Todo empezó con un préstamo que el gobernador de Chocó, Efrén Palacios, recibió durante la campaña que lo llevó al poder, de $200 millones de pesos. El mandatario local nombró secretaria de Salud departamental a la odontóloga Danny Mercedes Moreno, esposa de su acreedor, el excontralor Carlos Murillo Agualimpia.
A la hora de tan surrealista decisión, el gobernador también pasó por alto el hecho de que los antecedentes de la funcionaria no respaldan su idoneidad ética y profesional. De hecho, ella estuvo llamada a juicio junto a seis exfuncionarios de la secretaría de salud de Quibdó por la presunta responsabilidad en la apropiación ilegal de más de 1.600 millones de pesos del Fondo Local de Salud.
Así lo publicaron medios locales. En aquella ocasión la señora Moreno de Murillo huyó mientras sus familiares lograban desenredar el proceso por las presuntas irregularidades.
Sobre el poder económico y la influencia política de su esposo tampoco hay dudas. Carlos Murillo Agualimpia ha sido protagonista de reportajes periodísticos que lo muestran como pionero y cofundador del denominado ‘Barrio del Estado’, un enclave de lujo con propiedades de exfuncionarios cuestionados que, paradójicamente, se abrió paso en medio de las zonas más deprimidas de Quibdó.
En medio de la fragilidad de la memoria colectiva, muy pocos recuerdan que el excontralor Murillo, reconocido prestamista en Chocó, construyó una casa de más de 600 millones en medio de todo tipo de especulaciones. La obra en concreto repujado y vitrales traídos de Panamá le trajo problemas porque el entonces contralor general, Antonio Hernández Gamarra, lo sacó del cargo por las denuncias periodísticas.
La situación parece enervar los efectos de una tragedia que vive el departamento donde, además de la creciente crisis humanitaria causada por la violencia y el desplazamiento forzado, la política pública en materia de salud se hace agua y registra síntomas tan inquietantes como el inminente retiro de Caprecom EPS, encargada de atender a cientos de chocoanos, debido al mal funcionamiento de su sistema administrativo. De acuerdo con varios líderes, dirigentes y periodistas consultados por Semana.com, la secretaria de Salud encarna una cuota política atornillada en su cargo por cuenta de la deuda. Registra una gestión casi nula y sólo cuenta con el respaldo de una vertiente política acaudillada por su esposo.
En conversación con este portal, el gobernador no niega esa deuda y asegura que la pagará con créditos bancarios o con dineros que, según él, le deben en el Congreso de la República. Dice que la secretaria Moreno llegó al cargo no como una deuda con el prestamista Murillo, sino por solicitud de un sector del Partido Liberal en cabeza del exrepresentante a la Cámara Carlos Escobar.
Este hecho sorprende aún más porque Escobar se encuentra detenido y condenado por parapolítica, que alcanzó a tres políticos de ese departamento.
El mandatario tampoco niega que desde su llegada al cargo ha tenido que enfrentar las críticas por este polémico nombramiento y dice que esa Secretaría y otras “están en evaluación”. Pero lo que más sorprende es que asegura que él no tiene el control de lo que sucede en la cartera de salud, pues el edificio de ese despacho se encuentra en una sede distinta a la que él gobierna.
“Yo consulté por los antecedentes de la secretaria y me dijeron que había sido absuelta. La verdad, no puedo saber quién ronda esa Secretaría porque queda lejos de donde estoy”, dice el mandatario. Una respuesta que deja muchas dudas de la vigilancia que ejerce sobre esta cartera que está en la mira de muchos en ese departamento y de las autoridades que buscan irregularidades allí cometidas. Hoy el manejo de la salud pública es un reto sin solución, pues está agobiada por un déficit que alcanza 200.000 millones de pesos.
¿Todo esto no es un tanto oscuro? Le pregunta el periodista. Y el gobernador responde: “Uno cree que lo mejor fue lo que uno hizo. Acepto las críticas y no voy a decir que no es cierto lo que muchos dicen”, responde con total normalidad el mandatario de los chocoanos, quien asegura además que en ocho meses no se ha hecho mucho en materia de salud porque la ley de garantías no había dejado contratar.
Es precisamente en esa Secretaría donde se habría gestado en el pasado irregularidades contra el erario por las que hoy la Fiscalía seccional está pasando factura. En las últimas semanas el ente acusador ha realizado decenas de capturas a integrantes de combos de abogados, médicos y distribuidores de medicamentos que tenían montado un concierto para delinquir con los dineros de la salud. Una historia que no es para reír sino que dan ganas de llorar.
