Las personas víctimas de la violencia armada (desplazados) estaban recibiendo los aportes económicos en la Estación de la Policía del municipio de López de Micay, acción contraproducente porque la zona es de alto riesgo por el conflicto armado.
Por un lado son desplazados y por otro sufren las consecuencias las decisiones arbitrarias del Estado, ya que les llego un mensaje al teléfono celular informándoles que debían reclamar los dineros por fuera de la región de la costa pacífica, cuyo tramo es vía fluvial, luego marítima hasta Buenaventura, carretera a Cali y continúa hacia el Municipio de Santander de Quilichao.
Las personas desplazadas manifestaron que hicieron sus averiguaciones y les dijeron que para recibir los aportes económicos, se debían realizar trasladar de la costa pacífica al Norte del Cauca por la situación de orden público que se estaba presentando en el municipio, ya que la estación de Policía donde recibían los dineros, estaba siendo hostigada de forma permanente, y por tanto no habían garantías para poder hacer los pagos, razón por la cual debían desplazarse hasta el municipio de Santander para que les pudiesen efectuar el aporte económico, cuyo movilidad implica unos altísimos costos.
Es por esta razón que un grupo de personas deciden concretar con el dueño de una lancha, para que les hiciera el viaje de ida y regreso hasta Buenaventura a un costo menor.
El día 4 de julio del año 2.015, las personas desplazadas que regresaban de Santander de Quilichao vía Buenaventura, rumbo a López de Micay, embarcación que además llevaba víveres, abarrotes y bebidas para la comercialización en la zona; ven atemorizados como la la lancha naufraga en alta mar.
Cuentan las personas que viajaban en la embarcación, que el mar estaba muy agitado y las olas eran muy grandes, y no se explican en qué momento la lancha se despedazó por completo dejando a la deriva a todos los pasajeros. Cuatro de las víctimas (3 mujeres y un hombre) para salvar sus vidas nadaron en medio de la gasolina que se había derramado, por consiguiente sufrieron quemaduras de alto grado en su cuerpo. Afortunadamente no hubo muertos, pero las afectaciones son graves y las pérdidas materiales superan los $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).
Es lamentable la cantidad de violación de derechos que revictimizan a nuestra población negra como grupo étnico, y que merece otra suerte distinta a la que nos brinda el Estado en su conjunto. ¿Cómo es posible que el Estado entregue los aportes económicos a 13 horas de distancia y que las víctimas tengan que recorrer López de Micay-Buenaventura-Cali-Santander de Quilichao y viceversa, para recibir unos míseros aportes?
Guapi, 8 de julio de 2015
Regional COCOCAUCA
