Una de las principales apuestas para el desarrollo del país en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es la que él mismo ha denominado como la locomotora de la minería. Sin embargo, pese a las ambiciosas pretensiones del Ejecutivo, una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) deja en evidencia el desorden institucional que existe en este sector y cómo se están generando pérdidas millonarias en los recursos que debe recibir el Estado por cuenta de las regalías.
La auditoría de la CGR fue realizada a siete empresas del sector minero y energético y una de extracción de metales preciosos: Carbones del Cerrejón Limited, Carbones del Cerrejón Zona Norte, Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., Carbones El Tesoro, Cerromatoso y Anglo Gold Ashanti. Esta última, de acuerdo con el informe, “es la mayor beneficiaria de titulación minera en el tema de oro y ha venido generando incertidumbre porque sus proyectos en zonas de restricción ambiental están afectando las reservas de agua y generando debilidad en el subsuelo colombiano”.
Uno de los temas críticos de la investigación tiene que ver con las deficiencias en materia de fiscalización, vigilancia y control por parte de las entidades estatales, pues cada una de ellas cumple con sus funciones de forma aislada y no cuentan con un sistema de información que permita realizar consultas claras de reportes de producción. Como consecuencia de estos vacíos en el debido control, el Estado estaría dejando de recibir ingresos por vía de impuestos.
Hoy, la fiscalización de la producción de hidrocarburos se encuentra supeditada a la aprobación de eventuales informes de las empresas explotadoras y el Ministerio de Minas y Energía cuenta con una precaria nómina de sólo ocho personas para hacer estas inspecciones. Además, las auditorías externas no son rigurosas, porque en los puntos visitados no hay líderes de medición nombrados en propiedad.
Estas falencias fueron reconocidas por el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien dijo: “Con el crecimiento que ha tenido el sector, uno de los grandes retos es asegurarnos de que las empresas cumplan con todas sus obligaciones. Tenemos mucho por hacer y en este momento estamos contratando dos firmas de auditoría especializada para que nos ayuden a hacer la fiscalización y también vamos a reforzar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la encargada de cumplir esa labor en el caso de explotación petrolera. Tenemos que reforzar la fiscalización y asegurar que las empresas paguen lo que les corresponde”.
En el seguimiento a Anglo Gold Ashanti también se generaron dudas por parte de la CGR. En especial por falta de claridad en información, composición accionaria y monopolio de titulación minera, sobre todo si se tiene en cuenta que hoy tiene más de 7.000 hectáreas de explotación en 11 departamentos. Aún más, resalta el informe, se estarían presentando casos de la llamada ‘puerta giratoria’, a través de la cual empleados del sector público, con información privilegiada, terminan en empresas privadas.
De acuerdo con el informe, es tal el descuido frente a los estados financieros de esta empresa que, de acuerdo con la normatividad, en 2010 sus pérdidas superaron los $312 mil millones y su patrimonio es de $21.146 millones. De conformidad con el Código Minero, “la incapacidad financiera que impida cumplir con las obligaciones contractuales y el no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas” pueden ser causales de caducidad de los contratos.
Frente a los señalamientos planteados, Rafael Herz, presidente de Anglo Gold Ashanti, afirmó: “En Colombia el negocio de la explotación minera es libre, al que primero se presenta, primero se le entrega. No existe monopolio. El país ha dado la bienvenida a empresas que están dispuestas a tener pérdidas millonarias en el proceso de exploración y es sabido que nuestra casa matriz tiene la suficiente solidez económica para mantener un elevado nivel de gastos”.
El contralor delegado para el sector de minas y energía, Leonardo Arbeláez, insistió en aquellos casos de la ‘puerta giratoria’ que no son necesariamente violación a la norma, pero “no es conveniente que se presente el paso de funcionarios que poseen información privilegiada favoreciendo al sector privado”. Así estaría sucediendo con Luisa Fernanda Aramburo, Juan Villaruel, Liliana Alvarado y Mario Ballesteros, quienes trabajaron con el Estado y ahora están vinculados con Anglo Gold Ashanti.
Al respecto, Herz contestó que la información de la Contraloría es errada y que el único funcionario de la empresa Anglo que trabajó con el Estado fue Juan Villaruel, pero en la actualidad está trabajando en temas sociales no ligados a la exploración.
En materia de explotación de carbón e hidrocarburos hay otras falencias: falta de seguimiento por parte de las entidades estatales y de claridad en los reportes de las empresas explotadoras. A juicio de la CGR, los contratistas evaden además sus compromisos tributarios o compensatorios en detrimento del Estado. Asimismo, existen “hechos jurídicamente consolidados sobre los cuales se hace un llamado de atención para que sean corregidos y evitar pérdida de ingresos por concepto de renta minera”.
La Contraloría detectó que los beneficios tributarios que se otorgan por ley a las multinacionales explotadoras de recursos, por falta de claridad en la normatividad se estarían dando por bienes que se deprecian, intangibles o derechos mineros adquiridos. “No se comprende cómo el Estado termina indirectamente pagando parte de las regalías, cuando el explotador solicita como deducción tanto el pago de las regalías, como el costo de producción, disminuyendo así el impuesto a pagar”, señala el informe de la Contraloría.
Este llamado de alerta ya lo había realizado el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, en un debate realizado en el Congreso, en el cual advirtió una serie de irregularidades: “El costo de nómina reportado (2009-2010) pasó de $58 billones a $92 billones, lo que no concuerda con las cifras de desempleo o el aumento de los sueldos”.
Ortega también planteó que se reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial, se disfrazan de legítimas importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador, incluyen estas transacciones como activos fijos que usan para la deducción especial, inflan los costos de los servicios contratados para disminuir la base gravable y no hay información clara disponible en sus estados financieros”.
El resultado del informe no plantea un panorama halagüeño, pues fueron hechos 30 hallazgos administrativos, ocho con alcance disciplinario, y se dio traslado de seis casos a la Superintendencia de Sociedades y ocho a la DIAN. Sin embargo, la apuesta del gobierno está hecha y en el Plan de Desarrollo la minería es un eje central en materia de crecimiento, desarrollo y reducción del desempleo. De hecho, ha sido asignado el 17% de la inversión para el cuatrienio.
Así lo ratificó el presidente Santos en el primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala, en el que señaló: “Nadie puede negar que estamos en pleno ascenso minero y que vamos a buena velocidad. Somos el mayor productor de carbón en América Latina y a nivel mundial somos el décimo productor y el sexto exportador”. En 2011 Colombia alcanzó la cifra récord en producción al llegar a casi 86 millones de toneladas de carbón.
El presidente Santos cuenta con la locomotora de la minería como principal herramienta de apalancamiento para el desarrollo económico y social. Sin embargo, el informe de la Contraloría deja en evidencia que se requieren inspecciones de fondo para el buen funcionamiento de este sector, que parece estar fuera de control.
Tomado de ElEspectador.com
