Mientras los colombianos sufrían la reciente ola invernal que los tenía con el agua al cuello, en Buenaventura sus habitantes salían a las calles a protestar no por las inundaciones, sino por falta del preciado líquido.
Las marchas se repitieron el pasado miércoles 2 de marzo y aunque no contaron con la asistencia masiva de los bonaverenses, sirvieron para dejar claro que están cansados, “es una canallada lo que han cometido con este pueblo”, dijo a SEMANA Humberto Hurtado, uno de los líderes de la protesta que cerró con la quema de facturas del servicio de acueducto al frente de la alcaldía.
Esa cruda realidad no se compadece con la importancia económica de una ciudad por donde se mueve casi la mitad de las exportaciones del país y que pese a la riqueza que transita por su puerto, hoy sólo el 65 por ciento de sus 352.000 habitantes recibe el servicio de acueducto y, lo que es peor, apenas durante nueve horas al día y con cortes frecuentes.
La historia del problema está minada por serias irregularidades, incumplimientos de las clases dirigentes local y nacional y un singular contrato de operación con una prestigiosa firma paisa: Hidropacífico.
Si bien el tema del agua potable en ese municipio es viejo, dio un giro en diciembre del 2001 cuando en el gobierno Pastrana se entregó a un privado la operación que estaba en manos de la empresa oficial Acuavalle. Lo malo de esa concesión a 20 años es que el contrato tenía un articulito en el que se aclaraba que las nuevas inversiones del sistema, calculadas en 150.000 millones de pesos, corrían por cuenta de la Nación y el Municipio.
Es decir, contrataron a un particular sólo para que les administrara el servicio, sin tocar el tema de las obras que se requerían. Algo absurdo porque todos en Buenaventura saben que el problema del acueducto se reduce a la falta de infraestructura. De hecho, esa es una de las principales causas de que el 78 por ciento del agua que se potabiliza se pierda en la conducción o se la roben en conexiones fraudulentas. “Queda la sensación de que el operador se ganó el contrato mostrando la cédula”, dijo a esta revista el alcalde, José Félix Occoró.
Tan sólo ocho años después de la concesión se habla de la existencia de al menos 45.000 millones de pesos del Municipio para una parte de las obras y muchos exigen que se aclare qué pasó con el dinero que se recaudó todo ese tiempo y qué destino tuvo. El operador explica que cumplió su obligación de administrar y mantener en buen estado las redes existentes, “la empresa nunca ha sido rentable”, aclaró a SEMANA Jorge Alberto Uribe, el presidente de la prestigiosa firma Conhydra, especializada en servicios de agua potable no solo en Colombia, sino en el exterior y mayoristas del consorcio Hidropacífico.
Si bien el operador puede tener razón en sus argumentaciones jurídicas y técnicas, nadie entiende cómo un consorcio con semejante prestigio y músculo financiero se mantiene al frente de un negocio que no es rentable por supuestos incumplimientos de la contraparte. Esa misma lógica le cabe al Municipio.
Sumado a todo lo anterior, a la empresa no le perdonan que mientras los pobladores padecen cortes que dejan barrios enteros sin una gota de agua por varios días, los buques cargueros reciben sin problema el líquido y lo pagan en dólares, “eso deja un mal sabor en la comunidad”, precisó Andrés Santamaría, Defensor del Pueblo del Valle y quien atiende el caso.
Según cifras que reposan en un informe de interventoría al que tuvo acceso SEMANA, cada mes se factura un promedio de 2.500 metros cúbicos de agua para las naves locales y extranjeras del puerto de Buenaventura. Aunque la cifra es mínima frente a los cerca de 375.000 metros cúbicos de agua que facturan en todo el municipio, causó malestar.
Pero el problema es tan complejo como esto: Para darle agua a un sector específico de la ciudad, a diario una brigada de obreros abre y cierra 1.200 veces las válvulas de conducción. La pregunta que muchos se hacen es si esos cierres se programan por necesidad del servicio o por interés comercial.
