La decisión de la empresa canadiense GreyStar de retirar su pedido de licencia ambiental para extraer oro en el páramo de Santurbán culminó una discusión que tenía en vilo a Santander y había movilizado al país. Cuando el ministro de Minas, Carlos Rodado, lo anunció el jueves 17 hubo júbilo entre quienes, en la zona y el resto del país, temían el impacto sobre el suministro de agua, y tristeza entre los pobladores de la región beneficiaria del proyecto. Sin embargo, la discusión dista de terminar.
Este era el primer pulso que el gobierno de Juan Manuel Santos encaraba hacia solucionar un dilema tan difícil como urgente: ante el auge de la minería y el atractivo de Colombia para la inversión extranjera, con miles de licencias de exploración adjudicadas sin reglas claras, es imperativo hallar un balance entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Esta vez, el gobierno la sacó fácil: la empresa tomó la decisión en su lugar. Eso sí, GreyStar anunció que volverá a presentar la solicitud para un proyecto «alternativo».
En Santurbán se juegan los principios bajo los cuales se hará minería en Colombia. GreyStar ha invertido 140 millones de dólares en 14 años, apostándole a extraer 16 toneladas de oro anuales por una década. Esto generaría recursos de inversión extranjera por 945 millones de dólares y sería casi la tercera parte de la extracción nacional actual. Pero más de la mitad del proyecto está en el páramo, con ecosistemas que producen 70 por ciento del agua en el país y en el que por ley se prohíbe cualquier intervención.
La retirada de GreyStar fue sorpresiva pero lógica. Había señales claras de que iban a negarles la licencia. El ministro Rodado dijo que en un foro en Canadá había advertido a los inversionistas que el proyecto no era viable mientras tuviera actividad en el páramo. El presidente Santos, durante la visita de Al Gore, enfatizó que «el título que otorga un derecho para la exploración minera no concede automáticamente el derecho a la explotación», exactamente la situación jurídica en la que se encontraba la empresa canadiense. Luego de las marchas que congregaron cerca de treinta mil personas en Bucaramanga, la acción de GreyStar en la Bolsa de Toronto cayó 20 por ciento. Como Santurbán es el único proyecto que adelanta esta empresa en el mundo, y el negocio de la exploración minera está en gran parte en la especulación bursátil, una licencia negada podría haberla quebrado.
La noticia es funesta para los 3.500 habitantes de Vetas y California: GreyStar emplea directa o indirectamente a más de la mitad de ellos. «Lo que viene va a ser caótico», vaticinó el alcalde de Vetas, Esteban Arias. Temen que la crisis económica los obligue a salir del pueblo y que regresen los grupos armados que dominaron la zona antes de que llegara la inversión extranjera.
Queda el interrogante de qué va a pasar en otros casos. Según la Procuraduría, hay 391 títulos mineros en 108.000 hectáreas de páramo. El ministro de Minas dijo que no se concederán más títulos de exploración ni licencias de explotación en estos ecosistemas. Según el representante Simón Gaviria, para eso en el Plan de Desarrollo se quiere consagrar la prohibición a la explotación minera, agroindustrial y de hidrocarburos en páramos, humedales y arrecifes coralinos. Aun si esto se cumple, la amenaza de la ilegalidad está latente. «Los mineros van a seguir intentando porque saben dónde está el oro. No veo cómo teniendo el mapa del tesoro no vayan a buscarlo», sostiene Germán Figueroa, exgerente del acueducto de Bucaramanga.
Este debate deja claro a las empresas que tendrán que ser más respetuosas con el medio ambiente, por legislación o por presión popular. Pero también evidencia que el desorden en la adjudicación de títulos y una débil institucionalidad minera claman por reglas de juego claras, que el gobierno está en mora de proclamar. En este pulso, el agua le ganó al oro. Pero los intereses a la caza del codiciado metal son demasiado poderosos como para creer que aquí se acabó la pelea. Este no fue sino el primer round.
