Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en las últimas semanas una guerra entre dos bandas criminales, ‘La empresa y ‘Los Urabeños’, ha propiciado el desplazamiento intraurbano de 2 mil personas. En octubre, 33 personas fueron asesinadas, un dato sorprendente máxime cuando menos de 100 muertes violentas se habían registrado en 2012 hasta septiembre. Y para completar, cuatro cuerpos fueron descuartizados por los violentos, una práctica que según El País de Cali no se veía en la región desde la época del Bloque paramilitar Calima.
La captura de 29 presuntos miembros de las bandas criminales no ha sido suficiente para mitigar el miedo que invade a la comunidad portuaria. Después de 11 meses de gobierno, el prontuario de octubre muestra que el Alcalde y la Policía aún están lejos de siquiera avanzar hacia las metas del Plan de Desarrollo de Buenaventura en materia de seguridad. Además, los hechos del último mes torpedearon la tendencia decreciente en los índices de violencia frente al terror de 2011.
Alerta temprana que no se oyó
Fuentes locales le contaron a La Silla que ‘Los Urabeños’, de origen cordobes y antioqueño, llegaron a la región para ganar control sobre un territorio crucial para sus actividades ilícitas. Con su incursión en la zona, la banda criminal ‘La Empresa’ – cercana a los ‘Rastrojos’ -, que había tomado el control del negocio criminal en Buenaventura, cobrando vacunas a los pobladores, y traficando drogas y armas a través de la ruta del Pacífico, se dividió. Algunas filas se habrían ido al bando de los Urabeños, pero el resto respondieron con fuego. Y así, en medio de esta confrontación, el asesinato a comienzos de octubre de alias ‘Ramiro’, un cabecilla de ‘La Empresa’, habría disparado la guerra que sigue dejando muertos en las primeras semanas de noviembre.
La llegada de ‘Los Urabeños’ en el Valle del Cauca ya estaba en el horizonte desde 2011, cuando la Defensoría alertó el enfrentamiento en Tulúa entre esa banda criminal y ‘Los Rastrojos’. Incluso, como lo contó La Silla el año pasado, esta banda criminal proveniente del norte del país ya impartía ordenes en las plazas de mercado del puerto.
En agosto de este año, la Defensoría delegada para la prevención de riesgos de violaciones de derechos humanos y DIH, a través del Sistema de Alertas Tempranas SAT, advirtió la escalada de ‘Los Urabeños’ en Buenaventura para su consolidación como actor criminal en la región.
La Silla conoció el documento, y aunque por esos días la tesis que manejaba la Defensoría era que ‘La Empresa’ servía a los intereses de ‘Los Urabeños’, ya se veía venir la ola de violencia en distintas comunas.
La nota del SAT anunciaba que era previsible que en algunos sectores del puerto se fueran a presenciar acciones armadas como “atentados con granadas de fragmentación que afecten bienes civiles, ametrallamientos, enfrentamiento armados entre grupos por la disputa del control territorial, desplazamientos individuales y masivos intraurbanos, desapariciones y amenazas”. Grosso modo, casi dos meses antes se pintó el panorama de lo que habría de suceder en Buenaventura durante octubre.
El propio Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, ha sostenido que la incursión violenta por estos días en el Valle estaba anunciada.
En la alerta, la Defensoría le recomendó a la Alcaldía de Buenaventura y a la Gobernación del Valle implementar, en coordinación con la Fuerza Pública, “los dispositivos, estrategias e iniciativas necesarias que eviten la presencia y/o influencia de los grupos armados ilegales en los resguardos, inspecciones, corregimientos y veredas identificados en situación de riesgo, con el propósito que se proteja y garantice el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal”.
Barrios como Bellavista, donde se desplazaron 62 familias el 14 de octubre, El 6 de Enero, del que salieron 40 familias el 30 de Octubre, o el Juan XII, del que se fueron 411 familias, estaban todos demarcados desde agosto como zonas de riesgo en la alerta temprana que propendía por una respuesta diligente de la autoridades, entre estas el alcalde Bartolo Valencia y su equipo del gobierno distrital.
El alcalde Valencia aún a mediados de octubre, en días donde la ola violenta ya arremetía con fuerza en el puerto, le dijo a la prensa que los crímenes que sacudían al distrito eran “hechos aislados”. En respuesta, la Iglesia Católica le pidió que “se pellizcara”.
La secretaria de gobierno de Buenaventura, Ledis Torres Copete, le aseguró a La Silla que no es cierto que la administración distrital no respondiera a la alerta, pero que en “Buenaventura y cualquier lugar de Colombia es imposible prever el día exacto en que unos miserables van a cometer una masacre”. La funcionaria pública calificó de “pequeño impase” la ola de violencia en octubre y dijo que pese a ello la alcaldía y la policía estaban respondiendo de manera contundente para “dejarle claro a los criminales que hay autoridad”.
Nueva retoma paramilitar
La diócesis de Buenaventura denunció los problemas de orden público a través de un comunicado con copia al presidente Santos. “El pueblo bonavarense, hoy con dolor y temor revive en su memoria los hechos de la última década; diezmados por los homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas” se lee en la nota de la Comisión vida, justicia, solidaridad y paz de la Diócesis que advierte una “nueva retoma paramilitar” en el puerto.
La Iglesia en el mismo mensaje muestra su desconcierto por la aparente negligencia del Estado local. “Aún no se entiende por qué las autoridades locales hicieron caso omiso a la recomendaciones de la Defensoría”, haciendo referencia a la advertencia de agosto frente al inminente riesgo en algunas comunas del distrito. Los religiosos critican en concreto a la administración distrital de Bartolo Valencia y a la fuerza pública en la región, y califica de “alarmante” que dichas autoridades no tomaran medidas de choque para proteger a la ciudadanía.
La impotencia y el escepticismo entre la comunidad no se limita al comunicado de la iglesia. Un reportero en Buenaventura de un importante medio de comunicación, le dijo a La Silla que a los habitantes del puerto les preocupa la “pasividad” del alcalde Bartolo Valencia para afrontar la amenaza criminal en contra de la población civil.
Desde finales de octubre Valencia se ha movido, de la mano de la policía, para mitigar las dudas que ha generado en la opinión la reacción del gobierno distrital frente a la violencia. El 31 de octubre, después de ver que lo que él mismo había llamado hechos aislados a mediados de ese mes terminó en graves desplazamientos intraurbanos, el alcalde advirtió que su gobierno “prestaría todo el apoyo” a la población desplazada.
En la misma fecha, la administración anunció el trabajo conjunto entre el gobierno local y 18 entidades para sacar adelante el proyecto de convivencia y seguridad para Buenaventura. Ese día el Alcalde se reunió con general de la Policía Nacional, Mayor General José Riaño y funcionarios de los Ministerios de Defensa e Interior. El 7 de noviembre el comandante de la Policía en Buenaventura resaltó la labor de Bartolo Valencia para garantizar la seguridad, según un comunicado de prensa de la alcaldía del puerto.
La secretaria de Gobierno del alcalde Bartolo Valencia le dijo a La Silla que ellos no pueden “tapar el sol con las manos” frente a los hechos problemáticos de octubre, pero que tampoco se puede “dejar de reconocer que el distrito de Buenaventura venía presentando en disminución en índices de criminalidad” y que desde el 6 de octubre el mandatario distrital en conjunto con la Fuerza Pública ha reaccionado a la ofensiva criminal para proteger a la comunidad.
Una fuente que conoce el tema le aseguró a La Silla que más allá de las críticas contra el alcalde es difícil responsabilizarlo sólo a él de los problemas de orden público en el puerto, ya que la entidad que tiene el poder para afrontar el problema es la policía y no actúa precisamente bajo el mando del alcalde.
El miedo asecha
«Tienen miedo a salir de sus casas, especialmente en la tarde y noche, por las balaceras que de un momento a otro se presentan y de las cuales la gente sabe que, aunque no tenga nada que ver, pueden quedar en medio del fuego» le dijo Jhon Reina, párroco de una iglesia del barrio La Independencia, a un periodista en Buenaventura.
El miedo se replica en muchos otros barrios del puerto. Las calles quedan desoladas desde temprano pues la gente no quiere quedar a merced de los violentos.
Ledis Torres, jefa del despacho de gobierno distrital, dice que aunque “cada persona es dueña de su propio miedo” y desde octubre “el puerto ha perdido tranquilidad”, el gobierno le ha dicho a la gente “que no se dejen amedrentar”, que la administración “los está cuidando”.
Al comercio, sin embargo, no parece llegar el mensaje oficial. La actividad económica también está siendo sometida por el miedo. Después de las 6 de la tarde los clientes ya no llegan a los locales comerciales que se ven obligados a cerrar temprano. Además, la llegada de inversiones al puerto también estaría amenazada. «Uno escucha el temor de los inversionistas por lo que se oye y se lee en los medios” le aseguró a la prensa el director de la Cámara del Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta. El ejecutivo del gremio de comerciantes ha pedido la intervención del Estado para afrontar la crisis violenta a la que está entrando, nuevamente, el puerto del pacifico.
El mandatario distrital de Buenaventura alcanzó de candidato la osadía de sacar de la alcaldía a los amigos del cacique político del Valle, el parapolítico Juan Carlos Martinez. Ahora de gobernante tendrá que sacar del puerto a las bandas criminales que han impuesto su ‘Ley’ del terror y atemorizan a la población civil.
Tomado de la sillavacia.com
