MIGUEL ÁNGEL ESTUPIÑÁN. (Revista Vida Nueva). El 6 de diciembre de 2015 será recordado por la comunidad de Bojayá como el día en que las FARC reconocieron públicamente frente a la población civil del municipio su responsabilidad en un hecho que jamás debió haber ocurrido: la masacre que en 2002 costó la vida de al menos 79 personas, entre ellas 49 menores de edad. “Con el dolor que aún cargamos y nos duele en el alma recibimos este día para la dignidad y memoria de nuestros muertos”, señaló durante el acto el Comité 2 de mayo. Dolor, dignidad y memoria se encontrará el papa Francisco en Chocó, durante una eventual visita al departamento.
Había un aire ceremonial en el ambiente. Detrás de la cámara, Jesús Durán, de la Regional Pacífico, se preguntaba cómo captar el acontecimiento con respeto. En un gesto de confianza, las víctimas lo designaron a él y a Dianne Rodríguez para hacer el registro fotográfico y audiovisual de un momento histórico. Sus equipos fueron los únicos autorizados para grabar y tomar fotos ese día. La razón: evitar un show mediático que re-victimizase a la gente.
Los representantes de la guerrilla llegaron por el río y cruzaron debajo del puente desde el cual 13 años atrás hombres de las FARC lanzaron la pipeta que impactó la iglesia. ¿Por qué después de la masacre no se detuvieron los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros en la región? ¿Por qué no ha habido hasta el momento una reparación integral? Preguntas de este tipo latían junto a los sentimientos encontrados de los sobrevivientes. Jesús Durán pensaba: personas como las de Bojayá, ricas en relaciones culturales, no merecían tantas imágenes de muerte. La cancha, el antiguo centro de salud y el templo traían evocaciones de un duelo que aún no se ha podido hacer. La grandeza de los bojayaseños volvía a expresarse; pero, esta vez, en su generosidad para recibir a quienes un año atrás habían manifestado su intención de pedir perdón. Esa grandeza era lo que había que mostrar por encima de todo.
Reiterar exigencias
Ese día las víctimas suplicaron una vez más a las fuerzas espirituales de la naturaleza, a los jai del pueblo Emberá, y a los ancestros del pueblo afrocolombiano que la guerra llegue a su fin; que puedan recuperar sus planes de vida y de etnodesarrollo sin que nadie interfiera en su vida; y que el Estado asuma y cumpla con su responsabilidad de saldar la deuda histórica que tiene con la gente de la región, en especial con quienes más han sufrido.
Insistieron en que se debe garantizar la tranquilidad y la autonomía de las comunidades afro e indígenas; en que deben ser identificados y entregados los restos de quienes perdieron la vida durante los hechos de 2002 y no han recibido aún una sepultura digna. También exigieron una atención médica idónea e inmediata que garantice la rehabilitación de 110 lesionados sobrevivientes.
Pidieron, igualmente, establecer en el antiguo lugar del poblado de Bellavista un centro regional de memoria, que se constituya en un escenario de reflexión, formación y divulgación histórica. Plantearon la necesidad de poner en marcha un proyecto de Educación Superior, tecnológica y profesional en Bojayá. Estas y las siguientes exigencias ya se habían planteado años atrás, pero no han tenido una respuesta por parte de la institucionalidad: por eso las víctimas repitieron que se debe reconocer a los pobladores del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) como víctima de los mismos hechos violentos ocurridos en 2002. A su vez, señalaron que hay que esclarecer la verdad sobre desapariciones y asesinatos que permanecen en la impunidad.
De manera clara, en la voz de sus representantes, la comunidad expresó que los actos violentos que han enlutado a Bojayá por años no se pueden repetir. Hay condiciones para el perdón. Sin garantías de no repetición, el reconocimiento de responsabilidades por parte de las FARC sólo sería un acto público más. Y hay otras preguntas: ¿algún día asumirán su responsabilidad los paramilitares? ¿Reconocerá el Estado que éstos contaron con el apoyo de la Fuerza Pública por acción y omisión?
Pactar convivencia
Que el Gobierno y las FARC sigan dialogando y acuerden el cese definitivo de hostilidades es una forma de reparación para una comunidad violentada hasta el día de hoy. Ahora bien, según consideran los pobladores de esta región, “discusiones sobre tierra, reparación a víctimas y reinserción jamás pueden tomarse sin nuestra participación”. Ahí radica buena parte de la posibilidad de una auténtica paz territorial en el Chocó. Según Jesús Flórez, de la comisión de testigos por parte de la academia, un acuerdo que ponga fin a la guerra radicalizará el desafío de pactar convivencia en el departamento y salvaguardar la autoridad legítima de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas. En sentido estricto, en caso de dejar las armas, las FARC no piensan desmovilizarse, sino hacer del ámbito político el escenario de su movilización. Como también insiste el obispo de Quibdó, Mons. Juan Carlos Barreto, en este escenario tendrá que prevalecer la autonomía y la propiedad de las comunidades sobre sus territorios ancestrales. No deja de ser preocupante que el paramilitarismo persista en su acción.
El camino está abierto. Bojayá es un mensaje sobre la paz y la reconciliación de Colombia; sobre las transformaciones que apremian para hacer de éste un país donde el buen vivir sea posible para todos; en palabras de Jesús Durán, “donde no haya nadie esperando sobras”.
