El acta de acuerdos de noviembre definió en las garantías que el gobierno nacional, departamental y municipal reconocían la naturaleza justa de la protesta social de los líderes campesinos afros y Consejos Comunitarios que estuvieron al frente del paro cívico de López de Micay. Los líderes de igual manera hicieron entrega de una comunicación con fecha 21 de Noviembre de 2013 dirigida a la unidad Nacional de Protección con copia a los organismos de Control, en la cual solicitaron medidas de protección y garantías jurídicas para que no se tomaran represalias contra los manifestantes.
El 3 de febrero de 2014 llegó la Comisión del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, quienes en cabeza de los delegados nacionales no atendieron de forma debida a los líderes de la protesta cívica. Los líderes por su parte precisaron “Los manifestantes veníamos haciendo acercamiento con el gobierno municipal, ya que el gobierno nacional y departamental, una vez más le ha dado la espalda a los condenados del Pacífico”.
Después de 12 días de Paro Cívico el 9 de febrero de 2014 los manifestantes en conversación con el Secretario de Gobierno municipal habían decidido levantar el Paro, pero el día 10 de febrero de 2014 el Alcalde Adalberto Riascos les sorprendió al enviar a la fuerza pública que violentó las carpas, militarizó al pueblo con presencia de militares vestidos de civil y uniformados, y rodearon el parque donde se concentraba la manifestación.
Según declaraciones de los líderes con esas actitudes la gente fue intimidada y ahora se encuentra atemorizada, lo que obligó a muchos líderes y lideresas a refugiarse en sus casas, o donde amigos y vecinos de la cabecera municipal. Algunos manifestantes plantean que han recibido amenazas encubiertas contra el “SINDICATO SOCIAL Y POPULAR (NELSON MADIBA) -EL TATA» promotor e impulsor de los derechos de la comunidad de la zona.
A pesar de que el paro se estaba levantando, las actitudes adoptadas por la fuerza y la presión militar ordenada por el Alcalde, rompe el Estado Social de Derechos y viola el “reconocimiento de la naturaleza justa de la protesta social de los líderes campesinos afros y consejos Comunitarios que estuvieron al frente del paro cívico de López de Micay”, dicen los manifestantes.
Éstos solicitan con urgencia la presencia de los organismos de control, en aras de que haya garantías de derecho frente a los justos reclamos y pacíficos del Pueblo.
A la comunidad nacional e internacional la solidaridad y atención constante ante el desenlace de los acontecimientos, ya que para el gobierno en su conjunto estigmatiza la protesta antes que solucionar reclamos justos de derecho.
