El espacio llamado Litoral Pacífico colombiano tiene, entre otras, unas características particulares de alta pluviosidad, selva, planicies, biodiversidad y ríos, que está delimitado con la región andina colombiana por la cordillera occidental.
Los pueblos afrodescendientes e indígenas del Pacífico, habitantes nativos, desde finales de la década del noventa del siglo pasado, han venido trabajando niveles de espacios de autonomía en torno a los territorios colectivos titulados y resguardos, insertados en este amplio “territorio-región”.
Por su parte, desde los centros de poder o intereses particulares, la visión secular y actual, según el modelo económico estatal, ven al Pacífico como un espacio por colonizar, donde es necesario sustraer sus inmensos recursos mineros energéticos, de biodiversidad e hídricos, para lo cual es necesario adecuar su infraestructura, donde los habitantes nativos no serían más que mano de obra barata.
La existencia del conflicto armado colombiano, la presencia de los cultivos de uso ilícito, los megaproyectos y monocultivos, han agudizado la problemática del desplazamiento forzado y muertes, creando diversas lógicas e intereses, sobre todo económicos, donde no se está garantizando la legalidad del territorio tanto a los pueblos afrodescendientes como indígenas, quienes no tienen más armas sino los derechos otorgados por la ley sobre un espacio determinado, prenda de garantía para desarrollar pequeños proyectos, en algunos casos con la cooperación internacional.
En el caso del litoral nariñense, se ve cómo los «proyectos» empresarial y étnico-territorial, se vienen enfrentando en condiciones de enorme desigualdad de recursos económicos y políticos. El primero goza de capital propio y estatal, mientras el segundo difícilmente logra reunir esfuerzos y voluntades para construir un proyecto alternativo.
Por su parte, la Corte Constitucional, de manera clara y acertada, profirió en el 2004 la Sentencia T 025 por “un estado de cosas inconstitucional”. Sin embargo, frente al no total cumplimiento de la Sentencia por parte del Estado colombiano, la Corte Constitucional profirió los Autos 004 y 005 del 2009 (Protección de comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento, respectivamente). Las causas de estos desplazamientos planteados en los autos son:
- Exclusión estructural, discriminación y marginalización.
- Intereses sobre territorios por recursos naturales, valores militares y económicos por parte de actores armados y no armados legales e ilegales.
- Deficiente protección jurídica e institucional sobre los territorios. No es suficiente su carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables.
De manera complementaria, la Procuraduría General de la Nación ubica también como causas del desplazamiento de los grupos étnicos la:
- Militarización de los territorios por parte de la fuerza pública y de actores ilegales: guerrillas, paramilitares, “nuevos grupos o grupos emergentes.
- Persistencia del narcotráfico sin que las autoridades competentes lo impidan.
- Aplicación inconsulta e indiscriminada de programas de erradicación aérea con químicos y de erradicación manual forzada.
- Ocupación y uso del territorio por agentes legales que adelantan proyectos sin consultar previa y sin obtener su consentimiento libre e informado.
A nivel internacional el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno colombiano, para el pleno goce de estos derechos. Así mismo, el protocolo 169 de la OIT protege a las minorías étnicas, en cuanto a la obligatoriedad de realizar consultas previas a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
A pesar de estas consideraciones, la construcción del término “Región” es un reto tanto para las comunidades afrodescendientes e indígenas como para las instituciones y políticos. Es más que probable, que esa construcción, en las condiciones de confinamiento y amenazas en que actualmente se encuentra el territorio del litoral Nariñense y todo el Pacífico colombiano, tenga que pasar inicialmente por búsquedas de paz, mediante salidas negociadas al conflicto armado..
Objetivos:
- Evaluar la situación territorial y humanitaria en la costa Pacífica nariñense
- Revisar los alcances y desarrollo de los mecanismos de restitución emanados de la Corte Constitucional con base en la Sentencia T 025, autos 004 y 005.
- Consensuar una noción como propuesta la construcción de territorio y región
Desarrollo de trabajo
El Foro constará de dos instancias: La primera, que se realizará el primer día, será un espacio donde confluyen las organizaciones étnicas territoriales, la iglesia y organizaciones no gubernamentales. La segunda, es un espacio donde se invitará a las autoridades municipales, departamentales y nacionales y a los organismos de control.
