“Adelantar la restitución de tierras en medio de este escenario de conflicto, es sin duda una tarea ardua y compleja, no sólo para reconstruir los hechos que antecedieron el despojo, ya que muchos pobladores han salido hacia los centros urbanos de la región, sino también para presentar los casos antes los jueces agrarios, lo que suma por supuesto el interés de los grupos ilegales en mantener las tierras que han despojado a los legítimos dueños, aun así la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no se detiene en su propósito”, anotaron voceros de la URT.
En ese sentido, la URT presentó en la mañana de este viernes ante el Juzgado Civil Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, una demanda para solicitar la restitución de derechos territoriales étnicos de las 43 comunidades negras del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular del Alto Atrato – COCOMOPOCA, quienes se han convertido en un caso de resistencia en su lucha por el derecho a la tierra por más de una década.
El territorio colectivo de ‘COCOMOPOCA’ se encuentra ubicado en la jurisdicción de los municipios Atrato, Cértegui, Lloró y Bagadó. Su extensión llega a las 73 mil hectáreas, de las cuales 2.319 familias que se han dedicado a la economía campesina. Su lucha se ha librado por más de una década, logrando la titulación del INCODER, bajo la Ley 70 de 1993 que cobija la propiedad colectiva de las comunidades negras.
Mediante un comunicado de prensa, la URT dio a conocer cómo la Dirección Territorial Chocó y la Dirección de Asuntos Étnicos, luego de realizar todos los pasos previos de la etapa administrativa, así como todos los procedimientos requeridos para la identificación socioespacial del territorio, lograron la caracterización de los problemas que afectan el acceso directo a los derechos territoriales de los miembros Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular del Alto Atrato, COCOMOPCA mayoritariamente afro.
Terminado todos los requerimientos administrativos del proceso, la URT pudo entonces realizar la demanda.
Investigadores de la Unidad de Restitución de Tierras han señalado que debido a la posición geoestratégica de los territorios han hecho que los actores armados ilegales que operan el departamento se disputen el capital humano que provee el Consejo, acudiendo a prácticas que violentan los derechos humanos como el reclutamiento forzado a los menores de edad, abusos sexuales, secuestro, entre otros.
Esta situación ha incrementado los desplazamiento, hasta en un 40%, de la población que habita los territorios adjudicados comunalmente al Consejo Comunitario, siendo las ciudades intermedias y Medellín las principales receptoras, dejando como saldo 13 comunidades de las 43 sin pobladores, como lo han señalado la URT y las organizaciones sociales.
El drama ambiental ha sido también uno de los problemas que ha afectado el desarrollo de la población afro debido al auge la minería ilegal.
