Curtis Kamman no será llamado a testificar en el juicio de Rito Alejo del Río, el general retirado del ejército colombiano acusado de asesinato y de colaboración con los grupos paramilitares cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII en Urabá en 1998, pero se tiene una idea de lo que el ex embajador de Estados Unidos en Colombia hubiera podido decir, gracias a los documentos desclasificados publicados hoy en el sitio del National Security Archive.
Uno de los documentos desclasificados es un cable de agosto de 1998, que contenía adjunto una «Biographic Note» o Nota biográfica secreta, en la que Kamman aseguraba que el ex comandante de la Brigada XVII «armó y equipó sistemáticamente a los agresivos paramilitares en la región, lo cual fue crucial para su éxito militar» en el norte colombiano.
Obtenidos a través de un derecho de petición de información en EE.UU (Freedom of Information Act), estos documentos representan una singular y potencialmente valiosa fuente de evidencia en el juicio que se le sigue a del Río, pues reflejan años de reportes vinculando al comandante militar con el paramilitarismo. Ahora que se ha iniciado el juicio de Del Río, el juez podría examinar los informes de la época realizados por funcionarios estadounidenses que estaban obligados por ley a seguir y certificar el desempeño de Colombia en materia de derechos humanos.
Del Río, en su momento aplaudido como un firme luchador anti-guerrilla, comenzó a estar bajo escrutinio en 1996, después de que su segundo al mando, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, escribió un informe interno, en el que pide a sus superiores investigar los vínculos de la brigada con paramilitares y acusó a Del Río de hacerse el de la vista gorda ante la actividad paramilitar. En lugar de prestar atención a la advertencia del oficial, el Ejército ordenó el retiro de Velásquez del Ejército por insubordinado. Velásquez ofreció un testimonio similar al de su reporte interno como testigo clave en el caso judicial.
Entrevistado por la embajada estadounidense en Bogotá en diciembre de 1997, Velásquez implicó directamente a su antiguo comandante, y lamentó «el síndrome del conteo de cuerpos» que «incentivaba violaciones de derechos humanos» y puso énfasis en que la colaboración de la Brigada XVII con los paramilitares «había empeorado bajo Del Río».
Otro informe de la embajada sobre el episodio de Velásquez da fe de la integridad del coronel, notando que era un «admirado y muy condecorado» oficial del ejército que había ayudado a derrotar a la mafia de la droga en Cali y que había preferido hacer pública una relación extramarital suya, antes que ceder al inento de chantaje de este Cartel.
Las denuncias de Velásquez «provocan mayor presión sobre los militares colombianos», escribió en otro documento otro embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette, quien por entonces estaba en tensas negociaciones con el ejército colombiano acerca de su desempeño en derechos humanos. » (Estas) van a dar más credibilidad a nuestro informe de derechos humanos».
Para la época, la Embajada había empezado a notar que la actividad paramilitar aumentaba en áreas donde Del Río comandaba tropas y que las operaciones anti-paramilitares se incrementaban en estas mismas áreas después de que él salía. Según notó la embajada, en enero de 1998, varias operaciones sin precedentes contra los paramilitares realizadas por la Brigada XVII «tuvieron lugar apenas una semana después de la salida del área del comandante de la Brigada, brigadier general Rito Alejo del Río, de quien se había asegurado que no era poco amigable con los paramilitares».
Un reporte de febrero calificó de «más que una coincidencia» el que una serie de golpes contra los paramilitares «se hubieran dado todos después de la salida del norte de Colombia del mayor general Iván Ramírez y su comandante de Brigada el brigadier general Rito Alejo del Río, de quienes se creía ampliamente que habían contribuído a un clima de comando conducivo a hacerse los de la vista gorda con los paramilitares, o peor.»
Al mismo tiempo, la embajada percibió un ejemplo perturbador de una posible complicidad entre militares y paramilitares en un ataque paramilitar en La Horqueta, en las afueras de Bogotá, apenas semanas después de que Del Rio dejara Urabá, para asumir la comandancia de la brigada en esa zona. “¿Por qué era necesario que otra unidad del Ejército viajara todo el trecho desde Bogotá para intervenir?”, se preguntaba el cable diplomático de enero de 1998. La Embajada agregó que la Brigada XII de Del Río “extrañamente no reaccionó» a la masacre, siendo esta la primera matanza paramilitar que ocurría tan cerca a la capital. También implicaba a Del Río el descubrimiento de que el paramilitar que comandó el ataque era presidente de una Convivir, milicia legal de Urabá, el área de operaciones de Del Río, «que fue importada a la región para contra atacar a las Farc».
La buena estrella del general empezaba a caer tan rápido en 1998 que los reportes de Estados Unidos apenas podían dar abasto con los hechos. El cambio de opinión sobre Del Rio es claramente evidente en dos informes militares estadounidenses de principios del 98. En el primero, Del Río, graduado en 1967 de la Escuela de las Américas, es reconocido como una historia exitosa del entrenamiento militar estadounidense. Pero un segundo informe corregido, de marzo de 1998, ubica a Del Río por el contrario como una historia “no tan exitosa”, resaltando que él “presuntamente tenía nexos no sólo con los paramilitares de la costa norte y de la región de Urabá, sino también desde antes con la conflictiva región del Magdalena Medio”, y también estaba “implicado en el robo de un cargamento de armas (del ejército colombiano) destinado a los paramilitares del Magdalena Medio en 1985”.
Para agosto de 1998, los fiscales colombianos habían abierto una investigación preliminar por los nexos del General Del Río con los paramilitares, un hecho que según Kamman “serviría como una señal a aquellos oficiales que continuaran ayudando o de alguna manera trabajaran con los grupos paramilitares”. El Embajador expuso en su “nota biográfica secreta” que Del Río había sido “muy exitoso” contra la guerrilla de las Farc, y «armó y equipó sistemáticamente a los agresivos paramilitares en la región, lo cual fue crucial para su éxito militar».
Los informes del Embajador también estaban teniendo un impacto en Washington, donde los derechos humanos estaban figurando fuertemente en las negociaciones sobre el entonces naciente paquete de ayuda del Plan Colombia. En enero de 1999, dos oficiales sénior del Departamento de Estado le escribieron a Kamman para expresar su inconformidad con el progreso de Colombia en el tema de derechos humanos, señalando particularmente “el nombramiento en posiciones clave de muchos generales de los cuales se alegaba, con credibilidad, que presuntamente tenían nexos con los paramilitares”. Y entre ellos incluyeron a Del Río, quien había sido recientemente nombrado Director de Operaciones del Ejército. Frustrado y esencialmente sin opciones, el Departamento de Estado tomó la inusual decisión de cancelarle la visa a Del Río por “tráfico de droga y actividades terroristas”, precipitando su retiro forzoso y el fin de su carrera militar en abril de 1999.
A medida que los años pasaron, el gobierno de Estados Unidos se fue preocupando más la impunidad de los oficiales en Colombia, especialmente en los casos de oficiales de alto rango como Del Río, provocando discusiones fuertes luego de que el Fiscal General Luis Camilo Osorio retirara todos los cargos contra Del Río en 2001. Un breve documento elaborado para el más alto oficial de derechos humanos del Departamento de Estado, Lorne Craner, expresó “la preocupación en el Congreso” de que el retiro de los cargos por parte de Osorio mostraba que él estaba “menos enfocado en procesar paramilitares y personal militar acusado de colaborar con los paramilitares”. Un memorándum del Departamento de Estado de 2005 encontró “preocupante” que el gobierno colombiano no haya enviado todavía un “mensaje claro” respecto a la impunidad de Del Río.
Más de cinco años después, el caso finalmente ha llegado a juicio, y la justicia escuchará el testimonio de testigos muy importantes, cada uno de los cuales traerá una perspectiva única al proceso. Y mientras ningún oficial de Estados Unidos participará, la justicia debería considerar la perspectiva desclasificada del gobierno de Estados Unidos y los archivos que eran secretos sobre sus historias “no tan exitosas”.
* Michael Evans es director del Proyecto Documental de Colombia del National Security Archive.
Tomado de la Semana.com
