A finales de los 60 se presentaba como antesala a la película de turno un documental denominado “El oro es triste”. Era una presentación de la situación socio económica y ecológica de la extracción del oro en Barbacoas (Nariño): detrás del apreciado metal no había más que hambre, miseria, riñas, prostitución y destrucción ecológica. El deprimente documental enfrentaba la codicia a la miseria.
Comenzando el mes de julio del presente año, fue noticia que 300 mujeres del pequeño municipio de Barbacoas habían entablado “un movimiento de piernas cruzadas” que buscaba llamar la atención del gobierno nacional para rescatar a Barbacoas del olvido y del abandono en donde se encuentra postrado. El acceso al municipio se realiza por una sola vía desde el vecino municipio de Junín a 57 kilómetros, pero su trayecto en vehículo puede durar entre 15 y 20 horas. Al atraso y miseria de este municipio que continúa malviviendo del oro, se vincula la violencia y presencia de actores armados ilegales. Barbacoas tiene una tasa de homicidio de 56,10 por cada 100.000 habitantes, constituyendo la segunda población con más asesinatos en el Departamento de Nariño, después de Tumaco que cuenta con la lamentable tasa de 136,87, según datos de Medicina legal, para el año 2010[1].
Barbacoas, como otras regiones mineras del país, ha vivido cinco o seis ciclos del oro, el primero duró tres siglos y de acuerdo a estudiosos “el actual territorio colombiano produjo oro y lo envió a España a razón de tres, cuatro o más toneladas métricas por año. Para algunos autores, esta cifra representaba en el siglo XVII el 25% del oro que circulaba en Europa[2]”. Barbacoas, como todos los pueblos mineros de la Colonia, fue poblado por africanos esclavizados, a quienes se les impuso la explotación del oro. “Este hecho dramático marcaba la importante presencia de la cultura negra en la Nación”[3]. Los pobladores de Barbacoas formaban parte de las cuadrillas de esclavos de las familias ricas de Popayán.
Colombia vive un nuevo ciclo del oro, producto del gobierno Uribe que de manera desbocada entregó 8.928 concesiones mineras a lo largo y ancho del territorio nacional, sin excluir páramos, reservas forestales protectoras y en humedales Ramsar (donde se encuentra expresamente prohibido). En la actualidad existe una demanda de 20.000 concesiones adicionales. El gobierno Santos que se denomina de la Prosperidad Democrática tiene como divisa el desarrollo de la economía del país jalonado por lo que llama las cinco locomotoras de la economía, siendo sin duda la minera la principal; en esta perspectiva el ejemplo a emular es el gobierno de Alan García en el Perú. El gobierno Santos se estrena rodeado de una economía mundial en crisis, en donde muchos inversores miran el oro y otros metales como un oasis. Existe un crecimiento de las industrias extractiva a nivel mundial, motivada por el incremento de los precios de los minerales. Grandes países con economías en crecimiento como Brasil, India y China demandan de forma desaforada materias primas, sumándose a la de los países industrializados. Ello influye en el incremento de los precios de los metales, así se explica el paso de US$ 400 la onza troy a US$ 1.900.
La demanda de los recursos mineros es cada vez más compleja, puesto que “la minería por definición es una actividad insostenible, basada en la extracción de un recurso natural no renovable, que se agota”[4], por ello se acude a lo que PWC denomina territorios “remotos y desconocidos”[5], que en Colombia están habitados en su gran mayoría por comunidades indígenas y afrodescendientes y situados en zonas de reserva forestal y paramos, que hasta hoy han sido guardados y conservados por estas comunidades.
Como se indicó arriba, en los últimos años, las concesiones mineras se han multiplicado de manera irrefrenable y alocada, “en 2002 el área titulada para exploración y explotación minera era de 1,1 millones de hectáreas, en 2009 era de 8,4 millones y al cierre del gobierno Uribe quedaron 40 millones de hectáreas adicionales en estudio de Ingeominas. En contraste, las instituciones que en representación de los intereses nacionales tienen la responsabilidad de hacer las concesiones y el seguimiento a la actividad minera, se debilitaron y están lejos de tener capacidad para cumplir sus funciones…En 1998 el Sina (Sistema Nacional Ambiental) recibió el 0,76% del presupuesto general de la Nación y en la actual propuesta del Plan está considerado que recibirá el 0,24%. Mientras, para el cuatrienio se espera que las reservas probadas de hidrocarburos aumenten en 335%, la producción de petróleo y gas en 76%, la producción de carbón en 70% y la producción de oro en 51%”[6]. Es claro “La fiebre minera se apoderó de Colombia” como señala la investigación con este título en: www.Ciperchile.cl, allí se indica que se proyecta aumentar las exportaciones del sector minero- energético colombiano de 21.000 millones de dólares en 2010 a 54.000 millones en 2021.
La puja por los territorios mineros ha producido y seguirá haciéndolo un alarmante desplazamiento de comunidades negras e indígenas. Quien circule hoy por las calles bogotanas encontrara a famélicas madres y niños Embera Katio (provenientes del departamento del Chocó) pidiendo limosna, cuando desde tiempos inmemoriales habitaban sus territorios. Su pecado radica en que sus territorios están sentados en zonas estratégicas con subsuelos ricos en minerales. La Asociación OREWA, que representa a estas comunidades indígenas señala con dolor e impotencia: “Los pueblos indígenas están viviendo una segunda conquista y colonización armada que está entrando a saquear sus territorios, presionando los procesos de consulta previa por vía de la militarización, el desconocimiento de los derechos constitucionales y el abandono del Estado para lograr el desarraigo territorial de los pueblos que allí habitan[7]”. En el territorio de estas comunidades indígenas “Una empresa minera a cielo abierto canaliza todas las fuentes de agua de la región y gasta en una hora lo que una persona se gasta de agua en toda la vida, según datos de organizaciones internacionales que han hecho estudios sobre el tema, como Oxfam. Además, la separación del oro se hace con cianuro, y las comunidades son pesqueras, su subsistencia la dan los ríos y su vida se ve realmente afectada. El pueblo Embera tiene y ha tenido antecedentes desastrosos con la explotaciones mineras que ha desintegrado la cultura de estas comunidades (caso del Alto Andágueda, donde hubo 400 muertos y un masivo desplazamiento)”. [8]
Mientras las comunidades originarias se están dispersando y desapareciendo, el territorio amenaza en convertirse en desiertos y cráteres dejados por la irresponsabilidad del Estado y por las explotadoras mineras, con una cuota sobresaliente de enclaves multinacionales, que manejan las concesiones a su antojo. Colombia es el país más contaminado con mercurio en el mundo, según informe de Naciones Unidas de enero del año pasado, la zona del bajo Magdalena es la más contaminada por mercurio al aire y a los ríos que es un problema de salud pública y de seguridad alimentaria.[9]
Las empresas mineras y sobre todo las poderosas multinacionales, no tienen ningún escrúpulo social ni ambiental en el desarrollo de su labor: la mano de obra es reducida y los pobladores contratados son remunerados y tratados de forma indigna, los lugares de explotación se convierten en enclaves desterritorializados, protegidos por milicias propias y amparados por las fuerzas de seguridad del Estado; el medio ambiente no tiene ninguna prioridad, se busca el máximo lucro en contra del respeto de la naturaleza. Las fuentes hídricas son utilizadas irracionalmente y su agotamiento y contaminación se convierten en la herencia que nos queda.
Las principales multinacionales mineras que se encuentran en Colombia, tienen su asiento en Canadá, ellas son reputadas en el mundo por ser causantes de los más sangrientos y brutales atropellos contra las comunidades locales y contra el medio ambiente. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá se ha convertido en un activo más para estas empresas, pero además según la denuncia de una ONG canadiense, el nuevo código minero fue elaborado en gran parte por una consultora canadiense y con recursos económicos de asistencia canadiense. Hace seis meses, el Ministro de Minas Colombiano se presentó en Canadá y ante un auditorio colmado de empresarios mineros les ofreció seguridad y toda clase de ventajas comparativas para que vinieran a invertir en Colombia, el ministro buscaba mover sus corazones y aliviar sus chequeras con exenciones tributarias. Poco tiempo después en una visita del presidente Santos al Canadá, los empresarios de ese país, ni cortos ni perezosos, hicieron un reconocimiento al presidente de Colombia como el “Hombre del Año”, tal como informó en una entrevista la Canciller Colombiana[10]. No cabe duda era el “Hombre del Año” para sus empresas.
Las conclusiones del Consejo Episcopal Latinoamericano en el Seminario Internacional sobre el tema minero, realizado el pasado mes de junio (2011) en Lima, se ajustan total y plenamente al caso colombiano: “Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de estas, se observa el debilitamiento de los Estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local” y más adelante: “Observamos un incremento de la corrupción y un debilitamiento de la gobernabilidad así como del sistema de justicia. Muchas veces se comprueba una falta de transparencia acerca de los contenidos de los documentos que regulan las relaciones entre el Estado y las Empresas extractivas, entre otros: contratos de concesión; estudios de impacto socio-ambiental; informes de monitoreo ambiental del ejercicio de emprendimiento” y añade: “Muchos conflictos socio ambientales se dan porque: “en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas” (Documento de Aparecida, 84)…En muchas ocasiones las Fuerzas de Seguridad de los Estados, o privadas, atropellan los derechos de las poblaciones. A veces grupos guerrilleros armados o paramilitares están involucrados en la explotación de los bienes naturales, y, en otros casos, impiden con violencia las actividades extractivas” Y concluye: De parte del Estado a menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas, posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del Estado sin delegación a los actores privados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art. 6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art. 19”[11]
El gobierno de la Prosperidad Democrática que quiere establecer Santos no ahorra esfuerzos en convocar e invitar a multinacionales mineras a venir e invertir en Colombia, para hacerlo otorga todo tipo de prebendas y facilidades, sumadas a las ya existentes. Es inaudito que de los recursos mineros solo quede en regalías para el país porcentajes irrisorios, los más bajos del mundo: para el carbón es del 10%, cuando en Australia se acaba de establecer en el 30%, para el oro es del 4%, quedando en la práctica el 3,2% porque es el 4% pero sobre el 80% del precio internacional (esos son maravillosos atractivos que el gobierno ofrece a las multinacionales). Frente a esto el gobierno debe explicar porque las regalías para la sal son del 12%. Pero esto no es todo, las ventajas comparativas se trasladan a los impuestos: no pagan industria y comercio, ni impuesto predial. Y para asegurarse ante cualquier eventualidad, las multinacionales mineral se aseguran en contratar a ex – altos funcionarios del Estado conocedores de la letra menuda y de los vericuetos por donde se debe transitar para hacer posible el negocio y optimizarlo Del gobierno Uribe, pasaron a las multinacionales mineras, la ex canciller María Consuelo Araujo, como la presidenta de Gran Colombia Gold Company, fusionada recientemente con Medoro; el ex – ministro de Minas Hernán Martínez (2006-210) es miembro de la Junta Directiva de Medoro Resurces; el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto paso a ser presidente de la Greystar; MPX contrato como asesora jurídica a Leyla Rojas, viceministro de aguas hasta 2010; el ex viceministro de Ingeominas Julián Villarruel trabaja hoy para AngloGold Ashanti, la empresa con mayor extensión de títulos mineros (550.000 hectáreas y solicitudes por 2.000.000 adicionales); Claudia Jiménez, quien fue Ministra Consejera de la Presidencia (2009-2010), es representante del Sector Minero a Gran Escala; Josefina Araújo, Ex Directora de Etnias del Ministerio del Interior (2006) paso a ser Directora de la Anglo Gold Ashanti (2007 hasta hoy); Carlos Franco, Ex Director de la oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia (y antiguo guerrillero), paso a ser Gerente de Estándares internacionales y Sociales del Cerrajón; y el listado puede continuar[12].
En la segunda quincena del mes de septiembre el presidente Santos hizo cambios en las carteras ministeriales de Minas y Medio Ambiente. En esta última nombró al Sr. Frank Pearl, perfectamente ignorante en el sector que ahora tiene que liderar, pero proveniente del mundo empresarial y financiero como su nuevo colega de Minas, realizándose una inocultable alianza para los planes gubernamentales de dar impulso a la locomotora minera, aunque se tenga que sacrificar el medio ambiente.
Se avecinan las elecciones regionales (el 30 de octubre), las zonas mineras y de hidrocarburos son las más deseadas de tal manera que las campañas electorales se hacen con desproporcionados recursos, pues los aspirantes buscan manejar los ingentes recursos de las regalías. Allí los botines son cuantiosos y las obras que se hacen escasas o suntuarias; casi todos estos lugares se destacan por la corrupción y la miseria en que están postrados sus habitantes.
La irresponsabilidad y la ambición no tienen límites, el Amazonas que debería ser sagrado no sólo para Colombia, sino para todo el planeta, se encuentra amenazado por cuenta de la voracidad de las compañías mineras. El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra señala: “en la Amazonía se han otorgado, o se encuentran en proceso de trámite, más de dos mil títulos mineros. Y de continuar, esta política inevitablemente traerá la destrucción de cientos de miles de hectáreas de bosque amazónico como consecuencia de la construcción de vías de penetración en la selva y otras infraestructuras necesarias para la actividad minera….no existe un solo ejemplo en el mundo en que se haya podido evitar la destrucción masiva de la selva tropical que detonan los enclaves mineros en regiones como la Amazonía. Bien valdría que el gobierno aclarara qué áreas se dispone a sacrificar en aras de la explotación minera. Aclaración que debería también hacer en el caso de la explotación petrolera” [13]
El panorama minero colombiano se agrava aún más con la presencia e intereses del narcotráfico en el sector. Aquí tomamos un aparte del estudio de la Defensoría del Pueblo sobre “La Minería de hecho en Colombia”[14]:
“1.1.2 El lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de la minería
Muchos de los productos que ingresan a la cadena de abastecimiento de manera informal también pueden ser desviados por canales ilícitos y con frecuencia son vendidos de contrabando. En países donde el gobierno es oficialmente el comprador exclusivo de los productos minerales, como los metales preciosos, los comercializadores generalmente obtienen más dinero sacando del país los productos a través del contrabando y vendiéndolos en los mercados internacionales.
Estos productos también pueden ser usados para el lavado de dinero. En varios países, entre los que se incluye Colombia, los traficantes de drogas a menudo compran oro a los mineros informales, o lo explotan directamente, y luego declaran el metal como parte del producto de una mina formal. Otro uso que se da a estos productos es el de financiar las actividades de grupos rebeldes, como en el caso de los ‘diamantes de la muerte’ en Angola y la extracción de jade en Afganistán.
En el caso de Colombia, en ciertas eventualidades, la minería, sobre todo la aurífera, ha sido una fuente para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los principales mecanismos utilizados para este fin son los siguientes:
1. Compra de la producción mineral a los mineros locales, inclusive a precios por encima de los ofrecidos por los receptores finales (vr. gr. el Banco de la República), con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada.
2. Importación de oro de contrabando, proveniente de países vecinos como Ecuador, Venezuela[15] y Panamá, para hacerlo pasar como producción de minas de fachada.
3. Importación de maquinaria para la minería comprada con dólares provenientes del narcotráfico.
Adicionalmente, los grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares y bandas emergentes) utilizan como fuente de financiación la extorción a los mineros de hecho y tradicionales en los sitios de explotación minera, a través de la solicitud de pagos mensuales, bien sea exigiendo una parte de la producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina de que disponga el minero, según lo informaron los mineros de hecho del Bajo Cauca antioqueño a funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
De esta manera, tan sólo una explotación aurífera de hecho en el municipio de Ataco, departamento del Tolima, según cifras de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, le generaba a la guerrilla de las FARC ingresos diarios de 120 millones de pesos, que eran utilizados para financiar acciones terroristas en el departamento[16]. Otras explotaciones auríferas de hecho también han sido relacionadas con grupos de paramilitares desmovilizados que, al parecer, las siguen controlando desde sus cárceles en Estados Unidos[17]. En estos casos, los vínculos entre informalidad e ilegalidad tienden a robustecerse.
En los países donde se presentan estos problemas, los gobiernos que pretenden erradicar las actividades ilegales de grupos al margen de la ley, por lo general tratan de eliminar la minería en pequeña escala o la minería de hecho, aunque con ello solo se genera una mayor marginación social de estos trabajadores y los hace caer directamente en manos de contrabandistas, grupos subversivos y traficantes[18].
El conflicto en las minas o en sus alrededores casi siempre tiene su origen en una gobernabilidad deficiente. Debido a que gran parte de la minería de hecho opera en zonas alejadas de las capitales y de la atención de los medios de comunicación y de las autoridades mineras y ambientales, esto es aprovechado por los grupos al margen de la ley que, en muchos casos, imponen a los mineros locales sus condiciones y cobran réditos por una supuesta seguridad.
Es importante, por tanto, no generalizar ni estigmatizar toda la minería de hecho o ilegal del país, trayendo a colación hechos aislados en que participan los grupos al margen de la ley, puesto que la gran mayoría de la explotación minera de hecho es realizada por familias que de manera tradicional y hereditaria han venido desarrollando esta actividad y no conocen otro medio de subsistencia. Por el contrario, como se mencionó, en muchos casos, estos mineros locales, bien sea que exploten minas con registro minero o sin él, son extorsionados por los grupos al margen de la ley que operan en la zona”.
———-
El periodista y escritor Alfredo Molano, en un relato sobre su recorrido por el río San Juan en el Chocó, nos muestra el panorama desolador que nos espera a los colombianos si no nos organizamos y exigimos del Estado un manejo responsable de nuestros bienes y recursos naturales: “Las dragas de la Compañía Chocó Pacífico apilaron en las orillas del río miles y miles de toneladas de cascajo durante medio siglo de trabajo codicioso y exhaustivo; las retroexcavadoras “paisas” continuaron y prolongaron el destrozo a partir del año noventa, ya no de las playas del río sino de la selva misma. Huecos de cien metros de diámetro y 5 de profundidad –conocidos como placeres– donde se escondían unos pocos gramos de oro o de platino, dan la sensación de un revolcado panorama lunar: destruido, irreversible. Total. Es el precio de oro, pagado en vida vegetal, animal y hasta humana porque muchas retroexcavadoras dejaron sepultados en esos huecos a tal cual barequero que imprudente y necesitado metía las manos al tiempo que la máquina metía las uñas. Se cuenta de muchos muertos y mutilados. Cualquier descripción académica de las economías de enclave y saqueo no logra trasmitir la sensación de muerte y desolación con que uno se topa en el Alto San Juan. Sensación que se vuelve rabia cuando se sabe que el destrozo se hizo frente a los gobiernos, con su venia y conciencia”.[19]
Definitivamente: EL ORO ES TRISTE.
* Jaime H Díaz es asesor de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
[1] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2010, Datos para la vida, Bogotá, D.C., págs. 48-49.
[2] Reyes Cárdenas, Ana Catalina, Minería: trabajo de muchos, riqueza de pocos, en UNPERIÓDICO, Publicación de la Universidad Nacional de Colombia, No. 146, Bogotá, 10 de julio de 2011, pág. 14
[3] Ídem, pág. 14.
[4] Ruiz Soto, Juan Pablo, Minería sin instituciones, en El Espectador, febrero 2 de 2011, pág. 22.
[5] Cfr. Mingorance, Fidel, Diagnóstico sobre la minería en territorios indígenas en Colombia, Tierra profanada 2, Human Rights Everywhere, pág. 1, http://www.hrew.org.http//geographiando,hrev.org
[6] Ruiz Soto, Juan Pablo, Minería sin instituciones, op. cit., pág. 22.
[7] Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, Minería y pueblos indígenas en el departamento del Chocó, en Pacífico Territorio de Etnias, Año 2, No. 6, pág. 1. Este número de la revista esta dedicado a la al despojo y daño ambiental que esta produciendo la minería toda la región del Pacífico Colombiano. Puede verse en: www.regionalpacifico/revista_interactiva.html
[8] Idem, pág. 6.
[9]Cfr. Molano Jimeno, Alfredo y Gutiérrez Zapata, Ricardo, “Minería: locomotora sin control”, entrevista a Julio Fierro Morales, en El Espectador, 19 de Enero 2011, pág. 4.
[10] Tenemos que abrir este país, entrevista a la Canciller María Ángela Holguín, en Semana, Edición 1534, 26 de Septiembre a 3 de Octubre, pág. 41.
[11] CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, Departamento de Justicia y Solidaridad, Seminarios Internacional: Industrias extractivas (minería e hidrocarburos), la problemática de los recursos naturales no renovables en América Latina y la Misión de la Iglesia, Lima, 14-16 de junio de 2011, Documento Conclusivo. Aquí se toman apartes de los literales: 17-18-19-20 y 21.
[12] Cfr. Entrevista a Manuel Rodríguez (exministro de Medio Ambiente) por la periodista María Isabel Rueda: ¿Estamos ad portas de convertir a Colombia en un gran cráter?, en El Tiempo, 11 de Julio de 2011, pág. 20.
[13] Rodríguez Becerra, Manuel, El código minero, graves problemas por corregir, en El Tiempo, 25 de Septiembre 2011, pág. 9.
[14] Defensoría del Pueblo Colombia, Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, Diciembre de 2010, págs. 26 y 27.
[15] A mediados de noviembre de 2010, la Policía Nacional incautó 18 kilogramos de oro al parecer provenientes de Venezuela. En:http://www.imcportal.com/contenido.php?option=shownews&newsid=5657&render=page. Consultado el 1 de diciembre de 2010.
[16] REVISTA COFRADÍA. Las Farc recibían tres mil millones mensuales de minería ilegal en el sur del Tolima. Publicado el día 10 de octubre de 2010. En: http://revistacofradia.com/blog/2010/10/10/las-farc-recibian-3-milmillones- mensuales-de-mineria-ilegal-en-el-sur-del-tolima/. Consultado el 20 de octubre de 2010.
[17] Al respecto ver: DIARIO EL TIEMPO ‘Macaco’, ex jefe de las Auc, estaría controlando desde EE. UU. mina de oro en el Bajo Cauca. En: http://m.eltiempo.com/justicia/macaco-ex-jefe-de-las-auc-estaria-controlando-desdeee-uu-mina-de-oro-en-el-bajo-cauca/7904876/1/home. Consultado el 20 de octubre de 2010.
[18] INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT y WORLD BUSINESS
COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Minería Artesanal y en Pequeña Escala. En: Abriendo Brecha, Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable. Capítulo 13. Primera Versión en Inglés, Londres, 2002.”
[19] Molano Bravo, Alfredo, La formación de riesgos en la cuenca del Río San Juan.
