las autoridades locales no habían reconocido a estas personas como desplazados internos y que Acción Social no había visitado estos desplazados. ACSN está muy preocupado por informes del terreno que indican que existe un reten paramilitar en esta área debido a que esta es una región regularmente patrullada por las fuerzas armadas. Insistimos que las autoridades colombianos oficialmente reconozcan a las personas desplazadas por paramilitares y que les provean asistencia humanitaria.
Iglesia Católica en el Chocó
El 29 de julio, personas desconocidas entraron a la casa de un miembro de la Diócesis de Quibdó por fuerza y robaron una computadora, dos discos duros, una memoria USB y una unidad móvil de internet. Los materiales robados contenían información de carácter sensible acerca de casos de derechos humanos involucrando victimas de la violencia y desplazamiento interno y de las organizaciones étnicas de la zona. Este es el segundo robo de este tipo en contra de miembros de la Diócesis de Quibdó este año.
Unión Portuaria en Buenaventura (Valle del Cauca)
El 24 de julio, los directivos de la Unión Portuaria en Buenaventura, John Jairo Castro Balanta y Elizabeth Cuero Badillo, fueron amenazados a través de mensajes de texto en sus celulares. Los mensajes fueron los siguientes: “Ustedes los de Unión Portuaria sigan creando problemas y encontraran lo que no se les ha perdido,” y “Ustedes los de la Unión Portuaria sigan creando problemas y denuncias y se muere unión mortuaria.”
ACSN esta especialmente preocupado por la seguridad del Sr. Balanta. Él, recientemente visitó a los EEUU en una delegación apoyada por el AFL-CIO para conversar con políticos estadounidenses acerca de las difíciles condiciones laborales de los trabajadores de los puertos y preocupaciones acerca del pendiente TLC entre Colombia y los EEUU. Pese a que Colombia y los EEUU firmaron un Plan de Acción Laboral en abril que dice que inspectores van a investigar la situación laboral donde operan las cooperativas de trabajo asociado (CTAs) en industrias incluyendo la portuaria, las investigaciones sobre los abusos dentro de esta industria no parecen haber avanzado. Poco se sabe en el ámbito público del trabajo de estos inspectores y sus investigaciones.
ACSN recomienda que la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR) y políticos estadounidenses pidan a las autoridades colombianas garantizar que los inspectores están tomando acciones acerca de los abusos de derechos laborales en el sector portuario y que todas las amenazas en contra de la Unión Portuaria y sus trabajadores sean investigadas.
Afrocolombianos en el norte del Cauca y Bogotá
En el mes de julio activistas afrocolombianos que residen en o trabajan sobre la temática del norte del Cauca recibieron amenazas de muerte. José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN), recibió amenazas de muerte vía texto en su celular. Armando Caracas Carabali, activista del PCN quien reside en el norte del Cauca recibió una serie de llamadas amenazantes, y hombres desconocidos intentaron entrar a su casa mientras que su esposa e hijo estaban ahí. Aníbal Vega, el representante legal del consejo comunitario de la Toma también recibió una amenaza de muerte que mencionó su postura en contra de la minería ilegal en la zona: “ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben”.
Todas las victimas de amenazas han denunciado estos incidentes a las autoridades apropiadas. En una reunión el día 21 de junio con el vice ministro Idagorry del Ministerio del Interior y Justicia, varias organizaciones afrocolombianas expresaron sus preocupaciones y pidieron que se les otorguen medidas de protección. En otra reunión que sucedió el día 25 de julio con Oscar Gamboa, Vanessa Palomeque (Directora de Asuntos Afrocolombianos del Ministerio del Interior y Justicia), dos representantes del Ministerio de Defensa, y Sandra Narváez (Programa Presidencial de Derechos Humanos), PCN reitero sus preocupaciones. Pese a las denuncias escritas y públicas de los líderes afrocolombianos donde han pedido protección, el Ministerio del Interior y Justicia todavía no les ha otorgado medidas de protección.
COPDICONC en Cali
El 13 de julio, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) en la ciudad de Cali. Los hombres asaltaron al representante legal y otro miembro de COPDICONC. Ellos acusaron a los mismos de ser miembros de las “guerrillas” mientras que los abusaron físicamente y demandaron que ellos les indican de qué grupo guerrillero ellos formaban parte. Los hombres robaron computadoras, un equipo de grabación, discos duros y otros materiales conteniendo información sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra afrocolombianos. Ese mismo día, tres hombres entraron por fuerza a la casa del Presidente de COPDICONC.
El 8 de agosto, la campaña Somos Defensores lanzo un informe que dice que “en promedio, entre enero y junio de 2011, cada día y medio fue agredido un defensor(a).” El mismo informe indica que 29 defensores fueron asesinados y unos 145 agredidos o amenazados entre enero y junio de este año. ACSN opina que Estados Unidos no debería avanzar con un Tratado de Libre Comercio con Colombia mientras que un número tan alto de activistas afrodescendientes, defensores de derechos humanos y sindicalistas siguen siendo asesinados, amenazados y atacados.
Les urgimos a Uds. que por favor tomen los siguientes pasos para proteger las vidas y los derechos de los afrocolombianos:
- Llamen a sus congresista/senadores comunicándose por el sistema telefónico del capitolio al numero (202) 224-3121 e insistir que el/ella vote NO acerca del TLC entre Colombia y los EEUU y pedir a el/ella que hagan cabildeo para que Colombia tome pasos fuertes para proteger lideres, comunidades y activistas de derechos laborales afrocolombianos.
- Manden un coreo electrónico al Embajador Michael McKinley (AmbassadorB@state.gov) en Bogotá expresando sus preocupaciones acerca de los casos involucrando a afrocolombianos que se encuentran en este comunicado y recomendar que la Embajada de los Estados Unidos debería tomar acción para proteger a los afrocolombianos e investigar las violaciones cometidas en contra de ellos.
Para mas información, favor contactar a Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA, gsanchez@wola.org o (202) 797-2171.
* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) participa como observador internacional.
Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)* Urgent Action
Take Action to Protect Afro-Colombian activists, religious leaders and trade unionists
The Afro-Colombian Solidarity Network strongly denounces the following security incidents that have taken place in Afro-Colombian communities since July:
Curbaradó and Jiguamiandó (Chocó)
Last week, two persons from the communities of Curvaradó and Jiguamiandó, Everto González and Francisco Pineda, were presumably disappeared and their whereabouts remain unknown. Another 32 members of these communities are facing death threats. Among those threatened is leader Enrique Petro who has provisional measures of protection from the OAS. In this area, paramilitaries continue to act with impunity despite the presence of members of the Army’s 17th Brigade, who have taken no action against the estimated 300 paramilitary troops who have been seen repeatedly in the locality in recent weeks. Paramilitaries have allegedly planted 10 hectares of coca in these collective territories in the past five weeks and the 17th Brigade is neither searching nor apprehending paramilitaries who regularly transport coca through Army checkpoints. Paramilitaries are also offering youth 800,000 pesos to join their ranks. If the youths refuse their lives are threatened and they are forced to flee the area. This scenario is generating drop by drop displacement of the locals. The Minister of Defense has yet to comply with requests by NGOs and the community to establish, in consultation with the communities, an Integral Protection Plan which coordinates Army and Police action at the highest level.
Afro-Colombians of COCOCAUCA (Guapi, Cauca)
On August 6, paramilitaries murdered Jose Maria Cadena (33 years old) the brother of an Afro-Colombian leader who formed part of COCOCAUCA. Mr. Cadena was detained by paramilitaries while he was traveling via boat on the Guapi River from the Bellavista community (Community Council of lower Guapi) to the urban municipality. Men who identified themselves as paramilitaries forced him to get off the boat, tied his hands behind his back and proceeded to brutally kill him. After Mr. Cadena’s murder fifty families from the Sanson community (approximately 300 persons) became internally displaced to Guapi. COCOCAUCA reports that as of August 8, the local authorities had not recognized these persons to be internally displaced and that Accion Social has not visited these IDPs. ACSN is greatly concerned of reports that a paramilitary checkpoint exists in this area given that it is a place regularly patrolled by the Colombian armed forces. We urge the Colombian authorities to formally recognize those displaced due to paramilitary activity and to provide them with humanitarian assistance.
Catholic Church in Chocó
On July 29, unknown persons broke into the home of a member of the Dioceses of Quibdó and proceeded to steal a computer, two external hard drives, a USB memory stick and a mobile internet device. These items contained sensitive information pertaining to human rights cases involving victims of the violence and displacement and ethnic minority organizations. This is the second robbery of this sort to take place targeting members of the Dioceses of Quibdó this year.
Port Union of Buenaventura (Valle del Cauca)
On July 24, John Jairo Castro Balanta and Elizabeth Cuero Badillo, the directors of the Buenaventura Port Workers Union, received death threats via cellular phone texts. These messages stated the following: “If you the (people from the) Port Union continue to create problems you will find out what you have not yet lost” and “If you (the people from the) Port Union continue to create problems and denounce things you will die in a mortuary union.”
ACSN is particularly concerned about Mr. Balanta’s safety. He recently visited the United States in an AFL-CIO sponsored delegation to talk to U.S. policymakers about the poor working conditions that Buenaventura port workers are subjected to and the port workers’ concerns about the pending U.S.-Colombia FTA. Despite the fact Colombia and the U.S. signed a labor action plan in April that calls for labor inspectors to investigate the situation faced in industries including ports where labor cooperatives (CTAs) operate, investigations against abuses committed in this industry do not appear to have moved forward. Little is publicly known about these labor inspectors’ actions and investigations. ACSN recommends that USTR and U.S. policymakers urge the Colombian authorities to guarantee that the labor inspectors are taking action on the labor rights abuses committed in the port industry and that all threats against the Port Union and workers are investigated.
Afro-Colombians in Northern Cauca and Bogotá
During July, Afro-Colombian activists, those residing in and working on Northern Cauca, received death threats. Jose Santos Caicedo, member of the National Coordination Team of the Black Communities’ Process (PCN), received such threats via text message on his cell phone. Armando Caracas Carabali, a PCN activist residing in northern Cauca, received a series of threatening calls and unidentified men tried to enter his home while his wife and daughter were at home. Aníbal Vega, the legal representative of La Toma’s Community Council, also received a death threat that referenced his opposition to illegal mining in the region. The perpetrator of the threat stated: “You people from the Community Council are the ones opposed to the machines working in the Ovejas River. The bumps in the road must be removed so that they don’t disturb progress.”
All death threat recipients denounced these incidents to the appropriate authorities. At a meeting on June 21 with Vice-Minister Idagorri of the Ministry of Interior and Justice, several Afro-Colombian organizations expressed their concerns and requested protective measures. At a meeting on July 25, PCN reiterated their concerns with Oscar Gamboa, Vanessa Palomeque (Director of Afro-Colombian Communities’ Affairs for the Ministry of Interior and Justice), two representatives of the Ministry of Defense, and Sandra Narvaez (Presidential Program for Human Rights). Despite these leaders’ verbal and written requests for protection, the Ministry of the Interior and Justice (MIJ) has still not provided them with protective measures.
COPDICONC in Cali
On July 13, two armed men broke into the offices of the Council for the Integral Development of Black Communities of the Western Mountain Chain of Nariño (COPDICONC) in the city of Cali. The men assaulted the legal representative and another member of COPDICONC. They called the members “guerrillas” as they physically abused them and demanded to know what guerrilla group they belonged to. The men stole computers, recording equipment, cellular phones, hard drives, and other material with sensitive information regarding human rights violations against Afro-Colombian communities. That same day, the home of the president of COPDICONC was broken into by three men.
On August 8, the We Are Defenders campaign released a report that states that “on average, between January and June 2011, a human rights defender was attacked or threatened every day-and-a-half.” According to this campaign, 29 defenders have been assassinated, and 145 attacked or threatened from January-June of this year. ACSN believes that the United States should not move forward with a Free Trade Agreement with Colombia when such a high number of Afro-Colombian activists, human rights defenders and trade union activists continue to be killed, threatened and attacked.
We urge you to please take action to protect the lives and rights of Afro-Colombians by:
-Calling your Representative/Senator by phoning the capitol switchboard at (202) 224-3121 and urging him/her to vote NO on the U.S.-Colombia Free Trade Agreement and to advocate for Colombia to take bold steps in protecting Afro-Colombian leaders, communities and labor activists.
-Sending an email to Ambassador Michael McKinley in Bogotá at AmbassadorB@state.gov to express your concerns about the Afro-Colombian cases listed above and recommending that the U.S. Embassy take action to protect Afro-Colombians and investigate the abuses listed above.
For further information, please contact Gimena Sanchez-Garzoli of WOLA at gsanchez@wola.org or (202) 797-2171.
*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) serves as an international observer.
