“Este crimen se suma a una serie de asesinatos, atentados y amenazas contra los líderes y comunidades que están luchando por la devolución de sus tierras”, dijo Christian Salazar, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Es urgente –añadió- que el Gobierno tome medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras. La Oficina está dispuesta a acompañar al Estado en esta tarea”.
El 19 de septiembre, antes de morir asesinado, Hernando Pérez participó en la ceremonia oficial de entrega de 34 títulos de propiedad a víctimas despojadas de sus tierras por parte del antiguo grupo paramilitar “Bloque Bananero”. Este acto se llevó a cabo en la vereda Nueva Colonia del municipio de Turbo y estuvo presidido por el Ministro de Agricultura. Esta entrega de títulos es parte de la política del Gobierno de restituir las tierras usurpadas por los grupos armados ilegales. La Oficina saluda esta importante iniciativa de reparación integral para las víctimas del conflicto armado.
Hernando Pérez lideraba el proceso de restitución de tierras a 25 familias de La Ceibita, que hacen parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi).
Este asesinato no es un hecho aislado ni se circunscribe al Urabá Antioqueño, sino que forma parte de un patrón de homicidios, atentados y amenazas de muerte contra líderes y familias que participan en procesos similares, como los asesinatos en mayo de 2010 de Rogelio Martínez, en San Onofre (Sucre), y de Alexander Quintero, en Santander de Quilichao (Cauca).
Al condenar con vehemencia estos hechos, la Oficina espera que una situación tan grave sea investigada apropiadamente por la Fiscalía General de la Nación para que los responsables sean juzgados y sancionados oportunamente. Así mismo, la Oficina exhorta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proteger a todas las personas involucradas en los procesos de restitución de tierras, incluidos los líderes, las comunidades y los funcionarios estatales.
Consciente de la magnitud del reto que supone diseñar, adoptar e implementar una política de restitución de tierras, la Oficina ha ofrecido al Gobierno su acompañamiento y asesoría, tanto para la protección de las eventuales víctimas como para el desarrollo de marcos normativos acordes con principios y estándares internacionales.
La Oficina expresa su solidaridad a toda la comunidad del Urabá Antioqueño, y en particular a los familiares y amigos de la víctima, así como a los miembros de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi).
