El prelado afirmó en el cierre del Cuarto Encuentro Nacional de la Red de Bancos de Datos de Derechos Humanos, que la existencia del fenómeno paramilitar en Colombia existe por la no aplicación de medidas efectivas para el esclarecimiento del accionar de estos grupos y la identificación de sus colaboradores.
“Son muy pocos los paramilitares vinculados a procesos judiciales y por lo general, son dejados en libertad. Los casos más preocupantes se generan en regiones apartadas como Buenaventura, Tumaco, Valle, Cauca y Nariño, donde la aplicación de justicia al paramilitarismo no llega ni al 1%”, resaltó el sacerdote jesuita.
Panorama regional
Israel Silva, miembro del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (Obsurdh), manifestó que en el Huila se presenta un contraste muy interesante. Aseguró que en relación con el año 2007, las violaciones a los derechos humanos bajaron ostensiblemente, pero incrementó preocupantemente la violencia política social el año pasado.
“Las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, en el Huila, tienen un reporte de 85 casos en el año 2007, frente a cinco sistematizados en el 2010. Sin embargo, de 15 amenazas reportadas en el 2007, pasamos a 31 en el 2010”, aseguró Silva.
Panorama nacional
En la última publicación de la revista ‘Noche y Niebla’ del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en el primer semestre del 2011, a nivel nacional se registran 200 casos de ‘falsos positivos’ y 600 casos de violaciones a los derechos humanos.
“La violencia político-social en Colombia no disminuye, por el contrario, se incrementa. La presencia de multinacionales y megaproyectos energéticos y mineros en algunas regiones del país, incentiva el accionar paramilitar, acarreando desplazamiento y amenazas a comunidades, sin mencionar los daños medioambientales”, manifestó Javier Giraldo.
¿Justicia y paz?
Federico Andreu, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, manifestó ayer, que la nueva Ley de Justicia y Paz presenta 22 demandas de inconstitucionalidad. “A pesar de que la ley propende por la justicia y la paz, no cumple el objetivo”, aseguró el abogado.
El especialista, dijo que la legislación tiene elementos que conllevarían a la impunidad, entre los que destacó la restauración del fuero militar, la defensa técnica militar, además de ser ajena a las iniciativas de la sociedad civil.
“Con ponencia del senador Roy Barreras, se pretende que el Estado renuncie a perseguir a los paramilitares. Pretende en realidad, ocultar la responsabilidad estatal y blinda de impunidad a los perpetradores, señaló Andreu.
Para el jurista, la Ley de Justicia y Paz, facultaría el despojo de tierras en el país, además de excluir de la depuración administrativa a algunos funcionarios oficiales vinculados, de manera reiterada en algunas regiones, con el paramilitarismo.
“La verdad y la justicia no nace de un decreto, es producto de identificar a los responsables de los crímenes, a sus colaboradores, posibles empresarios, políticos o militares, y evitar las trampas, las escapatorias, de los perpetradores de masacres, asesinatos y desplazados”, manifestó Andreu.
Cifras de la Ley de Justicia y Paz
Según el Cinep, luego de 7 años de aplicación de la ley,
– Se destinaron 57 fiscales especializados para todo el país.
– 99% de los paramilitares no han sido identificados.
– Se dictaron 4 sentencias, 3 están en firme.
– 18.000 paramilitares fueron indultados.
-Condenas de máximo 8 años para toda clase de crímenes.
Tomado de Lanacion.com.co de Neiva
