En el litoral del Pacífico la guerra se ha transformado de una manera sin precedentes. Grupos armados rendidos al narcotráfico, falta de justicia y de garantías de seguridad, una delincuencia común sin control, extorsiones, asesinatos, desplazamientos y reclutamiento forzado de la población civil por doquier, hacen parte del ambiente en el que vive esta población.
Ésto es lo que ha ocurrido en Nariño, según varios testimonios recogidos por VerdadAbierta.com, quienes atribuyen la escalada de violencia a que, tras la entrega de los fusiles del Bloque Libertadores del Sur -perteneciente al Bloque Central Bolívar de alias ‘Macaco’-, en esta región aparecieron diferentes grupos para disputarse el control del negocio del narcotráfico.
Además de la presencia de las Farc y ELN, ahora han aparecido grupos como las Águilas Negras y Los Rastrojos, que en medio de un conflicto armado que se degenera cada vez más con el transcurrir de los días, someten a nuevo régimen de terror a los nariñenses.
Bacrim con crímenes ‘estilo’ AUC
En esta región, sus pobladores reconocen que varios miembros de las bandas emergentes dejaron el camuflado, pero continúan cometiendo los mismos crímenes que las desaparecidas AUC.
Entre ellos se encuentran las masacres y los asesinatos selectivos. Las escenas en las que un grupo armado llegaba de repente a un pueblo y reunía a toda la población, para identificarla y ajusticiar a los supuestos milicianos o auxiliadores de las guerrillas, continúan presentandose a pesar de que el Bloque Libertadores del Sur dejó las armas en julio de 2005.
Los lugareños identificaron al jefe de los rastrojos en la zona de la cordillera con el alias de ‘El Cholo’, en donde, por sus crimenes, se ha ganado la fama de ser un sanguinario.
Un crimen retrata la crueldad del jefe de esta banda criminal. Un poblador cuenta que en agosto del año pasado, una persona de apellidos Obando Caicedo fue asesinado en Policarpa porque cuando sacó a bailar la compañera sentimental de este jefe de los Rastrojos, ella lo trató mal y él le recriminó. “Ella fue a ponerle quejas a ‘El Cholo’ y él lo golpeó brutalmente (a Obando). La gente se le echó encima para evitar que lo golpearan más. Lo subieron a un botecito y lo mandaron para su casa. Pero ‘El Cholo’ consiguió una lancha más rápida y lo siguió. El hombre apenas alcanzó a entrar a su casa. ‘El Cholo’ dio la orden de que le llevaran la cabeza, así que hicieron sentar a Obando y se la cortaron. El machete no tenía filo, así que fue peor, más largo”, agrega la persona que pidió el anonimato.
“A ‘El Cholo’ lo capturó el Ejército hace unos meses y se lo entregó a la Policía. Había mucho control y tensión en el pueblo cuando lo capturaron. Pero en un dos por tres estaba libre otra vez porque declararon ilegal la captura. No sabemos si negoció al juez o al fiscal, o a quién, pero lo cierto es que al poco tiempo le quitó el carro y 20 millones a una persona, y le dijo que él era una persona valiosa y le tocaba reponer 200 millones que había costado su libertad”, cuenta otro habitante de la zona en la que delinque este jefe de los rastrojos.
Otro crimen que conmocionó a la población fue el de un transportador al que por su corpulencia le decían ‘Tonelada’. El seis de enero de este año, el transportador llevaba a dos jóvenes en su bote y éstos fueron señalados como supuestos hijos de un miliciano. Para evitar que la pareja fuera asesinada, ‘Tonelada’ dijo que los conocía, pero al ser interrogados por separado sus versiones no coincidieron.
“Así que lo detuvieron (a Tornelada) y se lo llevaron al Puente de Paso Real, que está como a 300 metros del pueblo. Consiguieron un hacha y un machete, y le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas y le abrieron el pecho. Su cuerpo fue lanzado por pedazos al río, y advirtieron que al que lo recogiera lo mataban. El tronco lo encontraron 10 kilómetros más abajo en el río, en Nulpí. Casi a los ocho días encontraron las piernas, y un poco después los brazos. En Cali enterraron el tronco y la cabeza. Como resultado de eso la guerrilla suspendió todo el tráfico por el río, y también hasta llevar los mercados por los caminos. La alimentación se puso tres veces más cara”, dijo una persona que fue testigo del crimen.
Un poblador de un municipio cercano a la Cordillera Occidental le contó a VerdadAbierta.com cómo un grupo armado que se identificó con las Autodefensas Campesinas de Nariño ingresó a San José de la Turbia y asesinó a varias personas a mediados de 2008.
“Llegaron a la Turbia entre las 8 y 9 de la noche. Sacaron a todos los compañeros de sus casas y los llevaron a la cancha. Con camisa, sin camisa, niños, niñas… Amarraron a la gran mayoría de los hombres, y al que decían ellos que era auxiliadores de la guerrilla lo mataron delante de los demás. A otros dos se los llevaron, uno de La Turbia y otro de Bocas de Canal, y no han vuelto a aparecer. El impacto en la gente fue tan fuerte que la vereda permaneció tres meses desocupada en su totalidad. Ellos pintaron todas las casas con el nombre de su grupo. Nosotros nunca habíamos visto matar a alguien así”.
Hasta el 31 de octubre de este año, se habían cometido 10 masacres en municipios donde hay importantes asentamientos de comunidades afro, cinco en Barbacoas, y las otras restantes en el charco. A esta cifra, hay que sumarle la masacre de cuatro indígenas awás en Barbacoas.
Y la cifra de asesinatos en municipios con amplia presencia de afrodescendientes también es alta. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, desde enero hasta el mes de octubre del presente año se habían cometido 524 homicidios en el departamento. Pero, entre Tumaco (202), Barbacoas (41), El Charco (16) e Iscuandé (12), ocurrieron más de la mitad de estos crímenes.
Una de las mayores quejas sobre esta situación en diferentes municipios es la falta de justicia para evitar e investigar estos delitos.
Sin garantías
A pesar de que la Fuerza Pública ha redoblado sus esfuerzos por combatir estos grupos armados, varios nariñenses se sienten desprotegidos. Coinciden en que el mayor problema es la falta de un sistema judicial fuerte y con cobertura para los diferentes municipios del departamento.
“En nuestra zona se asesina, se levantan los muertos y muchas veces ni siquiera se registran. No hay un asesinato que siga un proceso judicial. No hay Fiscalía en la zona fuera de Tumaco, sólo una oficina en El Charco para poner denuncias”, señala un habitante del municipio costero de Olaya Herrera.
También denuncian las alianzas de algunos miembros de la fuerza pública con los grupos armados ilegales o casos de infiltraciones de grupos criminales, lo que provoca que los pobladores se sientan intimidados y no denuncien los crímenes.
Ante esta situación, una persona del municipio de Olaya Herrera ha llegado a la conclusión de que “entre más pie de fuerza, más violencia”, y señala la existencia de una “notoria alianza entre la fuerza pública y los grupos armados, en especial paramilitares. Se mira a grandes rasgos (Sic)”.
Tal vez las deducciones de esta persona son confirmadas con hechos como la captura del pasado 15 de octubre de seis integrantes de la Armada por presuntos nexos con los Rastrojos en Nariño.
“Aquí se ven cosas increíbles. Lo último que tuvimos fue hostigamientos del ELN, a principios de año contra el pueblo. Pero todo el mundo vio al comandante de la Policía tomando con el del ELN”, comenta una persona de Magüí Payán.
“El que denuncia o se tiene que ir, o se tiene que desaparecer con toda la familia. Y hay que entender que las familias de nosotros son de 20 personas, y todas están normalmente en la misma vereda, así que no es nada fácil denunciar”.
“Se está dando el caso de que alguien denuncia, y el que hizo el robo es de los primeros que se entera”, cuenta alguien de El Charco.
Degradación del conflicto
Luego de largas décadas de violencia, los habitantes de ciertas regiones de Nariño tienen vivir con un nuevo conflicto.
“Aquí duramos años lidiando con los ‘paras’ y con el Frente 29 de las FARC, pero lo que se ha agudizado ahora es la delincuencia común. Las mismas Farc empezaron a crear como núcleos de colaboradores y les enseñaron a usar armas. Pero esos jóvenes ya no están bajo su disciplina, sino que están cobrando vacunas y robando. La guerrilla dejó de ser ideológica, están tratando de sostenerse económicamente. Y cuando se sienten muy presionados en una zona, salen. Entonces los que quedan (delinquiendo) son estos muchachos”, comenta un habitante de Olaya Herrera.
Por lo general, en la época pre-desmovilización, las víctimas eran sometidas por personas externas de sus pueblos.
“Es muy triste porque hace 10 u 11 años, cuando llegó la muerte, llegaron muchos paisas y gente de Cali. Pero ahora nos matamos entre nosotros mismos: muchachos de 15, 16, por mucho 20 años nativos de Tumaco”, recuerda una persona que también pidio el anonimato, al contar que los jóvenes también están siendo usado para ser informantes y cobrar extorsiones. “Las Águilas, por ejemplo, los ponen a hacer inteligencia. A veces uno no sabe si los mototaxistas o los vendedores de minutos trabajan para alguien”.
Otros señalan que en ciertas regiones los menores de edad han dejado de ser reclutados por grupos armados ilegales, y han pasado a montar sus propias empresas criminales.
“La comunidad ha caído en eso de la violencia. Ya hasta hay bandas de niños de 8 y 10 años que roban a los adultos, y que se ponen los nombres de los grupos armados. La banda de los mayorcitos es la que de todos modos les gana siempre a las demás. Esa se llama La Banda de Uribe”, cuenta un habitante de Magüí Payán.
A otras personas les ha tocado la difícil situación de tener que lidiar hasta con tres o más grupos armados ilegales. “Aquí tenemos de todo. En la salida a Pasto están los Rastrojos. Dentro de Tumaco, las Águilas. Y en las zonas rurales, en los ríos, están las Farc. Como ahora están ‘vacunando’ a todo el mundo, entran a recibir vacunas a un billar, a una tienda. Todo el mundo los ve”.
“Hace ocho días (a finales de septiembre) lanzaron una granada dentro de una casa. Eso nunca se había visto. Creían que dentro estaban las Águilas”.
A menos coca, más golpes contra la población
Aunque parezca paradójico, las victorias en la lucha contra la drogas se han transformado en algunos casos en derrotas para los pobladores de ciertas regiones.
“En este momento los grupos están sin finanzas, y eso los está llevando a ser peores”. “Como ha bajado la coca, los grupos están ahora detrás de cualquier cosa que produzca dinero. Las Farc cobran impuesto hasta por un marrano. Por un bulto de cacao son 10 mil pesos”. Esto ocurre en Tumaco y municipios aledaños a la Cordillera Occidental.
Los golpes al narcotráfico, como fuente de financiación de los grupos armados ilegales, han hecho que éstos quieran compensar sus saldos aumentando las extorsiones. “Ahora no sólo tenemos asesinatos, matanzas y desplazamientos, sino que cobran impuestos por bienes y servicios. Y no sólo a quien se encuentran, sino que están enviando gente a las fincas a cobrar dos o tres millones. Los Rastrojos cobran por una casa bonita, por una lancha, por una finca”, explica una persona de la región.
Cuando las personas se niegan a cancelar las extorsiones, son asesinadas y despojadas de sus bienes. “Así le pasó a un conocido, que tenía una lancha en el municipio de Policarpa. Le fueron a cobrar el impuesto y no tenía el dinero. Pues ningún problema, lo mataron y se quedaron con la lancha”.
Droga y muerte
Varios pobladores de la región tienen claro que las muertes que se ha presentado últimamente están relacionadas por disputas relacionadas con el narcotráfico.
“Ya la gente entendió que los muertos son producto de la coca. Si hay coca hay plata, si hay plata hay lujo. La gente compra lo que no es necesario, los pueblos se llenaron de trago y de prostitución. Se pelea por la coca y se mata por la coca, pero al final, la pobreza es la misma”, comenta una persona de Barbacoas.
En las desembocaduras de los ríos se han presentado varios asesinatos de pescadores, y para un habitante de Olaya Herrera, estos crímenes se han cometido porque las bocanas son muy importantes para el transporte de narcóticos.
“Hay sitios donde no quieren que las comunidades estén. Si la Fuerza Pública hace algún hallazgo, decomisa algo, buscan culpables. Así la pasó a alguien hace año y medio. Hubo un hallazgo en la zona donde él pescaba, lo amenazaron y si está vivo fue porque no esperó”, cuenta alguien con relación a supuestos abusos de las autoridades.
Guerrilla contra guerrilla
Otro aspecto que ha intensificado el conflicto en la zona, ha sido los enfrentamientos entre las Farc y ELN.
“Las guerrillas se pelean entre ellas, y en la pelea matan civiles. Dicen que los vendedores de rifas están con un grupo, que los mototaxistas son de los otros. Y matan a los mototaxistas y los vendedores de rifas. El último desplazamiento que hubo fue el año pasado, cuando las Farc atacaron al ELN en la vereda Bellavista y mataron a cuatro”, cuenta un poblador de Magüí Payán.
Durante este año, en Nariño se han presentado 11.136 casos de desplazamiento forzado, de los cuales, 6.561 corresponden a afrodescendientes.
Las Farc también han intimidadado a varias comunidades. “En el consejo comunitario Manos Amigas el Ejército está arriba y abajo, y en el medio están las Farc. La gente no puede salir porque les dicen que son informantes. Para salir tienen que decir a dónde van, con quién van a hablar. Y registran las llamadas. Hace un tiempo un muchacho hizo una llamada y alguien de la guerrilla le quitó el celular mientras estaba hablando. El que se lo quitó siguió la conversación y comprobó que al otro lado había alguien del Ejército. Por supuesto que al muchacho le fue mal”.
“También es cierto que las Farc se están llevando muchas niñas. Yo este año se de tres casos, una que se fue enamorada y dos que se fueron ‘braveadas’. Si la gente no quiere que se la lleven la vía es Cali. Aunque sea a pasar hambre, pero se van”.
Estos testimonios dan cuenta de cómo está evolucionando el conflicto en Nariño después de que se acabó el control territorial de las AUC, de que no se cumplieran las garantías de no repetición de los desmovilizados, de la poca eficacia de la lucha contra las drogas y de la falta de justicia en los diferentes rincones de este departamento.
Quizás, la mejor síntesis de la situación que se vive actualmente en Nariño la sintetizó uno de sus habitantes: “Ahora las cosas son más complicadas, antes el problema era con grupos y uno sabía más o menos como ubicarlos. Ahora todo es más confuso, hay mucho de negocio. Si baja la coca entonces le cobran a todo el mundo, quieren la plata del chance, están matando a los comerciantes. La gente se tiene que ir para Popayán o para Cali, porque no saben de dónde les va a llegar el tiro. Y las cosas en general no están funcionando. No es normal que agarren a una persona con armas, acusado de ser paramilitar y a los tres días esté libre. Tanto la Fuerza Pública como el sistema penal están fallando”.
Tomado de Semana.com
