Según informes de Pastoral Social y la Corporación Nuevo Arco Iris, sólo el 11% de los desplazados que existen en el país tienen intención de retorno a sus tierras. Una realidad contra la que lucha el Gobierno y que, sin duda, vive su prueba de fuego en la región de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, en el Chocó. A partir de hoy y hasta el domingo se llevará a cabo el tercer anillo del censo para el proceso de restitución de título colectivo de tierras en dicha zona, donde según Boris Zapata, director de asuntos para comunidades negras del Ministerio del Interior, se llevará a cabo la restitución más grande en la historia del país y una de las más grandes del mundo: 100 mil hectáreas.
El objetivo es identificar cuántas familias provenientes de las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó existen actualmente en situación de desplazamiento en Antioquia, la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Bogotá y el extranjero. “En el primer anillo del censo se identificaron 1.600 familias, quienes habitan hoy allí. El segundo anillo, hecho entre noviembre y diciembre, ubicó a 4.500 en zonas cercanas como el Urabá chocoano y antioqueño, y Córdoba. Ahora estamos en el tercer anillo para poder identificar las familias que se desplazaron más allá de las fronteras antropohistóricas. Incluso, tenemos preidentificadas 45 familias en Venezuela, dos en Ecuador, 14 en Salvador y 10 en Panamá”, explica Zapata.
El procedimiento del censo es hecho por las propias comunidades con la asesoría del Ministerio del Interior y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. El desplazado que va a ser censado llena un formulario y un grupo de adultos mayores, con memoria histórica, verifican la información de acuerdo con el conocimiento de la región y sus familias. El paso a seguir, según Zapata, es a través de un Comité de Censo para valorar los formularios, luego se crea el consejo comunitario y, por último, se entregará el título colectivo y se garantiza el retorno. ¿Cómo? “Sabemos que el camino a transitar es largo y difícil, y que puede costar sangre”, agrega el funcionario.
Ahora, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha hablado de que la meta no es sólo el retorno, sino garantizar condiciones de vida y seguridad para quienes decidan regresar a sus tierras y “trabajar en la construcción de proyectos productivos que los hagan volver a la prosperidad, no a la miseria”. Y ese es, sin duda, el mayor desafío que se enfrenta teniendo en cuenta que la región tuvo la influencia de la guerrilla y los paramilitares, que es aún un corredor estratégico de narcotráfico y tráfico de armas, y que incluso se sabe de empresarios de sectores como la palma de aceite, madera, banano y plátano que se aliaron con los ilegales para llevar adelante el despojo.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), que lleva más de diez años acompañando a las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó, ha reseñado una serie de problemas que enfrenta el censo. Por ejemplo, hace referencia a la ausencia de garantías de seguridad que persisten sobre los habitantes de dichas comunidades. “Hay gente que no ha podido participar por las amenazas. La mayoría son adultos mayores o líderes comunitarios, como María Ligia Chaverra o Raúl Palacios Salas. Ellos no han podido participar ni en el segundo anillo del censo ni lo harán para el tercer anillo”, dijo un miembro de la CIJP pidiendo la reserva de su nombre.
Según contó, el caso de Palacios es “muy grave”, ya que en una reunión realizada en Bogotá con el ministro del Interior denunció la presencia paramilitar en la zona. Una vez regresó a la región, los paramilitares lo citaron a preguntarle por las denuncias que hizo y dijeron que tenían un video de él en el encuentro. Por otra parte, la CIJP sostiene que existen problemas metodológicos en la manera como se viene desarrollando el censo: “Se proyectó que quedarían registradas cerca de 2.500 personas, sin embargo, resultaron 4.185. La razón es que de una familia compuesta por diez personas, todas fueron incluidas aun cuando todas vivan en la misma parcela. Esto deja abierto muchos interrogantes”, sostiene.
También hacen referencia a la manera como fue asumido el censo en el casco urbano del Carmen del Darién, ya que allí se incluyeron todos los habitantes a pesar de que no todos tienen títulos. Y, por otra parte, existen diferencias con la ruta que el Gobierno trazó para la restitución: “Ellos sugieren primero hacer la entrega de tierras, luego el saneamiento y, finalmente, el desarrollo de proyectos productivos, pero las comunidades no están de acuerdo y proponen: saneamiento, restitución y proyectos productivos. La gente está lidiando con la presencia paramilitar de ‘Los Rastrojos’, el tráfico de cocaína y la influencia de empresarios de la palma que siguen interviniendo en el proceso, promoviendo invasiones y entorpeciendo el proceso”, dice la CIJP.
“Seguramente vamos a tener conflictos, algunos violentos. Pero teníamos que arrancar y las comunidades de Curbaradó y Jiguamindó serán el ejemplo para todo el proceso de restitución. Hay temores y dudas, pero ven que el Estado tiene tanta decisión que eso les ha generado confianza”, concluye Boris Zapata, en respuesta a muchos de los interrogantes de la Comisión.
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Redacción Política | Elespectador.com
