¿En qué van los casos priorizados por la JEP en territorios del Pacífico?
Equipo Agenda Regional Eclesial de Paz
A la fecha la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene abiertos sietes casos, cuatro de los cuales hacen referencia a modalidades de agresión: “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP» (caso 01); “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (Caso 03); “Victimización de miembros de la Unión Patriótica” (Caso 06) y “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado” (Caso 07). Los casos 02, 04 y 05 se refieren a violación de derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado contra comunidades ubicadas en territorios ubicados en la región del Pacífico contra indígenas, campesinos y afrodescendientes. A continuación, presentamos en qué van cada uno de estos últimos.
Caso 02: Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño)
Este caso fue abierto mediante Auto 004 del 10 de julio de 2018, y prioriza la violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometido contra la población de tres municipios del departamento de Nariño: Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en las cuales hicieron presencia las FARC-EP, paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública, causando graves daños individuales y colectivos contra las comunidades allí asentadas.
El área total de los tres municipios es de 527.743 hectáreas.
(Fuente: JEP)
El Registro Único de Víctimas contabiliza 538.497 víctimas en el departamento de Nariño, de las cuales 1.644 son desapariciones forzadas, 10.741 homicidios, 2.636 secuestros y 487.459 desplazamientos forzados. Al discriminar los casos por municipios encontramos que Tumaco registra 175.869 víctimas, Ricaurte 13.930 y Barbacoas 35.749 que en total suman 225.548 víctimas. Sin embargo, la JEP solo ha registrado 2.524 hechos victimizantes, los cuales han sido agrupados en 12 modalidades de afectaciones, que han sido cometidas por integrantes de la ex guerrilla de las FARC y miembros de la fuerza pública entre los años 1990 y 2016.
Este caso cuenta con un importante avance que se evidencia en la acreditación de 84,599 víctimas individuales, 18 Consejos Comunitarios, 97 resguardos y cabildos indígenas, 20 organizaciones de mujeres, además varias organizaciones campesinas y de víctimas. La JEP también ha informado que está en un proceso de documentación de los hechos y ha recibido 12 informes específicos y se han rendido 32 versiones voluntarias por parte de 18 comparecientes, además de la acreditación como víctima de Katsa Su, territorio del pueblo Awá. Una de las organizaciones que ha apoyado el desarrollo del caso es la Corporación Jurídica Yira Castro que este año presentó un informe en el cual solicitó la acreditación de alrededor de 5.000 familias campesinas de 25 veredas de estos tres municipios.
Uno de los elementos a destacar en el desarrollo de este caso es la aplicación del enfoque étnico y el diálogo intercultural que se definió en la consulta previa realizada por el SIVJRNR en el 2018, lo que ha permitido una coordinación interjurisdiccional e interjusticias con las organizaciones étnicas territoriales de los tres municipios, permitiendo un mayor nivel de participación de las comunidades y las víctimas en el proceso, con la realización de las diligencias en el propio territorio. Adicionalmente, la JEP ha reconocido al territorio como sujeto de derechos atendiendo a las definiciones de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Caso 04: Situación territorial de la región de Urabá antioqueño y chocoano
Mediante Auto 040 del 11 de septiembre de 2018 la JEP priorizó el caso de los municipios que comprenden la región del Urabá en el departamento de Antioquia y el Bajo Atrato y Darién en el departamento de Chocó. La pretensión es documentar y satisfacer los derechos de las victimas agredidas entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de noviembre de 2016 por parte de miembros de las Farc-EP, fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles.
El caso 04 estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó).
(Fuente: JEP)
Este caso abarca territorios que fueron y siguen siendo afectados por la guerra. En el período definido por la JEP hizo presencia la guerrilla de las FARC, el ELN y el EPL, además, en su territorio se consolidó la estructura paramilitar de los hermanos Castaño que lideraron frentes como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de las cuales hizo parte el Frente Elmer Cárdenas al mando de Diego Rendón Herrera, y que contaron con el apoyo decidido de los comandantes de la Brigada 17 con sede en Carepa, particularmente del condenado Rito Alejo del Río. Actualmente, la región sigue afectada por la violencia, se mantiene la presencia del ELN y los paramilitares han cambiado de nombre —ahora se conocen como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— pero no de métodos de terror. De acuerdo con lo informado por la Sala de Reconocimiento, quien está al frente del caso, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas de la guerra.
La JEP ha recibido y analizado 29 informes entregados por organizaciones sociales, de víctimas y la propia institucionalidad como la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la propia Secretaría Ejecutiva de la JEP, además ha acreditado a 35.174 víctimas individuales que le han permitido documentar alrededor de mil agresiones cometidas contra la población, lo cual aún representa un enorme subregistro frente a la magnitud de la violencia padecida por las comunidades. A nivel colectivo se han acreditado 71 comunidades indígenas y 69 resguardos, 9 comunidades afrodescendientes y 19 Consejos Comunitarios, 3 organizaciones campesinas y 1 sindicato.
Hasta la fecha, en el caso 04, han comparecido integrantes de los frentes 5, 34 y 57 del Bloque José María Córdoba de las Farc– EP y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
En el marco de este caso, y por solicitud de la Comisión de justicia y Paz, la JEP decretó medidas cautelares en favor de las comunidades habitantes del pueblo indígena del Alto Guayabal – Coredocito del resguardo Urada – Jiguamiandó, específicamente el Cabildo Mayor Cameruj y las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (municipios de Riosucio y Carmen del Darién) quienes han sufrido múltiples agresiones por el accionar paramilitar en la región. Además, ordenó “a varias entidades públicas responsables institucionalmente la protección a la vida, la seguridad y la integridad personal de estas comunidades, así como de toda la población habitante en la región de Urabá y bajo Atrato”.
En el marco de las medidas cautelares solicitadas por el Movice la JEP intervino el cementerio Las Mercedes en el municipio de Dabeiba, en el cual han sido inhumadas víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. A la fecha han sido recuperados 54 cuerpos de los cuales ya han sido identificados y entregados a sus familias cinco de ellos. Los demás están en proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal para esclarecer si se trata o no de víctimas que están siendo buscadas por sus familias.
Caso 05: Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca
Este macrocaso se abrió mediante Auto 078 del 8 de noviembre de 2018 y avoca conocimiento de la situación territorial en la región del norte del Cauca, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono e incluye los hechos presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. El 23 de abril de 2019 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas incorporó al caso los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca, y Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. De acuerdo con la JEP estos municipios conforman un mismo corredor en el que actuaron los actores del conflicto armado hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial. Para ello, también tuvo en cuenta los informes presentados por organizaciones sociales como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Ruta Pacífica de Mujeres y el Primer Informe de Afectaciones a la Vida en el Marco del Conflicto Armado «El pasado, la guerra, la esperanza…. el buen vivir», presentado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Además, los informes de la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La JEP ha podido establecer que el territorio priorizado es la zona con mayor cantidad de tomas y ataques guerrilleros por parte de las FARC, la tercera región en el país con mayor reclutamiento de niños y niñas, es una de las cinco subregiones con mayor número de casos de desaparición forzada, es la región en la cual el Observatorio de Memoria del Conflicto ha reportado la mayor cantidad de presuntos responsables agentes del Estado de violencia sexual, se trata de uno de los territorios con mayor cantidad de minas antipersonal sembradas, además, de acuerdo con el CRIC, es una de las zonas con mayor deforestación para sembrar coca. Sumado a esto, en la actualidad sigue siendo uno de los territorios más afectados por la agudización de la guerra y el asesinato de líderes y lideresas sociales.
En el macrocaso se han acreditado 180.000 víctimas individuales, 83 sujetos colectivos que reúnen a 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y 2 organizaciones de víctimas. Entre los sujetos colectivos acreditados se encuentra el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (ACONC).
En conclusión:
La apertura de estos tres casos es una oportunidad para que se esclarezcan los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos del Pacífico, las afectaciones contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, además de las agresiones colectivas contra el territorio.
Las personas, comunidades, resguardos, consejos comunitarios y organizaciones acreditadas tienen el desafío de hacer valer sus derechos para participar de las diligencias, aportar pruebas e interponer recursos contra las decisiones que profieran las y los magistrados. Las sanciones que se impongan a los comparecientes exguerrilleros y agentes estatales deben tener en cuenta la opinión de las víctimas y sus organizaciones. También es importante que las víctimas individuales y colectivas que han sido acreditadas en los casos tengan en cuenta que tienen derecho a solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos, solicitar medidas de protección en el caso que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP y presentar observaciones en relación con los proyectos restaurativos formulados por los comparecientes. El 2021 tiene que ser el año del protagonismo de las víctimas en la JEP.
