En lo único que parece percibirse algún avance en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, es en las estrategias que se ingenian los corruptos para apoderarse de los dineros públicos destinados, entre otros propósitos, a garantizar la educación de los niños más pobres y vulnerables del municipio.

Aunque muchos pensaban que el tema de la corrupción en la educación quedó atrás luego del descubrimiento del millonario fraude cometido con los ‘alumnos fantasmas’ en el gobierno de José Félix Ocoró, lo que parece haber ocurrido es que el fraude se ha sofisticado. Y en la actual administración de Bartolo Valencia se acuñan nuevos términos como el ‘trasteo virtual de estudiantes’, la ‘vacuna por alumno’ y el ‘reciclaje de fundaciones’.

Nada bueno venía para los niños más pobres de Buenaventura, según la investigación que durante meses realizó El País, cuando en el 2012 y 2013 se le adjudicó millonarios contratos de educación a una veintena de fundaciones que estaban literalmente abandonadas en la Cámara y Comercio, a muchas de las cuales se les cambió el objeto social para integrarlas al Banco de Oferentes y quedarse con buena parte de los contratos, pese a que la mayoría de ellas ni cuenta con sede propia ni mucho menos colegios.

Como resultado de este invento aparecen fundaciones como Lideremos, cercana al jefe de Ampliación de Cobertura, Yaser Valencia, con una dirección inscrita en Cámara y Comercio que no coincide con la nomenclatura, que recibió dos contratos por $1.280 millones y que según su objeto social se dedica a labores como el “suministro de insumos químicos” y la “vacunación de caninos y felinos”.

Junto a ella hay otras fundaciones como Construyendo Caminos, Mujeres Emprendedoras Desafiando la Pobreza, Bendición de Dios, Héroes del Saber o Radio Fortaleza FM Estereo que ahora combinan la educación con otros objetos como la cría de peces en cautiverio, la comercialización de pollos y cerdos, el lavado de cortinas, la plomería, el procesamiento de alimentos perecederos, el ecoturismo, la cría de tatabros y guatines, e incluso, la construcción de “centros bacanales” como lo señala la Fundación Betania.

Con base en la Resolución 187 del 25 de febrero del 2013 de la Alcaldía de Buenaventura, son cerca de 8.000 alumnos, cuyo subsidio equivale a $7.200 millones, los que han quedado a merced de la tercerización que fundaciones como estas realicen con los colegios de garaje que han inundado cada calle y cada barrio del Puerto.

El tema de la cobertura es un negocio tan lucrativo en Buenaventura que cualquier casa de dos pisos, con tres cuartos, una sala y un baño es un potencial colegio para educación básica primaria, educación media o de bachillerato. No en vano, además de las instituciones oficiales y privadas, en el Puerto están funcionando en la actualidad 258 colegios de garaje contratados para ampliación de cobertura.

Lo lamentable es que en este tinglado de corrupción y favores políticos se les retiró los contratos a instituciones certificadas en calidad y con décadas de experiencia como los colegios de la Pastoral Social.

La secretaria de Educación de Buenaventura, Yenny María Angulo, aseguró que la idea con las fundaciones era buscar entidades idóneas para ofrecer el servicio educativo, “pero si alguien contrató fundaciones que no cumplen el objeto social lo hizo a título personal y no porque fuera una decisión administrativa”.

Esa persona encargada de la contratación era Yaser Valencia, exjefe de la Oficina de Cobertura, quien aseguró a El País que “cuando llegué a la entidad esto era un desastre; había una cantidad de instituciones que no cumplían las exigencias mínimas y nos tocó, de eso que estaba totalmente mal, tomar lo mejorcito y contratarlos de inmediato porque no podíamos dejar a los niños sin estudio”.

Sin embargo, varios rectores aseguran que la idea de las fundaciones era tercerizar la educación para defraudar el sistema porque por cada niño se debe pagar $90.000 mensuales y mediante las fundaciones lo que pagan son $45.000 y esa corrupción es la que llevó a que Buenaventura tenga los peores resultados en el Valle en cuanto a calidad educativa porque en los colegios de garaje no ven materias complejas como química, física o álgebra.

La ‘vacuna por’ alumno

Otra de las venas rotas por las cuales se han escapado los recursos de la educación en el Puerto, según las denuncias que recibió El País, es el “impuesto” que deberían pagar los colegios privados por cada alumno que les asignen por cobertura.

Una suerte de ‘peaje’ que el Alcalde Bartolo Valencia y la Secretaria de Educación aseguraron desconocer y que reciben como un campanazo de alerta para entrar a investigar si es cierto que esto se viene presentando.

Varios de los colegios que operan como subsedes aseguran que les están quitando por derecha $13.000 por haber sido ‘beneficiados’ con la entrega de alumnos y que, dicen, les cobra la Oficina de Ampliación de Cobertura que dirigía Yaser Valencia, uno de los financiadores de la campaña de Bartolo Valencia a la Alcaldía, según registros del Consejo Nacional Electoral.

Freddy Montaño, el representante legal de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Pacífico, que agrupa varias instituciones educativas, aseguró que “en Buenaventura se ha venido haciendo persecución política a través de los cupos educativos para los niños y se apela al soborno y el chantaje económico en contra de las instituciones educativas”.

“Nosotros nos organizamos para prestar un mejor servicio y competir con calidad; entonces mediante un crédito adquirimos pupitres y mejoramos las instalaciones. En el 2011 teníamos 959 cupos educativos, pero el Alcalde (Valencia) presintiendo que no lo acompañamos políticamente solo nos contrató 300 niños para el 2012 y como no les pagamos los $8.000 (‘vacuna’) por alumno, para el 2013 nos quitó todos los niños, negándoles la continuidad educativa y generando perjuicios económicos porque no pudimos cancelar el crédito, ni pagarles a los profesores ni cancelar las prestaciones con lo que nos llevaron a la quiebra”, dice el profesor Montaño.

Al respecto el alcalde Bartolo Valencia se mostró desconcertado con las denuncias e indicó que tiene “la tranquilidad de que venimos trabajando para mejorar sustancialmente el tema de la cobertura educativa y voy a hacer las averiguaciones porque puede que las denuncias sean falsas, pero puede ser también que haya funcionarios que nos estén metiendo goles”.

Yaser Valencia, quien dice que está siendo atacado porque llegó a desmantelar la corrupción que existía con la cobertura en administraciones anteriores, fue removido hace poco del cargo “por varias quejas en su contra”, dijo la Secretaria de Educación, aunque el alcalde Valencia indicó que fue por cambios administrativos.

El caso de Montaño no es el único. El País conoció también la situación en la que se encuentra la Escuela Popular Santa Teresita, con más de 40 años de servicio, que solo le pagaron a $27.607 por cada uno de los 163 niños que educó en el 2012. Además de que solo le cancelaron 6 de los 10 meses, la Oficina de Cobertura Educativa la dejó sin alumnos para el 2013 como represalia por haber salido a reclamar.

Ni las instituciones religiosas se han salvado de la corrupción que carcome a Buenaventura, un municipio que percibe altos recursos y que aún así mantiene uno de los niveles más bajos en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, según la propia oficina de Planeación Distrital.

“Nosotros sabíamos que los colegios de la Curia los iban a dejar por fuera de la cobertura educativa cuando monseñor Héctor Epalza empezó a denunciar las irregularidades administrativas y como va a ocurrir en el 2014, que aún no se contrata, con quienes no jugaron con la candidatura al Congreso de Hernán Sinisterra”, dijo otro rector.

Al ser abordado sobre este tema, monseñor Héctor Epalza, se mostró visiblemente desconcertado con lo que viene ocurriendo en materia educativa pero dijo desconocer las razones por las cuales no se contrató a los colegios de la curia. “Lo que creo es que no puede existir ningún tipo de calidad educativa en los colegios de garaje en Buenaventura. Los recursos de la educación se quedan en redes de poder politiqueras, pero el decir es que aquí todo va muy bien y que aquí no pasa nada”, dijo monseñor Epalza.

La secretaria de Educación, Yenny Angulo, desestimó el tema del cálculo político y aseguró que no se contrató con el colegio Hogar de la Niña porque está ubicado en medio de dos colegios oficiales muy grandes que han alcanzado a cubrir la demanda educativa.

¿Y los alumnos de la Curia?

Otra de las modalidades que, según los denunciantes, se concibió para apoderarse de los recursos de la educación es el innovador trasteo virtual de matrículas, a través del cual alumnos de instituciones privadas aparecieron en el Sistema de Matrículas, Simat, como beneficiarios de la cobertura en colegios ubicados en los confines del río Naya.

Fue allá donde aparecieron alumnos del colegio Hogar de la Niña, de la Pastoral Social de Buenaventura, lo que generó el disgusto de monseñor Epalza, quien para 2013 canceló el bachillerato.

Para este propósito la Secretaría de Educación de Buenaventura no entregó a los colegios los códigos para que cada institución inscriba a sus alumnos en el Sistema de Matrículas del Estado, Simat. En su defecto, lo que hizo fue ordenarles a todos los colegios públicos y privados que les enviara la lista de alumnos para hacer la inscripción desde la Secretaría.

Lo que encontraron después horrorizados varios rectores de colegios privados es que inscribieron sus estudiantes como si fueran beneficiarios de cobertura en colegios de zonas rurales, aprovechando que cada entidad debe enviar a la Secretaría de Educación especificado mediante anexos cuáles son los alumnos beneficiados con cobertura y cuáles no.

También en el Naya encontraron alumnos de otros colegios como el Incoilpa, que supo que estudiantes suyos no figuraban matriculados en el colegio sino en otras instituciones rurales cuando les rechazaron el auxilio de Familias en Acción a algunos acudientes.

El presbítero John Reina, de la Pastoral Social de Buenaventura, aseguró que “el trasteo de estudiantes en el Simat de una institución privada a una pública es un tema que todo el mundo lo sabe en Buenaventura pero nadie denuncia”.

Carlos Julio Quintana, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Buenaventura, recalcó que han intentado pedir audiencia con la Ministra de Educación para enterarla de lo que viene ocurriendo, “pero el problema es que aquí la educación no tiene la atención necesaria. Mejor dicho, con el Ministerio no pasa nada porque no nos escucha como institución ni como asociación de colegios y lo único que nos responden es que hablen con el Alcalde, que es el que maneja el bolígrafo y punto”.

¿Y dónde están los recursos propios de Buenaventura?

Si bien la ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró hace algunos meses que en Buenaventura se ha combatido a los alumnos fantasmas y que de tener 50.000 ahora quedan menos de 2600, lo que sí parecen ser ‘fantasmas’ desde el 2013 hacia acá son los recursos públicos que dijo tener la Administración Municipal para pagar cobertura educativa con recursos propios.

Algunos de los concejales bonaverenses consultados por El País y que pidieron la reserva de su identidad reconocieron que en la partida presupuestal del 2013 no se destinaron recursos del Municipio para el pago de ampliación de cobertura y lo que viene haciendo el alcalde Valencia es improvisando para tratar de corregir el entuerto en el que anda metido.

“El Alcalde anda improvisando con el tema de la educación y lo que ha intentado es pedirnos facultades para hacer traslados presupuestales para pagarles a esos colegios que les adeuda hasta siete meses del año anterior y que no han visto ni un peso en el 2014”, aseguró uno de los cabildantes.

Esto explica de alguna manera que haya colegios privados esperando desde hace más de un año a que les cancelen los dineros que les adeudan por cobertura y todo lo que han hecho es pagarles a cuenta gotas. Incluso, ni los colegios que prestan el servicio oficial han recibido los dineros que les adeuda la actual administración.

La religiosa Laura Inés Mena, rectora del Colegio La Anunciación, que presta el servicio de educación oficial, indicó que desde el año pasado les adeudan cerca de $200 millones y ya están teniendo problemas de funcionamiento.

“En el 2013 los dineros no llegaron a la cuenta nuestra y la comunidad que tiene la sede en Cali dice que no hemos recibido el dinero y la Secretaría asegura que ya los mandaron, mientras tanto quienes estamos sufriendo ese impacto y los inconvenientes somos nosotros, los maestros y los niños”, dijo la religiosa, quien este fin de semana le pidió a la Ministra de Educación que le dé una solución al problema y que les cancelen el dinero de calidad y de gratuidad.

La Secretaria de Educación dijo que ella tenía entendido que ese dinero a las religiosas ya lo había pagado Yaser Valencia y que no tiene datos precisos.

Sobre los colegios privados a los que no les han cancelado, el alcalde Valencia aseguró que en un acto de responsabilidad para no dejar a miles de niños pro fuera del sistema se vienen contratando con recursos propios, “pero esos recursos y esos recursos han presentado una debilidad y por eso no es hemos colgado con el pago y algunos contratistas creen que nos hemos robado el dinero, pero no saben que esto no son recursos del Sistema de Participaciones”.