SEMANA: Después de 30 años de existencia de la Onic, ¿cuál es el balance?
Luis Evelis Andrade: Los pueblos indígenas hace 30 años vivían una situación de olvido, exclusión y maltrato. En la zona andina, por ejemplo, padecían el terraje, vivían como esclavos en sus propias tierras y tenían solo un día de descanso. Ya no hay terraje. También se avanzó en una legislación favorable en cobertura de salud y de educación. Hemos logrado titular más de 700 resguardos, participamos en la Constituyente y como resultado se reconoció que el país es multiétnico. Pero, cuando se mira, la realidad de los pueblos indígenas en los territorios es deprimente, tanto, que la Corte Constitucional sentenció que hay pueblos en riesgo de exterminio.
SEMANA: ¿Cuántas comunidades tienen ese riesgo?
L.E.A.: La Corte Constitucional se refirió a 34 porque de esas recibió información. Pero en la Onic hablamos de 62 pueblos, la mayoría en la Orinoquía y la Amazonía. La Corte no tuvo en cuenta un criterio que es determinante y es el demográfico.
SEMANA: En los últimos años, ¿se han perdido pueblos?
L.E.A.: Hay un alto riesgo para pueblos como los Wipiwis, de Caño Mochuelo, Casanare, que no ascienden a más de 70 personas. Son 32 pueblos con menos de 200 personas. Entre esos están los Nukak-Makú, Juhup y Yamaleros, la mayoría de la Orinoquía y la Amazonía. El año pasado buscamos al último tanigua. Queremos recoger su memoria porque no se tiene información sobre su lengua, sus ancestros, ni sobre su historia. Sabíamos que estaba vivo, que hablaba algo de español, pero temíamos por su vida porque estaba en la zona donde bombardearon al Mono Jojoy. No lo hemos encontrado.
SEMANA: Uno de los reclamos de los indígenas es el de la autonomía de su justicia. Pero hay casos en los que, por ejemplo, un abusador se castiga solo con azotes. ¿Cómo se explica eso?
L.E.A.: Hay que apostarle al fortalecimiento de los sistemas de justicia, ordinario e indígena, en un diálogo interjurisdiccional. La autonomía de los pueblos indígenas no puede significar la impunidad ni la permisividad de actos crueles ni inhumanos. Pero a veces hay desconocimiento y se hacen juicios a priori sobre la justicia indígena. La reclamación de los años setenta y ochenta era: «permítannos ejercer justicia para resocializar al delincuente», porque había muchos indígenas que salían de la cárcel convertidos en un peligro para la sociedad, perdían las costumbres y se rebelaban contra las reglas de la comunidad. Nuestro sistema es una alternativa y hay muchos ejemplos exitosos para mostrar. El objetivo es proteger la dignidad humana.
SEMANA: ¿Cómo vieron la actuación de Francisco Rojas Birry, que es embera como usted, en la Personería de Bogotá?
L.E.A.: Pudo haber sido más proactivo, pudo haber hecho más.
SEMANA: ¿La organización cómo percibe que un indígena tome parte en el conflicto armado?
L.E.A.: Como una traición a la causa de los pueblos indígenas. Nosotros hemos pedido a los actores de la guerra que no recluten a nuestros hijos, que no se metan en nuestros asuntos internos. Esa posición no nos exime de peligros porque cada uno de los actores considera que nuestra posición es contraria a sus intereses y favorable a sus contrincantes. No podemos negar que hay indígenas guerrilleros y paramilitares, pero en contravía del mandato de las comunidades que es no colaborar en la guerra.
SEMANA: Algunos pueblos han hecho propuestas de paz…
L.E.A.: Nuestra lucha es con el diálogo, la palabra y la movilización -que no es subversiva ni insurgente, ni ilegal-. No seguimos el camino de la guerra que ha exterminado a nuestro pueblo. Un radical ideológico puede decir que no hemos logrado nada, pero hemos hecho una revolución con mayores resultados que los conseguidos por quienes han hecho la guerra. En el pasado los pueblos indígenas se armaron para defenderse. En el caso del Cauca, Quintín Lame. En el caso del Chocó, se conformó la Farip (Fuerza Amada Revolucionaria del Pacífico), que tuvo un ejército de 3.000 personas. Aunque al comienzo funcionó, el rumbo fue equivocado y la misma asamblea de ancianos llamó a los jóvenes y les dijo: «no creemos que este sea el camino. Van en un rumbo desconocido y trágico».
SEMANA: Ustedes apoyaron la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. ¿Creen que la paz está cerca?
L.E.A.: La violencia se hace con la palabra, con las actuaciones, con el pensamiento, con la legitimación teórica e ideológica. Todos tenemos que involucrarnos: artistas, periodistas, políticos, intelectuales, indígenas, afros. Porque no puede haber paz si el lenguaje de quienes definen políticas en este país es violento. Con la Ley de Víctimas se generan las condiciones legales para que de las próximas generaciones renazca una nueva sociedad. Deben pasar varias generaciones para que la sociedad se vaya limpiando, no para que se pierda la memoria, pero sí para que se lave, como lo diría en términos emberas. Pero eso requiere de un trabajo institucional y de toda la sociedad.
SEMANA: A los indígenas les pertenece el 22 por ciento del territorio nacional. Es mucho para una minoría. ¿Eso qué significa en un país que necesita explotar sus recursos?
L.E.A.: Tenemos, con títulos de propiedad, el 33 por ciento, pero según las fuentes oficiales gran parte de ese territorio es reserva. Eso quiere decir que no se puede cultivar y eso es bueno precisarlo. A veces dicen que somos los dueños del territorio para concluir que somos los responsables de que este país no tenga prosperidad y riqueza. Con indígenas o sin indígenas han extraído los recursos naturales de nuestros territorios. ¿Nosotros qué tenemos? Hemos sido perdedores.
SEMANA: Algunos ministros se han quejado de lo difícil que resulta hacer una consulta previa para poder hacer una ley…
L.E.A.: El problema no son los indígenas, sino el gobierno que no cumple la ley. Todos los colombianos tienen derecho a progresar. Pero hay otro bien común que es la diversidad cultural. Uno no se puede poner sobre el otro, menos cuando el interés material puede poner en riesgo y en desventaja la vida, no de una persona, sino de pueblos enteros. No lo decimos nosotros, sino una institución del propio Estado creada para que este cumpla sus fines sin violar los derechos: la Corte Constitucional.
SEMANA: Pero también hay quejas de aprovechados.
L.E.A.: Hay fenómenos en los que se divide a la comunidad de mala fe para comprar a una de las partes. Pero esos son casos excepcionales. Si la consulta se vuelve solo un procedimiento que hay que cumplir porque hay que desarrollar el país a toda costa, pues vamos a desaparecer, si no físicamente, sí culturalmente. Y vamos a ser más pobres siendo dueños de los territorios. Esa es la gran paradoja. ¿Por qué la propiedad privada de los grandes hacendados se protege y la propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas no?. Nuestro interés es que la sociedad entienda que si se salvaguardan ecosistemas y recursos estratégicos, la lucha de los indígenas garantiza la protección del derecho que tienen los colombianos a tener un ambiente sano. Hay que buscar un punto de equilibrio. ¿De qué sirve tanta riqueza con el aire totalmente contaminado?
SEMANA: ¿Cuál es el reto más importante de la Onic?
L.E.A.: Hacer una pedagogía para el conocimiento y reconocimiento de los pueblos indígenas, porque antes que un problema para el desarrollo, o para la reafirmación de la identidad nacional, la diversidad es una gran riqueza.
