Por segunda vez la Corte Constitucional tuvo que pedirle al fiscal general, Eduardo Montealegre, que entregue los informes que requiere esa corporación para hacerle seguimiento a la sentencia de 2004 mediante la cual se declaró un estado de cosas inconstitucional por cuenta de la grave crisis humanitaria que enfrentaban, y siguen enfrentando, los desplazados del país. Los días 2 y 28 de abril la Sala Especial de Seguimiento de la Corte a esa sentencia, le había notificado al ente acusador que debía informar sobre los avances en las investigaciones por los crímenes ejecutados en Buenaventura y el Bajo Atrato, «sin que la aludida entidad haya remitido ningún documento al respecto».
Teniendo en cuenta las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas por diferentes organismos en Buenaventura (Valle del Cauca), la Corte le había pedido al fiscal notificar acerca de «las denuncias que se han presentado sobre hechos de desapariciones, homicidios, amenazas, torturas, reclutamiento forzado, actos de violencia sexual y desplazamientos forzados en el municipio de Buenaventura», así como «las investigaciones iniciadas y adelantadas para identificar y sancionar a los responsables de esos hechos», pero no obtuvo respuesta.
Igualmente, tras conocer el asesinato de Jesús Adán Quinto, líder de desplazados y reclamantes de tierras del Chocó, la Corte le solicitó en abril de este año a la Fiscalía «un informe actual y detallado de resultados sobre investigaciones relativas al delito de desplazamiento forzado y conexos en la región que comprende las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó (Chocó); así como agilizar el trámite de las que se encuentren rezagadas», lo que tampoco ocurrió.
Por eso, el alto tribunal solicitó nuevamente «al señor fiscal general de la Nación para que, con el apoyo de sus unidades nacionales para la Justicia y la Paz y contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados, remita a esta Sala Especial de Seguimiento los informes solicitados». Como fue notificado el pasado martes, el fiscal tendrá hasta el próximo 23 de junio para responderle a la Corte.
En los últimos meses la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la crítica situación de violencia que enfrenta el puerto de Buenaventura. En noviembre de 2013 la Defensoría aseguró que en la comuna 4 de ese municipio había presencia de grupos armados sin identificar y que en la comuna 12 se habían desplazado al menos unas 4 mil personas por cuenta de la confrontación armada entre las organizaciones criminales La Empresa y los Urabeños, que se disputan el control social del puerto, el negocio del tráfico de drogas y las rentas ilegales provenientes de la extorsión. Así mismo, en marzo de este año la Defensoría aseguró que en el corregimiento Bajo Calima se desplazaron 427 personas por culpa de los combates entre las Farc y la Infantería de Marina.
En su informe titulado «La crisis en Buenaventura», publicado a comienzos de este año, la ONG Human Right Watch aseguró que «las autoridades no han protegido a la población frente a los grupos sucesores de paramilitares. Los residentes de algunas zonas de la ciudad donde la Empresa o los Urabeños ejercían fuerte poder indicaron que había poca presencia policial en sus barrios. Más preocupante aún, varios residentes señalaron haber visto a policías reuniéndose con grupos sucesores (de los paramilitares)». Estas denuncias están siendo investigadas por las autoridades.
Igualmente, la situación de los desplazados del Bajo Atrato chocoano es crítica, teniendo en cuenta los intereses que existen sobre los territorios colectivos que hoy reclaman. Según distintas investigaciones de organizaciones de derechos humanos y de la propia Fiscalía, los paramilitares, aparentemente con la colaboración de miembros del Ejército, ejecutaron homicidios selectivos, desplazamientos forzados masivos y otros crímenes con el fin de desarrollar un ambicioso proyecto agroindustrial de palma aceitera y controlar las salidas fluviales hacia el Pacífico.
Asentados en distintos municipios del Urabá antioqueño y chocoano, muchos de los líderes de esas comunidades sufren constantes presiones de las bandas criminales para que no impulsen procesos de reclamación y restitución de tierras. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informó hoy que continúa la apropiación ilegal de las tierras de Curbaradó y Jiguamiandó, lo cual “refleja el gran poder ilegal de los empresarios palmeros, ganaderos y bananeros contra los derechos de las comunidades”.
De ahí que el alto tribunal le solicite al Fiscalía avanzar en las investigaciones sobre estos crímenes y entregar resultados. El próximo lunes se sabrá si el ente acusador finalmente le respondió a la Corte, que desde 2004 viene insistiendo en la necesidad de restablecer los derechos de los desplazados del conflicto armado que hoy ascienden a 5,5 millones, según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del gobierno.
