Los actos por la década pasada desde el crimen de guerra que estremeció al Medio Atrato el 2 de mayo de 2002 han mostrado en su crudeza la distancia brutal entre el discurso y la práctica del Gobierno de Colombia. Juan Manuel Santos y su equipo se empeñan en hablar de restitución (de derechos, de tierras, etcétera) a las víctimas civiles del conflicto armado que no cesa en el país, pero sus actos muestran un desprecio absoluto por el dolor y por el valor político de las comunidades.
El 27 de febrero, sólo un departamento del Gobierno acudió al llamado del Foro Bojayá, una década convocado en la capital, Bogotá. Allá. la Unidad de Víctimas anunció con grandilocuencia que Bojayá era, a partir de ahorsa, “prioridad absoluta para el Gobierno Nacional como ejemplo histórico de restitución colectiva de derechos”. Es más, Gloria Inés Serrano, subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad y María del Pilar Valencia, directora de Étnias, aseguraron que Bojayá sería una prueba del “regreso del Estado Social de Derecho a Colombia”.
Ese día, ante la ausencia de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior o la propia Presidencia, un asistente se quejaba excéptico: “Si no han querido venir aquí, a unas cuadras del Palacio de Nariño [sede de Gobierno], menos van a ir a Bellavista”. En Bellavista estaba convocada una Mesa de Concertación entre comunidades y Gobierno para el 1 de mayo. Ante la ausencia de una representación oficial con autoridad para “concertar”, las comunidades anunciaron el día 2 de mayo, cuando celebraban los actos simbólicos de recuerdo a las víctimas, que cancelaban la Mesa y mostraban su decepción. También anunciaban que una delegación viajaría a Bogotá a “buscar” al Gobierno.
Pero la situación se ha tornado más dramática, cuando el Comité 2 de Mayo, que agrupa a las víctimas, hizo público hace unas horas el siguiente comunicado, que reproducimos íntegro, en el que denuncian la actitud rastrera y vergonzosa del Ejecutivo de Juan Manuel Santos. Su título ya anticipaba la noticia: El Gobierno queda al desnudo.
“El Gobierno nacional no solo no le cumplió al pueblo bojayaseño y de la región en términos políticos al enviar funcionarios sin poder de comprometimiento a un ejercicio de concertación trascendente, el cual se abortó por las mismas causas, sino que en términos operativos también están pelando el cobre.
El viacrucis comienza el día 27 de marzo, en Bellavista, cuando funcionarias del Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, y Unidad de Víctimas se comprometieron a financiar los actos de la conmemoración. A partir de dicho momento, las comunidades cumplieron con todas las exigencias de la institucionalidad, mientras que por parte de las instituciones no se observaba ningún avance. En estas circunstancias, una semana antes del evento, el Comité organizador decide renunciar al “oportuno, decidido y valioso apoyo” que le estaban ofreciendo las instituciones… Ante esta enérgica renuncia del comité, tres días antes del inicio del evento, el Ministerio del Interior se compromete a financiar parte de la alimentación, y la Unidad de Víctimas, parte de la movilización (transporte); a última hora, el Ministerio de Cultura asume el transporte aéreo de cuatro delegados provenientes de Medellín y Bogotá.
La programación iniciaba el domingo 29 de abril, y el viernes 27 y sábado 28 de abril el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas consignaron unos anticipos de diez millones de pesos cada uno… Fíjense bien, uno y dos días previos al evento. Luego, el día domingo 29 de abril llegan a Bellavista las funcionarias del Ministerio del Interior con el resto de la plata que habían prometido, y, una vez hecho un avance de legalización, entregan 20 millones de pesos mas… ¡oh sorpresa!, después de la cancelación de la concertación por parte de las comunidades, éstas funcionarias se enfurecen, salen despavoridas del pueblo, se llevan la plata que habían traído en efectivo, desatienden los compromisos adquiridos y, ahora, están formulando una serie de requerimientos no contemplados en la minuta verbal que se estableció para los efectos ni en las fases previas al desenlace político de la Concertación. ¿Estarán actuando correctamente estas funcionarias? Juzguen ustedes. Y si por acá llueve, por los lados de la Unidad de Víctimas no escampa… Como los afros somos ladrones consumados y empedernidos de este país -y no los de otras regiones-, enviaron una funcionaria para que vigilara la entrega de cada gota de gasolina.
Nosotros habíamos solicitados 1.000 galones de combustible y finalmente se consumieron 1.098… Igualmente, están solicitando unos requerimientos de legalización que van más allá de los compromisos adquiridos por el operador del transporte. Y la ñapa: de los cuatro tiquetes situados por Mincultura, solo viajaron dos personas, una de Bogotá y otra de Medellín; los otros dos tiquetes de Medellín están allí a su disposición, pero se dieron a la tarea de llamar a verificar hasta con personas que ellos no apoyaron (como fue el caso de un compañero de Cali que transportamos por otros medios porque a Min-cultura le fue imposible trasladarlo de Cali a Quibdó, pero otra fuente sí pudo).
Las palabras de inicio de la malograda concertación fueron: “Superemos la disyuntiva convencional de Gobierno vs Comunidad y actuemos todos como Estado, actuemos todos desde la misma orilla, teniendo siempre presente que lo perseguido es la dignificación del pueblo bojayaseño…”. Le solicitamos al Gobierno nacional que sea consecuente con estas premisas y que recupere la cordura, que cumpla con sus compromisos, que facilite la concertación con las comunidades de la región porque nosotros los bojayaseños no renunciaremos a la posibilidad de construir un proyecto de nación donde quepamos todos y todas dignamente”.
