El día 22 de Mayo del año en curso los medios de comunicación difundían el “duro golpe” que las fuerzas militares colombianas le propinaban a la insurgencia, más concretamente a las FARC-EP, donde se habían “dado de baja” 27 miembros de esa insurgencia, incluido uno de los negociadores de ese grupo en los diálogos de La Habana.
HECHOS:
Nuestras organizaciones han recibido la siguiente información:
- Que el día 21 de Mayo del 2015, siendo las 2 Pm, se iniciaban las operaciones por parte del ejército colombiano, en inmediaciones del territorio colectivo de las comunidades negras del consejo comunitario del Alto guapi, más concretamente la vereda San Agustín; estas operaciones consistían en bombardeos y posterior desembarco de tropas desde helicópteros; estas acciones se presentan de manera indiscriminada, afectando a mujeres, niños y hombres que participaban de un taller sobre el desescalonamiento del conflicto armado.
- Que con la llegada de las tropas por vía terrestre, esta es la información recibida, se pueden haber presentado asesinatos y desapariciones de personas que habían resultado heridas en el bombardeo.
- Que al parecer dentro de las 27 personas muertas producto del bombardeo, no todas eran parte de la insurgencia, de igual forma que el número de personas muertas en esta acción puede llegar a los 80, cifra que no se ha dado a conocer con claridad.
- Que este acontecimiento, posteriormente produce el desplazamiento masivo de personas de las comunidades provenientes de las veredas San Agustín, San Vicente, Rosario, Las Juntas y Balsitas, quienes se dirigieron hacia la cabecera municipal de Guapi, son 110 familias, 463 personas, cifras registradas por la defensoría regional del pueblo en el Cauca y la pastoral social del vicariato apostólico de Guapi.
- Que la situación de las personas desplazadas es de total angustia y problemas de tipo sicosocial ante la agudización del conflicto y los controles que ahora ejerce la fuerza pública.
- Que la crisis humanitaria que se presenta, se viene agudizando en la región ante los constantes controles que ejerce la fuerza pública antes y después de las acciones del 21 de mayo, en la vías fluviales, donde son constantes los abusos, detenciones arbitrarias, señalamientos, y prohibiciones a la población de circular por los ríos, lo cual obliga a las personas a no realizar sus faenas de pesca y casi que los está condenando a la hambruna, ya que de estas actividades depende su sustento.
- Que se vienen presentando graves infracciones al derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública, más concretamente, al batallón número 42 de la infantería de marina, tropas que permanecen de forma regular y constante en la Normal Superior la Inmaculada en Guapi, situación similar ocurre en el hogar San Joaquín y Santa Ana, donde viven niños, niñas, adolecentes, adultos mayores y comunidad religiosa.
- Que el día 28 de mayo las fuerzas vivas del municipio de Guapi adelantaron una marcha masiva exigiéndole a los actores armados que se respetara la población civil, al Estado colombiano que cesara los operativos en los territorios comunitarios donde ha quedado la población civil involucrada, de igual forma a que la fuerza pública se abstuviera de continuar la estigmatización y atropellos a las personas, considerando que si viven en esas zonas, entonces son “guerrilleros”; esta marcha masiva insto a los órganos de control para que vigilen lo que ha sucedido y continua sucediendo en Guapi, pero que se extiende a otra poblaciones como Timbiquí y López de Micay. De igual se planteó el cese bilateral de hostilidades
La fundación comité de solidaridad con los presos políticos, exige:
- Que se respeten los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes que habitan el municipio de Guapi y su zona rural, los cuales se han visto involucrados en los operativos militares que adelanta la fuerza pública.
- Que el Estado colombiano asuma su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de sus conciudadanos, en este caso de la población afrodescendiente que habita la costa pacífica caucana y nariñense, en general la costa pacífica colombiana, que las acciones del Estado vayan más encaminadas en superar el abandono que por años se ha presentado en esta región y que por el contrario las acciones militares no pongan en riesgo a estas comunidades.
- Que cesen los señalamientos y estigmatización a la población civil, el hecho de vivir en una zona de conflicto armado no supone que sus habitantes estén vinculados al mismo, la fuerza pública no puede y no debe asumir esta consideración para justificar su accionar desmedido y brutal contra los pobladores de estas comunidades.
- Que la defensoría regional del pueblo Cauca, la procuraduría general de la nación hagan presencia en los territorios mencionados con el fin de verificar la actuación desmedida por parte de la fuerza pública, así mismo de iniciar, las acciones disciplinarias a que haya lugar y de esta manera frenar la actuación violenta de la fuerza pública.
Fundación comité de solidaridad con los presos políticos.
Central Unitaria de los Trabajadores CUT.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo, SINALTRACAMPO.
Identidad Estudiantil Trabajo Colectivo.
Proceso Nacional Identidad Palmira.
Red de Hermandad y solidaridad con Colombia.
Colectivo Minga de Pensamiento.
SINALTRAINAL Cali.
Comité de Solidaridad de la de CUT Valle del Cauca.
Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia.
Coordinación para el desarrollo regional, CDR.
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Nodo Suroccidente.
Colectivo de estudiantes de secundaria REDSURGIENDO.
