Así fue el robo que amigos del exsenador Martínez hicieron a alumnos en Buenaventura

Denuncias conocidas por El País indican que antes de iniciar el año lectivo, el alcalde José Félix Ocoró, del Partido PIN, echó mano de la ‘calculadora política’ y permitió que se sacara a los alumnos de los colegios públicos para encargar de su educación a familiares y amigos del exsenador Juan Carlos Martínez, quienes en vez de educar encontraron en los estudiantes más pobres un gran negocio. Consulte aquí el documento que soporta esta denuncia

En el 2011, el Ministerio de Educación giraba a Buenaventura $75.000 mensuales por alumno para garantizar, mediante el programa de ampliación de cobertura, que los niños de escasos recursos que no lograban un cupo en las escuelas públicas pudieran matricularse en un colegio privado. Pero hubo casos en los que al colegio solo le pagaron $20.000 por estudiante y los $55.000 restantes se perdieron en un entramado de corrupción.

Para ese oscuro propósito surgió una suerte de ‘educación de alcoba’, donde las habitaciones, la sala y hasta la cocina de cerca de 500 casas se `acondicionaron` como aulas de clase para amontonar a 51.495 alumnos, desde preescolar hasta bachillerato, en un hecho que llevó a Buenaventura a encabezar la lista de los municipios con peor calidad educativa del Valle del Cauca.

Y no podía ser de otra forma. Porque muchos de esos alumnos de grados superiores jamás vieron materias como álgebra, química o física pues eran padres de familia, improvisados como docentes, quienes se encargaban de educarlos ya que los recursos ofrecidos a los dueños de estas ‘casas-colegios’ no daban para pagar bueno profesores.

Aunque en Buenaventura el tema de la educación está casi vetado, Libardo Riascos, rector del colegio Pascual de Andagoya, aseguró que “la ampliación privada de cobertura educativa, al menos en el municipio, se convirtió en un cáncer para la educación pública porque los padres inscriben a sus hijos en esos colegios y luego los traen en 10 y 11 para que salgan graduados de aquí, pero llegan con el nivel de un niño de quinto grado de primaria”.

“Yo he tenido que salir a perifonear, a pedirles a los padres que no se dejen engañar y matriculen a sus hijos con nosotros, donde tenemos profesores calificados, pero en esos colegios de garaje les están ofreciendo lentejas, camarones, transporte y uniformes, y los padres prefieren esos regalos a una buena educación”, aseguró Riascos.

De tal magnitud es el daño, que el Pascual de Andagoya, el principal colegio público de Buenaventura, se quedó sin estudiantes, le van a retirar más profesores y ya se habla de su cierre.

Esto explica por qué el municipio en el que el Ministerio de Educación destinó una de las mayores cifras para la educación en el 2011, $38.000 millones, buscando garantizar el estudio de más de 51.495 niños, ocupará el último lugar en el Valle en las pruebas del Icfes. El puesto 42, de 42.

El PIN y su ‘banquete del millón’

El 28 de febrero del 2011 en el centro de convenciones de Bagnioregio, el alcalde José Félix Ocoró, la secretaria de Educación municipal y prima del exsenador Martínez, Yolanda Amú Venté, asignaron los millonarios recursos del Ministerio de Educación firmando contratos con los rectores de 58 colegios privados.

Allí salieron favorecidos personajes como la hermana de la Secretaria de Educación, el hermano del entonces diputado del PIN Yíminson Figueroa, una fundación de la que hace parte el esposo de la concejal Yohana Rodríguez, también del PIN, y quienes apoyaron políticamente a los amigos del exsenador, que pese a no contar con capacidad en sus improvisados ‘colegios’ sino para 120 o 150 estudiantes, recibieron contratos para educar hasta a 5.400 alumnos.

Entre los contratados llama la atención un personaje al que nadie había oído nombrar y al que algunos bautizaron como ‘el rector sin colegios’.

Se trata de Juan Esteban Mejía Arboleda, representante legal de la Fundación Educativa Juvenil de Colombia, una organización de Antioquia que nadie en Buenaventura conocía a quien le adjudicaron el contrato CD-11-176 por $4.803 millones para educar a 6.404 alumnos. Dicha fundación no tenía sede ni mucho menos colegios.

El País hizo un rastreo usando la base de datos ZoomOnline, herramienta creada por Consejo de Redacción (asociación que agrupa a periodistas de investigación de Colombia) y encontró que Juan Esteban Mejía fue candidato a la Cámara por Antioquia en el 2010, por el Partido de la U, y que tras fracasar se lanzó al Concejo de Medellín en el 2011 por el Partido Conservador, apoyando a Luis Pérez.

Además, que la Fundación Educativa Juvenil fue denunciada en el 2009 por el sacerdote José Gustavo Gutiérrez por el manejo corrupto que le dieron a la institución educativa San Judas Tadeo en el municipio de Bello donde, según el párroco, “se les entregó a algunos estudiantes diplomas falsos”.

La misma fundación fue rechazada en Apartadó, Antioquia, en el 2010 y 2011 para hacer parte del banco de oferentes porque no tenían sedes ni contratos de arrendamiento de los lugares en los que supuestamente albergarían a los alumnos. Los mismos problemas que se ignoraron en Buenaventura, donde les otorgaron el contrato más jugoso del 2011.

¿Cómo logró una fundación con tantos señalamientos en Antioquia contratar en Buenaventura? Nadie tiene una respuesta concreta, sin embargo El País encontró un libro de español para primaria en el que figura como coautora Yolanda Amú Venté, la entonces secretaria de Educación del puerto, y la editorial que produjo el libro es la misma fundación, aunque esto es solo una coincidencia.

Incluso, una de las rectoras que subcontrató con la fundación para educar a varios niños, asegura que se fueron debiéndole varios meses y señala a Heyder Andrade como la persona que coordinó las actividades con los colegios. Andrade aparece como fotógrafo en el mencionado libro.

La pelea por los alumnos

Los 58 colegios y fundaciones que encontró El País en el banco de oferentes de cobertura en Buenaventura solo tienen capacidad para educar a unos 11.000 niños.

Para atender a los otros 40.495 tuvieron que subcontratados con casas transformadas en colegios que no cumplían los requisitos mínimos de ley para impartir educación. Y es allí donde empezó a cambiar el destinación los dineros que giró el Estado.

Se volvió común que a los colegios que concursaron y quedaron en el banco de oferentes, solo les pagaran $50.000 por alumno. De los restantes $25.000 que entregaba el Ministerio nadie sabe dar razón.

Como había colegios que les faltaban sedes para atender hasta 5.000 alumnos, debían subcontratar con los pequeños colegios que no cumplieron con los requisitos técnicos, a esos les pagaban $30.000 por estudiante y en algunos casos debían aceptar $20.000 si querían participar del negocio.

Rectores de esos pequeños colegios le aseguraron a El País que, por ejemplo, la Fundación Educativa Juvenil subcontrató la totalidad de sus 6.404 estudiantes con pequeñas casas a las que les pago $30.000, es decir, que su papel de intermediario le reportaba cada mes $45.000 por niño y el negocio le dejaba $288 millones al mes sin sudar la camiseta.

Muchos de los dueños de las casas contratadas fueron citados por Luis Morales y por el representante a la Cámara Jairo Hinestroza en un hotel para invitarlos subcontratar con la Fundación Educativa Juvenil, so pena de quedar por fuera del negocio.

“Me arrepiento de trabajar con la gente de Medellín porque no pagaban cumplido y se fueron debiéndonos plata. Varios directores fuimos a reclamarle a Hermínsul Valencia (coordinador de cobertura) y nos respondió que nosotros no teníamos contrato con la Alcaldía, que le cobráramos a la fundación y lo que vino luego fueron amenazas”, dijo un rector.

Varias de esas fundaciones sin sedes lo que hicieron fue rentar la planta física de otros colegios para dictar clases en la tarde, la noche o los sábados. Es por eso que figuran hasta tres colegios en la misma dirección.

Tal es el caso del Centro de Formación Margarita Hurtado, que ganó un contrato de $1.200 millones para educar a 1.600 estudiantes y renta la sede del colegio San Judas Tadeo, donde caben 150 estudiantes por jornada.

“Le prestamos la planta física al Margarita Hurtado para los sábados porque no tienen instalaciones, pero no sabíamos en qué problema nos metíamos”, dijo Flavio Álvarez, al agregar que ese ‘favor’ los ha perjudicado.

O la Fundación Simón Bolívar que funciona en un segundo piso del Barrio Bella Vista. El primer piso del mismo inmueble está ocupado por el Liceo El Libertador, ambos de propiedad de Julio Ernesto Astudillo.

En cualquier caso, lo que encontró una auditoria del Ministerio de Educación es que alumnos de distintos grados recibían clase simultánea en un mismo salón y con un mismo profesor.

Igualmente, que los alumnos ‘fantasmas’ se justificaban haciendo una combinación de nombres y apellidos. O casos donde los interventores buscaban los niños y más del 50% estaba ausente por “enfermedad”.

¿Y quién hizo la interventoría?

El mayor indicativo de que algo muy turbio sucedió con los recursos de la educación en el principal puerto sobre el pacífico colombiano en el año 2011, es que nadie quiere reconocer que fue contratado para hacer interventoría al programa.

Por el cambio de calendario hubo una primera interventoría que inició en junio del 2010 y terminó en junio del 2011 y la realizó la Fundación Fundaproductividad por $400 millones.

Personas allegadas a la fundación aseguraron que en el primer semestre del 2011 encontraron irregularidades que se reportaron a la Secretaría de Educación de Buenaventura, pero que jamás se hicieron los correctivos.

“Como Fundaproductividad no se prestó para trabajar en la forma que quería el Alcalde, la Secretaria de educación y el coordinador de cobertura Hermínsul Valencia, los sacaron a mitad de año”, dijo un dirigente político.

Aunque la primera interventoría fue por un año y costó $400 millones, El País encontró un contrato para el segundo semestre de 2011, por valor de $1.200 millones con la Fundación de Capacitación para el Trabajo.

Es decir, que se aumento el costo del contrato en un 300% y se disminuyó el tiempo del mismo a la mitad. La entidad contratada es de Abel Rodríguez Cabal, hermano del exgerente de la Licorera del Valle y excandidato a la Cámara por PIN, William Rodríguez.

Este diario buscó en Palmira a Abel Rodríguez, quien negó tajantemente haber realizado la interventoría a la cobertura educativa en Buenaventura y aseguró que sólo fueron supervisores.

“Le aclaro que nosotros no hicimos la interventoría; lo que realizamos fue el apoyo a la supervisión, como reza en el contrato”, insistió Rodríguez.

Aseguró que ellos visitaron todos los colegios y que realizaron varios hallazgos “pero los informes se los pasamos a nuestro interventor natural que era la Alcaldía. Pero le repito que nosotros éramos apoyo a la Secretaría y al coordinador Hermínsul Valencia”, dijo Rodriguez, quien justificó el valor del contrato “porque eran cerca de 500 colegios para supervisar”.

El País buscó también a Hermínsul Valencia quien contradijo lo dicho por Rodríguez y aseguró que fue la Fundación de Capacitación para el Trabajo la que hizo la interventoría. “Había una interventoría hasta junio y luego llego otra firma que fue la Fundación de Capacitación”, dijo.

Miguel Ángel Bermúdez, docente y propietario de uno de los colegios privados de ampliación de cobertura, reconoció que en Buenaventura hubo irregularidades en el 2011, “pero yo sí quiero llamar la atención de las autoridades a investigar lo está pasando en este 2012, porque puede ser igual o peor a lo que pasó en el 2011”.

Rectores y contratistas en el Sisbén

Pese a los jugosos contratos y millonarias comisiones que obtuvo el sector privado de la educación en Buenaventura, el mal manejo de lo público no se limita solo al tema educativo.

El País encontró que la mitad de los representantes legales y rectores de los colegios de ampliación de Cobertura también están inscritos al Sisbén, como parte de la población más pobre y vulnerable de Buenaventura. Entre ellos los firmantes de los mayores convenios educativos.

Melba Garcés Aramburo, quien sumó contratos por $5.500 millones, aparece afiliada al Sisbén en Cali con un puntaje de 70,30 y la ficha No. 98127.

Al ser confrontada por El País, aseguró que desconoce y que lo único que ella ha realizado con el Sisbén fue un censo que le realizaron en Cali para saber en qué nivel está, “pero inscrita obteniendo beneficios del Sisbén, no. Incluso, yo estoy afiliada a una EPS independiente”.

También figura en el programa de beneficios del Estado el rector y representante legal del Colegio Divino Niño, Luis Carlos Celorio, quien obtuvo un contrato en el 2011 por $4.050 millones para dar educación a 5.400 niños.

“Presumo que yo puedo aparecer porque hace ocho o nueve años atrás sí hice la gestión, pero nunca hice uso de eso”, indicó Celorio, quien figura en Buenaventura con un puntaje de 41,37 y la ficha No. 572.

El tercer gran contratista afiliado es Luis Alberto Figueroa Carabalí, propietario del colegio Cooperativo Perla del Pacífico y hermano del exdiputado del Valle Yíminson Figueroa.

Pese a que en 2011 obtuvo un contrato por $1.650 millones para la educación de 2.200 niños, el pastor Figueroa figura en el Sisbén en Buenaventura con un puntaje de 47,70 y el número de ficha 41459.

Junto a ellos tres, se encuentran otros 25 representantes y rectores de colegios pilotos que podrían hacer uso de programas de asistencia social. Incluso, unos con puntajes tan bajos que podrían acceder al régimen subsidiado de salud y que les permitiría formar parte de Familias en Acción.

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