¿Es una noticia buena o mala? En Colombia siempre ha habido minería. Algunos de los íconos de nuestra nacionalidad, como la orfebrería indígena, las esmeraldas o la catedral de sal, son resultados de esta actividad. La novedad es la anunciada expansión de la gran minería, cuyos dilemas sociales y ambientales no han sido suficientemente discutidos. Por eso la gente ya comenzó a marchar en contra de cuantiosos emprendimientos mineros. Y no se trata de un asunto que se resuelva solo con el control ambiental estándar. Las dos visiones frente a la minería del país aparecen lamentablemente radicalizadas. Esto explicado por lo importante que está en juego.
Para algunos, la gran minería es una locomotora del crecimiento económico, hoy llamado Prosperidad Democrática. No hay duda de que la gran minería tiene la capacidad de hacer crecer el Producto Interno Bruto y ampliar la actividad económica. Se sabe que la gran minería tiene el riesgo de afectar el equilibrio macroeconómico con la conocida “enfermedad holandesa”. Mejor haríamos, pues, en ahorrar gran parte del rédito minero, tema que ya lo saben y aplican en parte los economistas. Es, sin embargo, una visión relativamente simple, que aplica en muchas zonas, en donde los beneficios económicos son evidentes (aunque no se presenta en todas las regiones mineras). Los vecinos Chocó y Antioquia atestiguan esta diferencia. La historia ha probado que países con capital social pueden hacer de la minería un círculo virtuoso y mejorar el bienestar general. Canadá, Noruega y Australia son ejemplos. Pero también abundan países en los cuales las industrias extractivas de recursos naturales se han convertido en una maldición. Gabón, Nigeria y en parte Sudáfrica, son ejemplo de esto. Colombia es más compleja, aquí podríamos tener ambas situaciones.
Solo en una parte de nuestro territorio las condiciones podrían alistarse para hacer de la minería una palanca hacia el bienestar.
En los territorios todavía solo parcialmente controlados por el Estado, se debería decretar una moratoria, para no exacerbar la maldición. También es motivo de preocupación la coincidencia de áreas para minerales estratégicos, con los Andes húmedos, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Guainía. Porque el país todavía no tiene una legislación suficiente para garantizar la selección apropiada de las zonas mineras, evitar los daños irreversibles sobre el patrimonio natural y gestionar los daños no mitigables como pasivos ambientales. También es urgente dirigir las compensaciones hacia la creación de capital social y ambiental.
Más grave en el corto plazo es que las decisiones sobre grandes proyectos mineros no sean percibidas como legítimas por los potencialmente afectados, que no son pocos, como lo demostró la marcha en Bucaramanga contra el proyecto Santurbán.
El dilema no es solo entre minería legal o ilegal, o las anteriores frente a la criminal. Es en gran parte sobre el país que queremos. Sin duda la minería tiene el potencial de contribuir al salto económico. Falta probar que con ella siempre aumentará el bienestar. Está probado que tiene alto riesgo de arruinar el patrimonio natural. Son dos visiones del país, para un mismo territorio. Este es el dilema.
