El PARO CIVICO PACÍFICO EN EL CONTEXTO REGIONAL logró la suspensión del Alcalde de Guapi, Yarley Ocoró Ortíz, ya que su lema está soportado contra la corrupción administrativa que carcome por siglos la vida social y económica de las comunidades, y por eso se gestó el movimiento el 10 de agosto de 2014 en los municipios de la costa pacífica de Cauca y Nariño.
Cabe anotar que el paro se realizó en 11 municipios del pacífico caucano y nariñense haciendo un llamado al gobierno colombiano a través del slogan “por la vida digna y contra la corrupción”. En tal virtud se estableció una mesa de concertación entre el gobierno colombiano en cabeza del Ministerio del Interior y 13 voceros de las comunidades en representación de los municipios.
Hoy las comunidades de Guapi sienten que hay una mayor atención de parte de la administración interina, y se avanza en obras que estaban represadas.
La oficina de transparencia de la Presidencia de la República ha podido verificar corrupciones administrativas, para citar un caso está el municipio de Iscuandé (Nariño) donde se han descubiertos millonarios desfalcos al erario público que ha sido de amplio conocimiento en el país; y en Guapi estamos a la espera del informe de la comisión de la verdad integrada por la contraloría, la procuraduría, la fiscalía y la oficina de la transparencia de la presidencia de la república para que continúe en su investigación con base en las denuncias de la comunidad en relación a los actos de corrupción de la administración municipal y demás instituciones estatales, funcionarios y partidos políticos tradicionales; acciones que buscan detener las afectaciones sociales, culturales, políticas y económicas para volver a la esperanza.
Mientras las comunidades y sus líderes en la Mesa de trabajo continúan sus tareas de exigencias de derechos contra uno de los mayores flagelos de la región pacífica, por otro lado se asesina a líderes del movimiento y cantidad de amenazas a líderes y lideresas, como parte de las paradojas en Colombia. Es el caso de 2 jóvenes del municipio de Magüí Payán (departamento de Nariño) que lideraron el paro cívico pacífico, y fueron asesinados en extrañas circunstancias entre los días 28 de septiembre y 8 de octubre de 2014, por eso los lideres exigen garantías políticas para el ejercicio de la actividad de reivindicación de derechos.
Los voceros del Paro cívico por su parte mantienen la postura de avanzar en un proceso de concertación con el gobierno en la construcción de un plan de desarrollo alternativo para las comunidades del pacífico de los departamentos de Cauca y Nariño.
Se espera del Gobierno y del Estado en su conjunto garantías políticas para el justo reclamo social y popular de nuestra población de grupos étnicos.
Le manifestamos al Estado colombianos su obligación para buscar salida estructural a nuestras comunidades, en especial por nuestra condición de grupos étnicos.
A la comunidad nacional e internacional la solidaridad y atención constante ante el desenlace de los acontecimientos, ya que por un lado se concerta con el gobierno y por otro nos asesinan a los líderes.
