“Sin verdad no hay justicia”, decía una pancarta a la entrada de la Casa de la Cultura de Tumaco donde la semana pasada se reencontraron los habitantes de este municipio con los ex jefes paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes ordenaron todo tipo de atropellos contra los tumaqueños. El encuentro hizo parte de una audiencia previa a la sentencia en la que las víctimas exponen cuáles son sus principales demandas de verdad justicia y reparación.
Lo que hasta ahora han dicho los desmovilizados es que este grupo paramilitar llegó a Tumaco por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño con el fin de arrebatarle a la guerrilla el control del narcotráfico y se financiaron con recursos de ese negocio. Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, quien comandó este grupo armado, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 para que respondiera en ese país por delitos relacionados al tráfico de estupefacientes.
Las víctimas en este puerto sobre el Pacífico quieren conocer, con nombre propio, quiénes fueron los principales auspiciadores de este bloque, pero no solo de los narcotraficantes que contribuyeron a financiarlo, sino los miembros de la Fuerza Pública, empresarios y políticos que actuaron mancomunadamente con los paramilitares. “Yo acepté este proceso porque quería saber la verdad sobre los autores intelectuales, pero estoy desanimada porque no he tenido la verdad”, aseguró una de las asistentes a la audiencia.
Gustavo Girón Higuita, Obispo de Tumaco, le preguntó una vez más a ‘Pablo Sevillano’ si los paramilitares fueron apoyados por alguna institución. “Nosotros hemos contado cómo nos tomamos el territorio: no tuvimos la ayuda de instituciones, agentes del Estado o gremios industriales y comerciales, no contamos con esa ayuda”, respondió el ex paramilitar a través de videoconferencia desde una cárcel de Estados Unidos.
La respuesta no cayó bien entre los asistentes, sobre todo porque algunas víctimas habían relatado hechos en los que, al parecer, hubo participación y complacencia de miembros del Estado. Clara*, hermana de una de las víctimas, relató que a su casa llegó una camioneta de la Armada Nacional y se llevó a su familiar. Una hora después les avisaron que en una calle de Tumaco habían tirado el cadáver de su hermano.
Sobre el asesinato de Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, perpetrado el 19 de septiembre de 2001, Pérez Alzate no dio más información que la que ya había mencionado en anteriores versiones. El ex jefe paramilitar ha dicho que dio la orden de matarla porque era “marxista y proclive a las tesis de la guerrilla” y tenía supuestos vínculos con el Eln.
Pero la versión de las personas que conocieron a la hermana Yolanda es muy diferente. Para los paramilitares eran inconveniente las denuncias que hizo sobre la complicidad de la Fuerza Pública en sus acciones. Pocos meses antes de su asesinato, la religiosa escribió una carta pública donde decía que “algunos miembros de la Policía, del DAS, de la Base de Entrenamiento de la Marina habrían colaborado en los asesinatos selectivos por la acción y omisión. Asimismo es admitido que algunos comerciantes y palmicultores, la gran mayoría de ellos no nativos, colaboran con dinero para el financiamiento de los paramilitares”. (Ver Las preguntas detrás del asesinato Yolanda Cerón)
Yolanda Cerón estuvo comprometida con la titulación de los territorios de las comunidades afrodescendientes. “Ella estuvo totalmente entregada a la organización de los consejos comunitarios, a la defensa del territorio en base a la Ley 70 y a la ayuda de los más necesitados”, dijo una representante de un consejo comunitario en Tumaco. Agregó que el argumento de alias ‘Pablo Sevillano’ era inaudito.
La hermana de la religiosa intervino y exigió la verdad: “mi anciano padre de 92 años no quiere morir porque quiere saber la verdad del asesinato de su hija. Lo que los postulados dicen no es la verdad. Le pido a la Fiscalía que investiguen bien porque esto no se puede quedar así. Siento que los postulados no están arrepentidos y no hay reparación posible para esto”.
Jorge Enrique Ríos Córdoba, alias `Sarmiento`, quien fue el segundo al mando del grupo paramilitar, aceptó que la Fuerza Pública y la Fiscalía conocían de su presencia en la zona, pero dijo que no tenían nexos con altos mandos.
“Teníamos vínculos directos con policías rasos, pero no de manera directa con toda la Fuerza Pública de la región. No deberíamos haber llegado hasta donde llegamos si la Fuerza Pública hubiera actuado como debía. La Fuerza Pública, la Fiscalía sabía de nuestro actuar, por eso creo que todo el Estado, Policía y Fiscalía estaban involucrados”, precisó alias ‘Sarmiento’ y agregó que luego de la muerte de la hermana Yolanda se capturaron algunos paramilitares.
Los desmovilizados se han referido a vínculos con militares y políticos en el caso de Pasto, Ipiales, Llorente y otros municipios de Nariño, pero en el caso de Tumaco la información es escasa. (Ver: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras: Sevillano)
Investigación no avanza
Las víctimas no solo están inconformes con las versiones de los postulados, también con la lenta y escasa investigación de la Fiscalía en algunos hechos. Tal es el caso de Piedad*, una mujer que quedó viuda porque los paramilitares asesinaron a su esposo a mediados de 2002. La víctima aseguró que ella y su familia están en el proceso de Justicia y Paz para conocer quiénes estuvieron detrás de la muerte de su esposo, porque sabe que su pareja no tenía vínculos con la guerrilla, como lo ha repetido una y otra vez alias ‘Sarmiento’.
Pero 12 años después de la muerte de su esposo, alias ‘Sarmiento’ no ha cambiado su versión y la Fiscalía no ha avanzado en otras investigaciones. “¿El proceso va a llegar al final a sabiendas de que no se ha dicho la verdad?”, le preguntó la víctima a la magistrada.
En este caso el fiscal encargado del caso explicó que la Unidad de Justicia y Paz no lleva las investigaciones sobre terceros que no hayan sido paramilitares y que en este caso la investigación pasa a manos de otro fiscal en la justicia ordinaria. Sin embargo, la magistrada le recordó que debe hacerse seguimiento a estas investigaciones
“Para mí lo más triste es que la justicia se quedó con la versión de ellos y no entró más allá a investigar la verdad. Para la justicia es un éxito saber quiénes fueron los causantes directos de los hechos, pero para el pueblo tumaqueño eso no es un éxito, queremos saber quiénes fueron los verdaderos asesinos”, dijo otra de las víctimas
En la mayoría de los casos los desmovilizados se limitaron a decir que mataron a las víctimas porque les informaron que se trataba de supuestos colaboradores de la subversión. Nunca aceptaron ser ellos mismos quienes señalaron a las víctimas, sino que se refirieron a ex paramilitares que están muertos o no están postulados a la ley de Justicia y Paz, como Alberto Castillo, alias ‘Paraquito’, y José Manuel Landázuri, alias `Manuel`.
Muchos de las víctimas solo se acercaron a la Casa de la Cultura porque quieren que los paramilitares dejen de decir que sus familiares tenían vínculos con la guerrilla. Algunas de estas personas recordaron cómo los ‘paras’ mataron a sus familiares solo por robarles sus pertenencias, por haber chocado con uno de sus carros o porque el jefe del grupo se emborrachó y empezó a disparar.
No obstante, en las versiones han dicho que todos ellos eran supuestos colaboradores de la subversión. “Haga lo que haga, diga lo que diga, las palabras de nosotros se ve que no son validas, le creen más a esos delincuentes que a nosotros, si ellos dicen la mataron por guerrillera, entonces resulta que la mataron porque ella era guerrillera”, dijo la hermana de la una de las víctimas.
El miedo que no cesa
Una de las mayores sorpresas para algunos de los asistentes cuando llegaron a la Casa de la Cultura fue encontrarse de frente con sus victimarios, muchos no los veían desde antes de la desmovilización del grupo, en junio de 2005. Varias víctimas aseguraron que de haber sabido que se iban a encontrar con los ex paramilitares no habrían asistido. Casi todas coincidieron en que aún temen por su vida.
A pesar de eso se atrevieron a enfrentar sus miedos y hablar con los postulados. “Yo no quería venir y tenía miedo de hablar, pero es que Tumaco era un remanso de paz hasta que llegaron estos delincuentes, y yo me dije: ‘por eso estamos como estamos porque toda la vida nos hemos quedado callados y eso no debe ser así’. Si me pasa algo es cosa que asumo”, dijo uno de los presentes.
Algunas víctimas no querían hacer señalamientos directos a terceros y entre llantos repetían que ellas no estaban acusando a nadie y que esperaban que no hubiera represalias. “Ese miedo se explica porque la violencia en Tumaco no se ha acabado y desde la desmovilización surgieron otros grupos, especialmente ‘los Rastrojos’, a los que se han vinculado muchos miembros de las Auc que no se desmovilizaron”, dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoce de cerca la problemática de la región. (Ver:Un puerto anclado en el silencio)
Una de las víctimas que asistió a la audiencia contó que su hijo fue reclutado cuando era menor de edad en una vereda cercana a Tumaco y se desmovilizó con el grupo en 2005. Cuando regresó a la zona lo buscaron los miembros de las nuevas bandas criminales para que volviera a delinquir, pero él se negó. Luego de un tiempo el joven desapareció en un retén que al parecer instalaron ‘los Rastrojos’.
El obispo de Tumaco también contó que después de la desmovilización y hasta el 2013, la Pastoral Social ha sido amenazada en nueve oportunidades por ‘los Rastrojos’ y una por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos también como ‘los Urabeños’, otro grupo que surgió después del desarme de las Auc.
Otros temen porque los verdaderos autores intelectuales son narcotraficantes, empresarios o miembros de la fuerza pública que no están tras las rejas y aún se encuentran en el municipio.
El liderazgo entre las víctimas también está debilitado después de que el pasado 2 de diciembre de 2013 asesinaron en Tumaco a Miller Angulo, representante de la Mesa Departamental de Víctimas. “Ninguno de los líderes de la Mesa del municipio asistió a la audiencia, muchos tienen amenazas y tienen miedo, entonces prefieren mantener por ahora un bajo perfil”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que asistió a la audiencia.
Las secuelas de las masacres
Las víctimas recordaron el crimen conocido como la ‘Masacre del kilometro 28’, ocurrida el 11 de octubre de 2000, cuando un grupo paramilitar llegó a una esquina del pueblo donde los vecinos se reunían a jugar dominó y parqués, y disparó indiscriminadamente. Cuatro personas murieron en el sitio. Cuando los vecinos se asomaron a ver qué había sucedido los ‘paras’ dispararon nuevamente y dejaron heridas a otras siete personas.
“En esa masacre mataron a un sobrino que quería mucho, al hijo de una prima hermana; mi hija y dos sobrinos resultaron heridos. Mi familia fue la que más se fue a más se vio afectada y desde ese día nuestra vida cambió para siempre”, dijo una de las mujeres que asistió a la audiencia.
Milena*, la hija de esta mujer, relató que solo tenía 19 años cuando resultó herida, luego de esto tuvo que pasar dos meses hospitalizada y un tiempo en silla de ruedas. En esta oportunidad asistió a la audiencia para pedir que le proporcionaran un tratamiento médico para su rodilla, pues dijo que hasta el momento no había recibido ayuda de ninguna entidad del Estado. Como Milena, acudieron tres víctimas más que resultaron heridas el día de la masacre y que no han recibido un tratamiento médico oportuno.
“Quiero saber por qué me mataron a mi marido si él era un hombre trabajador, lo único que hizo fue sentarse con unos amigos a jugar dominó”, dijo otra de las víctimas. Este episodio y el caso de otras víctimas que fueron asesinadas por equivocación recordó la crudeza que reinó en la época en que los paramilitares, bajo el mando de alias ‘Pablo Sevillano’, deambulaban por la calles de Tumaco.
Las víctimas están ahora a la espera de que sus demandas sean tenidas en cuenta en la sentencia que deberá proferir el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en los próximos meses.
