Estos territorios fueron rociados con veneno de forma indiscriminada con repercusiones inmediatas y de largo plazo sobre la gente y en los cultivos para la seguridad y soberanía alimentaria. La actitud del gobierno colombiano con la implementación de la guerra química contra nuestra etnia y cultura, afecta la salud de niñas y niños, mujeres en embarazo, y adultos mayores, la producción y las prácticas tradicionales como sustento de vida.
Decían los Conviteros del Consejo comunitario de la Mamuncia “Esto no se hace con el prójimo, somos los condenados del Pacifico en el monte, a la orilla de los ríos, al interior de la finca y la montaña” y además complementaban “el Estado sigue aplicando el método de desplazamiento, nadie lo ve ni lo dice, con la esterilización y degeneración con la fumiga, y dicen que es con glifosato pero quien sabe que más contenga”.
Informamos las contradicciones de la política de los gobiernos colombianos con la cooperación de Estados Unidos, ya que en el año 2014 apoyaron como USAID la producción de cultivos de pancoger en esta área, y por otro lado en el marco de la Cooperación con USAID acaban con nuestros territorios a través del rociado del veneno tanto en mayo de 2014 como ahora en julio de 2015.
Exigimos coherencia del Gobierno de Juan Manuel Santos que el 9 de mayo de 2015 ordenó la suspensión de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato, decisión ratificada el 14 de mayo por el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia a través de una resolución que prohibía las fumigaciones. Decisión adoptada en correspondencia a las recomendaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es triste que Colombia sea el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio, ni siquiera Afganistán lo aceptó, y esta barbarie de las aspersiones aéreas con el maldito veneno genera desterritorializacion y muerte, propia de nuevas formas de holocausto contra nuestra humanidad étnica.
Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticos.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional coherencia en su política y decisiones, el respeto a la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones; se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.
