SEMANA.COM. Colombia registró un incremento «preocupante» de ejecuciones extrajudiciales en 2010, con 12 casos y 23 víctimas frente a los 7 casos y 16 víctimas del año anterior, según un informe del no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) conocido el sábado.
Este tipo de violaciones a los derechos humanos «continúan presentándose en el país por más que la magnitud de casos no sea tan significativa como lo fue en los años más críticos de los `falsos positivos` (2006-2008)», sostiene el Cinep.
El incremento entre 2009 y el año pasado fue del 58,3 % en el número de casos y de 69,5 % en el de víctimas, precisa el informe titulado «Falsos positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia».
Además, de acuerdo con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, el acumulado de ejecuciones entre 2001 y 2010 asciende a 562 casos y 887 víctimas.
Ese organismo del Cinep ha identificado «nuevas modalidades» en las ejecuciones extrajudiciales: en algunos casos los responsables «ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros, sino como personas asociadas a la delincuencia común», y en otros se atribuyen a «errores de operación por parte de la Fuerza Pública».
«El panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando», advierte el Cinep.
A esto «se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la justicia penal militar con la ordinaria», así como «la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) que aún continúan en servicio».
El escándalo de los «falsos positivos» salió a la luz en Colombia en 2008 a raíz del llamado «caso Soacha», que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
El «caso Soacha» se produjo cuando era ministro de Defensa el ahora presidente Juan Manuel Santos y, pese a que entonces se tomaron medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales y castigar a sus responsables, «el control de estos abusos no parece haber sido total», concluye el Cinep.
