El 20 de mayo del año en curso, la Fiscalía Octava de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de Bogotá, ordenó la captura sin beneficio de excarcelación de 24 empresarios de las empresas Palmas de Curvaradó, Urapalma, Selva Húmeda, Agropalma, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá y Palmas S.A., bajo la acusación de que “se concertaron para hacer una tenaza y apoderarse de más de cinco mil hectáreas de tierras de las comunidades negras” en las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodó y en la zona del Bajo Atrato chocoano, por lo que “los procesados incurrieron, supuestamente, en los delitos de desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo en concierto para delinquir agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
En las mencionadas regiones, los paramilitares, con la complicidad del ejército, cometieron numerosos asesinatos, desplazaron al grueso de la población y la despojaron de sus tierras que fueron a parar a manos de empresas privadas, que recibieron créditos del Estado para dedicarlas al cultivo de palma africana.
Por consiguiente, la decisión de la Fiscalía General de la Nación es un primer paso en el largo y tortuoso camino de esclarecer las relaciones de los empresarios con las bandas paramilitares, castigar a los responsables de la “paraeconomía” y hacer justicia con las víctimas, pues, como los afirma el Editorial del diario El Tiempo del 24 de mayo, “la devolución de parcelas a los desplazados por la violencia paramilitar registra no solo un balance lamentable, sino un recrudecimiento de la violencia contra las organizaciones de campesinos”.
Es ampliamente conocido que los jefes paramilitares han revelado sus relaciones con numerosos empresarios nacionales y extranjeros y que las organizaciones de derechos humanos han hecho lo propio, pero hasta ahora no se había producido ninguna decisión de la justicia al respecto.
El Tribunal Internacional de Opinión, en su Declaración de Bruselas, el 17 de septiembre de 2008, “señaló específicamente el papel que han jugado las empresas transnacionales que actúan en Colombia en el conflicto y su involucramiento en prácticas violatorias de los derechos humanos, entre ellas destacan las siguientes empresas: Nestlé, Holcim, Glencore-Xtrata, Anglo American, Cartón de Colombia, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Brisa S.A., Banco BBVA y Banco Santander”.
También es sabido que la transnacional Chiquita Brands fue condenada por un juez federal de Estados Unidos al pago de un multa de 25 millones de dólares, debido a que entre 1997 y 2004 realizó pagos a una Convivir fachada de los paramilitares y que sus equipos fueron utilizados en el año 2001 para descargar armas con destino a las AUC.
El libro “Las Multinacionales Españolas en Colombia”, por su parte, denuncia que las empresas Multifruits, filial de la transnacional norteamericana Delmonte; Anglo Gold Ashanti, a través de su filial colombiana Kedahda, la Drummond y Coca-cola han estado comprometidas en múltiples hechos criminales del paramilitarismo.
Así mismo, los propios jefes paramilitares han involucrado en sus declaraciones a numerosas empresas colombianas, incluso del Estado, en el apoyo a las bandas paramilitares.
Hay, por lo tanto, suficientes elementos de juicio sobre el maridaje de numerosos empresarios nacionales y extranjeros, urbanos y rurales, con el paramilitarismo, lo que amerita una intervención a fondo de la justicia, con miras a que se conozca la verdad, se castigue a los autores intelectuales y materiales de los crímenes y se repare convenientemente a las víctimas, a fin de construir bases seguras para que la tragedia que ha vivido nuestro país no vuelva a repetirse.
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República
Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2010
