COMUNICADO PUBLICO
ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES ETNICOTERRITORIALES DE NARIÑO “ASOCOETNAR”
La organización de segundo nivel ASOCOETNAR denuncia ante la opinión pública a nivel nacional e internacional, la grave situación alarmante que viven las comunidades en el territorio y la explotación de recursos minerales naturales, que se viene agudizando en los últimos meses mediante amenazas, silenciamiento y muerte de nuestros líderes. En lo que acontece este año 2013 han recibido amenazas por parte de grupos armados cinco (5) líderes de nuestra organización, cuatro (4) de ellos para salvaguardar sus vidas y la de sus familiares se vieron obligados a desplazarse de sus territorios. Lamentamos la pérdida de todas y cada una de las vidas que han sido arrebatadas, hoy nos entristece el asesinato del compañero y líder afrocolombianoSócrates Paz Patiño, Representante legal del Consejo Comunitario Cuenca Rio Iscuandé.
En estos territorios la disputa territorial y el dominio de zonas que ejercen los grupos armados es brutal, en tanto los legítimos dueños, el pueblo del Pacífico nariñense, hoy con dolor y temor revive en su memoria los hechos de la última década; diezmado por los homicidios, desplazamientos, confinamiento y desapariciones forzadas.
Aunque las autoridades no han dado la alarma y no tomen medidas de choque para salvaguardar la integridad y seguridad de los ciudadanos; es inconcebible esta inusual pérdida de vidas humanas, es un crimen de lesa humanidad, por esta razón se le pide a la comunidad, que está entre fuego cruzado, amenazada y confinada, que tome una posición distinta a la de salvaguardar su propia vidas.
La población afirma que la violencia actual es más grave que nunca, las comunidades son sometidas a verse involucradas en los enfrentamientos entre grupos armados. Los habitantes de estos municipios de la costa del Pacífico nariñense no logran entender cómo el gobierno nacional está sentado en mesa de negociación a nivel nacional, mientras ellos viven una guerra de exterminio y de barbarie de manera indiscriminada en sus territorios, dejando un ambiente de zozobra, miedo generalizado, ausencia de alternativas, hambre, territorios desérticos, problemas sociales y ambientales que se necesitarían varias décadas para recuperarlos.
La defensa de la vida como principal derecho exige un compromiso eficaz, organización en los sectores, coordinación institucional, autoridades cumplidoras de su deber constitucional y legal, funcionarios responsables y ciudadanos honestos que sean capaces de privilegiar el beneficio común por encima del egoísmo particular, aunque esto nos traiga a todos incomodidades y tareas que comprometan nuestra responsabilidad personal, grupal e institucional.
PETICIONES
Por todo lo anterior solicitamos a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y demás órganos de control que operen, de la manera más efectiva y perentoria, privilegiando la acción oficiosa, a fin de aplicar Justicia y detener este derramamiento de sangre.
Un llamado a los actores armados a respetar el ambiente de paz que tradicionalmente ha caracterizado a esta región Pacífica. Que busquen mecanismos para contribuir a un real progreso sostenible y justo de estos pueblos.
La no inclusión de la comunidad étnica territorial en el conflicto, tanto en la zona urbana como en la rural.
Un llamado a la Fuerza Pública a recuperar la confianza de la población y la seguridad de las zonas rural y urbanas de nuestros municipios, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Por ello hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y las diferentes instancias de investigación y de control, al Ministerio Público para que ejerciendo sus obligaciones constitucionales y legales brinden medidas de protección y garantía de sus derechos a las comunidades y el territorio.
A los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, al Sistema de Naciones Unidas para que visibilicen esta situación de barbarie que sufren constantemente los habitantes de estos territorios, en especial de las zonas urbanas, barrios y comunidades rurales para que hagan llamados de urgencia y de compromiso a las autoridades nacionales.
Hoy una vez más exigimos justicia y respeto por la vida de las personas y líderes comunitarios, aspiramos a que las medidas no sean sólo aumento del pie de fuerza y de más miedo e inseguridad, sino que ayuden encontrar salidas al problema social y estructural que padece la población. Como organización esperamos poder continuar ejerciendo la gobernabilidad, autonomía y control de nuestros territorios como lo enmarca la Ley 70/93 o ley de las comunidades Negras.
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