Legislar en su propio beneficio fue la nota característica de este desastre institucional que afortunadamente a última hora, y por la presión de los medios de comunicación y sectores sociales, se logró detener por intervención del Presidente de la República, con lo cual se evidenció de manera contundente el marcado presidencialismo existente en nuestro país, que no permite que haya de manera auténtica el debido contrapeso de las tres ramas del poder, propio de una verdadera democracia.
La ilegitimidad del Congreso, con excepción de los congresistas que desde el comienzo se abstuvieron de participar en dicho proceso de la llamada “reforma de la justicia”, está evidente, la sociedad no puede seguir siendo espectadora, debe ser activa en la exigencia, mediante hechos de aplicación del derecho, que conduzcan a la eventual revocatoria de su mandato y que pueda surgir una legislatura que realmente represente los intereses del conjunto de la sociedad, buscando el bien común.
Pero en todo este panorama los que siguieron perdiendo fuimos todos los colombianos y colombianas, pues no tenemos acceso diáfano y eficaz a la justicia, pues continúan los hechos de condenas tan absurdas, como por ejemplo, la de un “ladronzuelo” de elementos de comida, que fue conde- nado a 6 años de cárcel, mientras los perpetradores de crímenes de lesa humanidad solo pagarán 8 años, y muchos de ellos ni siquiera han sido vinculados a procesos judiciales.
Esta impunidad somete a una prolongada revictimización a quienes son objeto de las más altas graves violaciones de los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Realidad ésta que seguimos observando en el departamento de Chocó, como lo evidencia la información que se ofrece en este informe 2011-2012.
No queremos seguir siendo quienes registran esas violaciones, sino además de quienes puedan ver que nuestras denuncias se transforman en hechos que logran JUSTICIA, basada en la VERDAD y en la realización de auténtica REPARACIÓN. Por eso invitamos a las víctimas y a sus organizaciones a que no perdamos la esperanza, que el trabajo por la justicia será el que nos debe guiar como aporte a la construcción de la paz, como se viene planteando en la Agenda Regional de Paz.
Para que sigamos logrando la aplicación de la justicia debemos seguir afirmando nuestra memoria individual y colectiva, pues nuestras víctimas no pueden haber muerto ni sufrido violaciones a los Derechos Humanos, de manera inocua, no, su sangre y su dolor nos convocan a una memoria sanadora que sirve de base para la aplicación de la Justicia, como lo hicimos en el mes de mayo con la conmemoración del “Crimen de Guerra” cometido el 2 de mayo de 2002 en Bellavista Bojayá.
Esta memoria es lo que hacemos los cristianos cada vez que celebramos la eucaristía, pues en ella actualizamos el mandato de Jesús, “Hagan esto en memoria mía”, y en su memoria reafirmamos nuestra opción por la Defensa de la Vida.
Comisión Vida, Justicia y Paz Diócesis de Quibdó.