El 13 de agosto se conoció la noticia de que Carmen Elisa Mora, líder U’wa de 31 años y cuatro meses de embarazo, había sido asesinada.
A los pocos días fue encontrado el cuerpo sin vida de Jaime Reyes, de 34 años, miembro del cabildo La Esperanza, de la etnia Sikuani. Una semana después, el 26 de agosto, Ramiro Inampues, concejal de Guachacal, Nariño, y su esposa, fueron hallados muertos en un río. Tenían varios impactos de bala. A los tres días, a Richard Alexander Peña Martínez, guardia indígena de Miranda, lo mataron. Fueron seis disparos.
Un mes antes, el 27 de julio, habían asesinado a Luis Alfredo Socarras Pimienta, líder indígena wayúu, candidato dos veces a la alcaldía del municipio de Manaure. Estaba frente a procesos de reclamación de derechos fundamentales de su comunidad, principalmente en el campo del Régimen Subsidiado de Salud y los Recursos del Sistema General de participación SGP de los Resguardos Indígenas en el municipio de Manaure.
Hace unos días, el 18 de agosto, a Martín Esteban Reyes y Federico Guastar, asesores de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA) los secuestraron. La comunidad indígena espera que los liberen pronto y pide a las autoridades que aclaren quién está detrás de las muertes de sus líderes.
Yuri Rosero, secretario de formación y capacitación de la Alianza Social Indígena (ASI), es uno de los que exige claridad en los hechos, y denuncia lo compleja que está la situación. “Sobre todo en Nariño, Chocó y Antioquia, cada muerte de un líder es un golpe que busca acabar con el movimiento indígena. Nos preocupa el silencio de las autoridades, parece que las amenazas a la comunidad (indígena) fueran algo normal, algo que ya pasó a un segundo plano”.
Él es de Nariño y conocía muy de cerca la labor del concejal de Guachacal, Ramiro Inampues, a quien encontraron muerto junto a su esposa. Por eso no entiende qué pasó. Se pregunta quién puede estar detrás de su asesinato.
“Don Ramiro primero formó parte de las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, fue gobernador de su resguardo indígena durante cuatro períodos, y se alistaba para lanzarse a la alcaldía de Guachucal. Era un hombre preocupado por la defensa de la tierra. Cuando estuvo al mando del resguardo logró recuperar una hacienda para convertirla en territorio indígena”, cuenta Yuri.
Y él no es el único que espera que se haga justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció (ver documento). La CIDH consideró que estos asesinatos vulneran la integridad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas debido a las funciones cruciales que cumplen los líderes de estas comunidades con su rol central en la defensa, preservación y reproducción de la cultura ancestral.
El organismo instó al Estado colombiano a investigar estos crímenes, llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y atender las necesidades de protección y seguridad de los líderes y autoridades indígenas para prevenir estas violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos.
Pero mientras el Estado responde y aclara. Algunos dicen que las recientes muertes de dirigentes indígenas se veía venir. Liliana Pinchao, asesora de las Autoridades Indígenas de Colombia, aseguró recientemente a Caracol Radio que las amenazas son permanentes por parte de organizaciones armadas, y que lo más delicado es que el Gobierno las conoce y aún así no garantiza su protección.
La dirigente indígena dijo además que la única alternativa es recurrir a la justicia internacional, pues los pueblos siguen en riesgo de extinción, como consecuencia del conflicto armado.
Cristóbal Cuastumal, presidente del comité municipal de la Alianza Social Indígena en Guachucal, Nariño, coincide con Liliana. Teme cuando piensa en el futuro de los pueblos indígenas. “La muerte del concejal Ramiro nos alarmó a todos. Él llegó al Concejo con el apoyo de más de mil votos, y sus recientes gestiones eran respaldadas por la comunidad. Él se oponía, y lo manifestaba, a la creación de una anunciada base militar en el resguardo Colimba, donde habitan cerca de cinco mil indígenas”.
Y es justo esa una de las mayores preocupaciones de los indígenas en el país. Cuidar sus territorios, protegerlos. No es para menos, según la Organización Nacional Indígena, (ONIC), «en dos o tres años, más del 50 por ciento» de las 24 millones de hectáreas que ocupan los pueblos indígenas «habrán sido entregadas a petroleras y detrás de ellas vendrán las mineras y las madereras» (ver documento).
Para la concejal de Bogotá, Ati Quigua, los pueblos indígenas están siendo víctimas de “asesinatos selectivos y sistemáticos”. Pero además de las muertes, ella también habla del desplazamiento del que han sido víctimas estas comunidades, que al llegar a las ciudades se encuentran con el camino de la mendicidad y la violencia.
“No se están protegiendo los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados, que se leen en el Auto 004 de la Corte Constitucional”, dice la Concejal, quien hace apenas unos días pidió, ante el Concejo de Bogotá, una acción urgente a favor de los más de 500 aborígenes de la etnia embera que viven en condición de desplazamiento.
“Es necesario facilitarles la restitución integral de sus derechos”, dice.
Lo mismo opina Alonso Tobón, presidente de la Alianza Social Indígena, para quien la situación que vienen enfrentando estas comunidades indígenas del país “es consecuencia del conflicto armado, particularmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó”.
“Todas estas muertes son el resultado de la confrontación que en esas zonas se da entre Ejército y guerrilla, donde la comunidad está en el medio”, señala, y continúa diciendo que hay crímenes que no están resueltos, por lo que pide que se investigue. «Pedimos al Gobierno y al aparato judicial que hagan un esfuerzo para dar con las personas que están detrás de las muertes de nuestros líderes».
Alonso dice algo más. “Está bien que el Ejército persiga a los violentos, pero que no se haga a costa de la seguridad de nuestros pueblos. Estamos en medio de conflicto y no hay protección”.
Por sus vidas, por sus derechos
Sobre los últimos hechos de muertes violentas y secuestro de líderes de comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo ha alertado al Gobierno nacional a través de resoluciones o de pronunciamientos del propio Defensor del Puelo, Vólmar Pérez.
Los casos denunciados por la Defensoría, referentes a la vulneración de los derechos de pueblos indígenas se relacionan con:
Derecho a la diversidad étnica y cultural: por desconocimiento de los pueblos indígenas, por negar la existencia de este grupo poblacional en determinadas zonas del país, por negarse a reconocer la inscripción de cabildos, entre otros.
Derecho al territorio: por constitución, saneamiento, ampliación, por factores del conflicto armado interno, implementación de proyectos de cultivo de explotación económica, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare,Vichada, Amazonas, Putumayo.
Derecho a la Autonomía: relacionado con el gobierno propio ejercido por las autoridades tradicionales indígenas; jurisdicción especial; consulta previa, participación, concertación y desarrollo.
En el caso particular de Nariño, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Nº 053 del 05 de Junio de 2008, donde hace diferentes recomendaciones a fin de restablecer los derechos de las personas integrantes del Pueblo Awá, comunidad en donde luego de un serie de entrevistas y un proceso de acompañamiento la Defensoría pudo “… establecer que han sido vulnerados de manera grave y sistemática de derechos individuales como colectivos del pueblo indígena awá del departamento de Nariño”.
