No obstante que el propio vicepresidente Francisco Santos manifestara que «el tema de impunidad (…) es por cuenta de la justicia» y que la Cancillería colombiana dijera que “sostener que hay una política de impunidad ante estos hechos no corresponde a la realidad”, cierto es que existe por parte de las autoridades “una flagrante tolerancia con respecto a estos crímenes, la cual no tiene origen en la debilidad del aparato de justicia sino en la falta de voluntad política para adelantar los procedimientos judiciales e investigativos con la debida diligencia y cuidado, y con el apego irrestricto al interés supremo que asiste a las víctimas de delitos de lesa humanidad”, tal y como lo referencia el reciente informe “Soacha: la punta del Iceberg” presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes).
Tan es así, que a la fecha, según este mismo informe, dos años y medio después de presentarse las ejecuciones extrajudiciales de los 16 jóvenes de Soacha, en tres de los casos, no se han abierto investigaciones formales, y a la fecha, “han recobrado la libertad 46 militares, por vencimiento de términos en cuatro procesos distintos”.
¿Qué más se puede esperar de un gobierno que defiende los victimarios y ataca a las víctimas? O es suficiente decir que no existe impunidad por que la Fiscalía investiga los asesinatos de 1666 personas, en los cuales, por lo menos 400 militares están implicados?. La realidad es que apenas se está descubriendo la verdadera dimensión de las ejecuciones extrajudiciales, así como las verdaderas cifras de este atroz acto, que en todo caso el propio gobierno pretende desconocer.
No hay que olvidar en este punto, que éstos hechos se consolidaron en el ordenamiento jurídico de decretos y directrices permisivas y alentadoras de la ejecución, como es el caso del decreto 1400 del 25 de mayo de 2006 y la directiva ministerial 029 del 2005 del Ministerio de Defensa Nacional, que desarrolla los criterios para pagos de recompensas por la captura o el abatimiento en combate de miembros de grupos al margen de la ley y bonificaciones por operaciones de importancia nacional.
El informe del relator, realizado luego de su visita a Colombia en el mes de junio pasado, es contundente en afirmar que sus investigaciones encontraron “que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.
Alston resaltó que la estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de los grupos alzados en armas, “pero también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.
Igualmente señaló que “la manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.
El relator especial también encontró «un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares». Según Alston, «la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías».
«Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares», añade.
Por ello, pide que el Gobierno colombiano impulse «cambios sustantivos» en la Ley de Justicia y Paz, ideada para exigir responsabilidades a los paramilitares por sus crímenes.
